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Vivimos en un mundo en el que se prevé que el cambio climático cause 83 millones de muertes antes de finales de siglo debido al aumento de las temperaturas, y en el que los más vulnerables serán los más afectados. Un mundo en el que 4.500 millones de personas carecen de servicios sanitarios básicos y 2.000 millones no tienen acceso al agua potable. Todo ello mientras la riqueza acumulada por los milmillonarios del sector tecnológico y los ejecutivos del sector financiero ha alcanzado niveles superiores a los de países enteros, lo que pone de manifiesto la creciente desigualdad impulsada por los mercados financieros y el rápido progreso tecnológico, ante los cuales los gobiernos se muestran cada vez más impotentes.
En un panorama semejante, es comprensible que muchos ya no crean en nuestra capacidad para colaborar y resolver problemas juntos. De hecho, el sistema multilateral se encuentra amenazado por la proliferación de tratados bilaterales que provocan un auge del nacionalismo y por la retórica de “hacer grande de nuevo a mi país”, que intensifican las tensiones geopolíticas hasta niveles que no se veían desde la Segunda Guerra Mundial. En este mundo, se impone la idea de que “la empatía es propia de los blandengues” y se recupera el viejo dogma de que es mediante acciones egoístas como la sociedad se vuelve más productiva.
Sin embargo, no tiene por qué ser así. Los problemas a los que nos enfrentamos hoy en día tienen tanto que ver con la opinión que tenemos de nosotros mismos (“¿Somos egoístas o colaborativos?”) y la manera en que nos valoramos unos a otros (“¿El valor lo crea un genio solitario o es una obra colectiva?”) como con las decisiones resultantes que tomamos cada día sobre cómo estructuramos nuestras economías (“¿Solo intervenimos cuando las cosas van mal o nos marcamos de forma colectiva unos objetivos que pretendemos alcanzar?”).
Gran parte de mi trabajo se ha centrado en cuestionar los paradigmas económicos obsoletos que nos han llevado a creer que somos puramente egoístas, que el valor lo crea un grupo reducido de individuos y que lo mejor que puede hacer el Gobierno es corregir las deficiencias del mercado. Un componente importante de mi labor es ayudar a los gobiernos a desarrollar su capacidad de resolver problemas fijándose objetivos ambiciosos y abordándolos de manera colaborativa, prestando atención a cómo se pueden rediseñar todas las palancas políticas para darles una orientación a resultados y misiones. Mis libros anteriores reflejan en gran medida este modo de pensar.
En “El Estado emprendedor” (2013), defendí que el valor no lo crea tan solo el sector privado, sino que es una obra conjunta del Estado y otros actores, y cómo los mitos que surgen cuando no admitimos esto se utilizan para presionar para que la riqueza se reparta de forma desigual. En “El valor de las cosas” (2018), traté de ampliar la noción de creación colectiva de valor a una manera diferente de entender el valor y, en especial, de concebir una comprensión más rigurosa de la diferencia entre la creación de valor y la extracción de valor, o lo que los economistas políticos clásicos denominaban beneficios frente a rentas.
En “Misión economía” (2021), propuse la idea de que el único modo de que una economía tenga dirección y propósito es con herramientas políticas orientadas a misiones, que ayuden a dirigir la cooperación entre los actores públicos y privados en torno a los mayores problemas de nuestro tiempo, desde la protección de la biodiversidad hasta la consecución del cero neto y la reducción de la brecha digital. Si se hace bien, esto puede contribuir a lograr un buen crecimiento: inversiones públicas y privadas que sirvan de catalizador de una innovación que produzca una economía más sostenible e inclusiva. Y en “El gran engaño” (2023), la coautora y yo analizamos la capacidad y las competencias necesarias dentro de nuestros gobiernos para trabajar de forma orientada a los resultados con otros, y la destrucción de esa capacidad en las últimas décadas debido a la privatización, la externalización y el uso excesivo de consultorías en las instituciones gubernamentales.
Al intentar aplicar en la práctica las ideas de mis libros anteriores, se me hizo cada vez más evidente que, para abordar con éxito los grandes problemas a los que nos enfrentamos hoy en día, como la salud universal y la lucha contra el cambio climático, no solo necesitamos un Estado emprendedor y políticas orientadas a resultados, sino también una nueva economía de la acción colectiva en torno al bien común.
Esto se debe a que todas estas cuestiones requieren la colaboración entre diferentes actores y la inteligencia colectiva entre ellos. Si no saben trabajar juntos, con la creación de valor colectivo como eje central, no podrán alcanzar “buenos” resultados. Y, lo que es más importante, la idea de “bien” no puede limitarse a tapar los huecos que deja la iniciativa privada. Debe ser una meta que alcancemos conjuntamente, no el correctivo de una deficiencia.
Como nos recuerda Keynes, esto implica ir más allá de la teoría económica tradicional en lo relativo a las deficiencias del mercado o del Gobierno. Mientras los bienes públicos (como las carreteras públicas, la defensa nacional y la investigación básica) se limiten a corregir la ausencia de inversión del sector privado en estos ámbitos, no podremos hablar de una teoría del bien público, sino de una teoría de las deficiencias del sector privado. Y mientras los bienes comunes (como la gestión comunitaria de lagos y bosques) compensen las insuficiencias en la gobernanza tanto de las empresas como de los actores públicos, seguirá siendo difícil estructurar una colaboración ambiciosa y proactiva en torno a objetivos compartidos. Los marcos basados en deficiencias varias son, por definición, negativos y reactivos, y están abocados al fracaso.
A lo largo del libro, desarrollo un concepto de economía del bien común que se entienda como la que tiene por motor los resultados, en la que la participación, el aprendizaje, la transparencia, la reciprocidad y el reparto equitativo de los beneficios constituyan el núcleo de la colaboración indispensable para alcanzar esos resultados. Significa acertar con las relaciones y estructuras económicas desde el principio, en lugar de corregir y reordenar las cosas a posteriori. Esta perspectiva cambia la pregunta de “¿Qué debe hacer el Estado?” a “¿Cómo podemos —gobiernos, empresas, comunidades, individuos— colaborar para resolver los retos que nos afectan a todos? y ¿cómo nos valoramos mutuamente como parte del proceso?”.
El bien común no puede ser una idea secundaria, sino que debe situarse en el centro de todas las relaciones. Por ejemplo, durante una pandemia sanitaria, si el objetivo es que todas las personas del mundo tengan acceso a las vacunas (el resultado), no basta con producirlas (el producto). La manera en que se crean es importante.
Del mismo modo, si se forma un fondo para ayudar a mejorar la vida de las personas que viven en la selva amazónica brasileña, es importante la medida en que la población de esta región participe en la gobernanza de dicho fondo. Es fundamental para el bien común situar el objetivo en el centro de las colaboraciones en materia de innovación y de la estructura de los mecanismos financieros, de modo que se compartan el conocimiento y el poder. Eso es lo que significa preocuparse por la predistribución tanto o más que por la redistribución.
Llevo mucho tiempo defendiendo, en mis libros y otros escritos, que el problema del capitalismo no es el crecimiento en sí, sino la manera en que lo abordamos. Usamos métricas erróneas, que confunden valor con precio, y así, por ejemplo, la contaminación contribuye a aumentar el PIB cuando pagamos a alguien para que la limpie. Valoramos mal las cosas: no tenemos en cuenta que el coste de no hacer nada (en ámbitos como el cambio climático) es mayor que el coste de hacer algo. Las evaluamos mal: damos prioridad a los beneficios a corto plazo, en lugar de a la transformación a largo plazo de la economía en su conjunto. Y, por último, planteamos mal el debate: los que abogan por el decrecimiento frente a los que sostienen que el crecimiento tiene que producirse a expensas de la resolución de problemas como el calentamiento global.
Centrándonos en objetivos que afecten a la economía en su conjunto y que determinen la estructura de los contratos público-privados, como la descarbonización del transporte mediante inversiones en movilidad sostenible; focalizando en el impacto a largo plazo para no vernos atrapados en discusiones triviales y (falsas) limitaciones presupuestarias, y asegurándonos de que valoramos y recompensamos a quienes contribuyen a la salud, el bienestar y la productividad de nuestras economías, podremos crecer bien.
Lo que hace este libro es prestar mucha más atención a lo fundamentales que resultan las relaciones entre todos los actores para que seamos capaces de crecer bien: las relaciones entre las empresas y el Gobierno (por ejemplo, en los derechos sobre el agua o los derechos de propiedad), entre el capital y el trabajo (por ejemplo, en el reparto de beneficios) y entre los ciudadanos y el Estado (por ejemplo, a la hora de tener voz y voto de verdad en la gobernanza local). ¿Qué sentido tiene hablar de una nueva economía más verde si las relaciones que se establecen para conseguirla reproducen los problemas fundamentales de la vieja economía?
Para analizar estas relaciones, me baso en la tradición filosófica del bien común, que arranca de los antiguos griegos que se preocupaban por “la buena vida” para llegar a los pensadores comunitaristas modernos, que hacen hincapié en las relaciones y la construcción de comunidades, así como en los enfoques holísticos de la filosofía no occidental que insisten en la interdependencia de los individuos y en estrechar más nuestra relación con la naturaleza.
En sustancia, esto significa prestar la misma atención a cómo se relacionan entre sí todos los agentes económicos que a lo que pretendemos lograr. Aristóteles vinculó el “telos” (el objetivo) con la “polis” (el lugar de participación política). Para hacer frente a los retos existenciales actuales, debemos hacer lo mismo. Debemos proponernos crear mejores relaciones económicas que nos permitan trabajar juntos en pos del bien común. Al igual que en una orquesta, donde la forma en que los músicos tocan en armonía es tan importante como lo que tocan, nuestras economías han de evaluarse no solo por lo que producen, sino también por cómo colaboran los diferentes participantes y cómo se les valora en el proceso.
* Se publica por cortesía de Penguin Random House Grupo Editorial.
Una pensadora muy influyente
Mariana Mazzucato es catedrática de Economía de la Innovación y Valor Público en el University College de Londres (UCL), donde fundó y dirige el Institute for Innovation and Public Purpose (IIPP). Ha sido galardonada con diferentes premios internacionales, incluidos el Leontief Prize for Advancing the Frontiers of Economic Thought de 2018 y el John von Neumann Award de 2020. Una de los tres pensadores más importantes en temas de innovación según The New Republic, de las cincuenta personas más creativas en temas empresariales según Fast Company y de los veinticinco líderes que diseñan el futuro del capitalismo según WIRED. Es también autora de títulos traducidos a nivel internacional como “El valor de las cosas. Quién produce y quién gana en la economía global” (Taurus, 2019) o “Misión economía. Una guía para cambiar el capitalismo” (Taurus, 2021). Asesora de políticos y gobiernos de todo el mundo sobre crecimiento inteligente, inclusivo y sostenible. Actualmente es miembro de, entre otras instituciones, el Consejo sobre Economía de la Salud para Todos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Junta Consultiva de Alto Nivel sobre Asuntos Económicos y Sociales (HLAB) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
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