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Cientos de personas se reunieron hoy en Cali para hacer parte de la marcha del silencio y rechazar la ola de violencia que se desató en la capital del Valle del Cauca las últimas semanas y que tiene la ciudad paralizada. Si bien dejaron claro que apoyan las peticiones de diferentes sectores que se declararon en paro, no quieren verse afectados por este.
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Y es que la ciudad y su gente quedaron en medio de un fuego cruzado, desordenes y bloqueos que les han impedido movilizarse y avanzar en la tarea de reactivar la economía, pues lo crítico de la situación llegó justo cuando el país salía de una serie de restricciones decretadas por el Gobierno Nacional y las administraciones locales por cuenta del tercer pico de la pandemia del COVID-19.
En Cali viven más de 2,2 millones de personas, el 97 % de ellas en el área urbana. De acuerdo con información del DANE, más de la mitad (53,4 %) son mujeres y el 15 % tienen entre 19 y 30 años.
Para 2019 el 21,9 % de la población no tenía un ingreso económico suficiente para cubrir sus necesidades en alimentación y vivienda. Para 2020, durante la pandemia, esa cifra pasó a 36,3 %. Y puedo ser mayor, de no haber contado con ningún subsidio o ayuda del Gobierno habría podido llegar a 37,8 %.
Esto significa que la población en condición de pobreza aumentó 10,6 %, al pasar de 558.360 personas con un presupuesto mensual inferior a $356.900 a 934.350 personas, lo que significa 375.990 personas adicionales. Fue la segunda ciudad con el mayor incremento del índice de pobreza después de Bogotá. Lo mismo pasó con la pobreza extrema, que mostró una variación de 8 % con 221.522 personas adicionales en esta condición, para un total de 342.438 caleños cuyo presupuesto mensual no alcanza los $152.400.
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Estas cifras se explican en la pérdida de empleo, principal fuente de ingreso en Colombia. Según el DANE, para el trimestre enero-marzo de 2021, Cali acumuló una tasa de desempleo de 18,7 %, sin embargo, entre los jóvenes (población de 14 a 28 años) la cifra es de 27,2 %. Aunque la cifra se ha recuperado respecto al primer año de la pandemia (1,2 millones de ocupados, 113.000 adicionales) sigue en terreno negativo con 232.000 personas desocupadas.
Sin embargo, antes de la pandemia la capital del Valle ya tenía problemas para mantener la economía andando, los sectores más productivos no generan tantos empleos como en el pasado y la informalidad nunca fue tan alta (48,5 % a marzo de 2021). Además, la dependencia que tiene la ciudad de los emprendimientos y el sector servicios la hace vulnerable.
Pero no siempre fue así, Cali llegó a aportar más del 12 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y fue nacionalmente conocida como una ciudad con vocación industrial e incluso agroindustrial si se amplía el panorama a los municipios vecinos. Sin embargo, de acuerdo con Mario Valencia, director del centro de estudios económicos Cedetrabajo, el cambio de orientación desde la producción hacia el rebusque comercial, “que cuando no están encadenados con la producción generan muy poco valor”, transformó la economía en 20 años.
Según el análisis de Valencia, en dos décadas las importaciones crecieron 1,4 veces más rápido que las exportaciones, “el principal producto de exportación del Valle del Cauca es su fuerza de trabajo. La cuarta parte de todas las remesas de Colombia están en el departamento y representan 90,3 % de sus ventas externas”, publicó en Twitter.
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Pero no solo los 14 meses que se ha extendido la pandemia y las decisiones tomadas para controlar el contagio afectaron las cuentas macroeconómicas de Cali, el paro nacional que comenzó el pasado 28 de abril y los actos vandálicos que se desencadenaron a su alrededor terminaron por empeorar el panorama y echar atrás el proceso de recuperación que se venía dando a paso lento. Actualmente gran parte de las empresas están cerradas por la situación de orden público, porque fueron vandalizadas, por falta de insumos para producir, por la incapacidad de comercializar o mover mercancías, por la imposibilidad de los trabajadores de cumplir sus jornadas, etc.
La semana pasa el Comité Intergremial Empresarial del Valle del Cauca envió una carta el presidente de la República, Iván Duque, junto con otras dos organizaciones del suroccidente colombiano, 39 gremios, cámaras de comercio y empresas, en la que pide al Gobierno tomar medidas urgentes e inmediatas “para enfrentar la delicada situación que atraviesa el sector productivo y la crisis del tejido empresarial”.
Entre estas figuran un programa especial de acompañamiento a deudores del sistema financiero para el suroccidente colombiano que les permita a las entidades financieras atender la situación, sin afectar las condiciones de acceso al crédito de las empresas, específicamente que se traduzca en apoyos económicos para la reestructuración de las obligaciones financieras (nuevos plazos, períodos de gracia, tasas, condonación de intereses, entre otros).
También solicitaron la suspensión de las sanciones por el pago y presentación de obligaciones tributarias como IVA, patrimonio y retención en la fuente, la ampliación de la fecha para cumplir con estas obligaciones y el aplazamiento en la presentación de información exógena a la Dian.
Finalmente, pidieron apoyos monetarios adicionales a los existentes para mantener el empleo (pago de nómina y seguridad social) y para sobrevivir a la afectación económica que ha generado la parálisis de la actividad productiva.
Los empresarios expresaron su apoyo a los canales de diálogo y concertación y reconocen las exigencias que reclama el país, solo esperan que se construyan soluciones “de la mano de todos los actores”.