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La Procuraduría General de la Nación convocó una reunión de urgencia para intentar destrabar el pleito fiscal entre Ecopetrol y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) por el cobro del IVA a las importaciones de combustible.
Según la entidad de vigilancia, la disputa (originada por una diferencia de interpretación de la norma), podría derivar en embargos por más de 11 billones de pesos y en un impacto estimado de 22 billones de pesos a la empresa más grande del país, con efectos sobre el equilibrio financiero y la sostenibilidad económica de la petrolera y sobre el patrimonio público.
La mesa técnica fue citada para el 19 de noviembre en Bogotá y contará con representantes de cada una de las entidades involucradas. Allí se pondrán sobre la mesa los argumentos de cada parte, con el propósito de buscar una solución al conflicto antes de que llegue a mayores.
Un pleito que ya venía escalando
El llamado de la Procuraduría llega después de que la DIAN confirmara, mediante la resolución 13261 del 10 de noviembre, que la Refinería de Cartagena (Reficar) debe pagar COP 17.406 millones por el IVA del 19 % no declarado en la importación de combustibles.
El cobro se desglosa así:
- COP 13.186 millones por IVA no pagado en la importación de gasolina regular.
- COP 1.318 millones de sanción directa a Reficar por declarar el impuesto a tarifa cero.
- COP 2.901 millones de sanción a la Agencia de Aduanas DHL Global Forwarding por “hacer incurrir en error” a su cliente.
Este nuevo monto se suma a los COP 1,3 billones que la DIAN reclama a Reficar y Ecopetrol por el mismo concepto, aplicando la interpretación de manera retroactiva entre 2022 y 2024.
En contexto: La DIAN suma nuevo cobro de impuestos a Reficar: ¿cuánto deberá pagar?
La controversia ya motivó una tutela de la Unión Sindical Obrera (USO), el principal sindicato de la petrolera estatal, admitida en el juzgado 15 Administrativo de Cartagena, que busca evitar embargos que puedan afectar la operación.
El corazón del lío jurídico
El conflicto gira alrededor de cómo se debe tratar tributariamente la operación de Reficar.
La refinería opera bajo el régimen de Zona Franca, que la DIAN interpreta como territorio extranjero para efectos tributarios. Por lo tanto, cada litro de gasolina o diésel que sale de la planta hacia el resto del país se considera una importación y, por tanto, sujeto al IVA de importación.
Reficar sostiene que esa lectura es equivocada. Su posición se apoya en el artículo 465 del Estatuto Tributario, que asigna al Ministerio de Minas y Energía la competencia para definir la base sobre la cual se calcula el IVA de los combustibles.
Como ese precio base no ha sido fijado, la refinería argumenta que no hay soporte para cobrar el impuesto en los términos en que lo plantea la autoridad tributaria.
La DIAN, por su parte, fue explícita en su decisión al señalar que “la competencia del Ministerio de Minas y Energía para fijar precios de ciertos productos refinados no suspende la aplicación del IVA y, en ausencia de norma especial vigente, aplica la regla general del artículo 459 del Estatuto Tributario para determinar la base gravable en la importación de gasolina y ACPM”.
El “fuego amigo” que podría afectar al país
Más allá de la pelea jurídica entre dos entidades que hacen parte de la misma casa (el Estado), en el sector energético preocupa el efecto dominó de una eventual medida de embargo.
Reficar procesa alrededor de 183.200 barriles diarios, cerca de la mitad de la capacidad de refinación del país. Un embargo que afecte su liquidez podría dificultar la compra de crudo y comprometer la continuidad de la operación, con el riesgo de desabastecimiento de gasolina y diésel en el territorio nacional.
En el caso de Ecopetrol, posibles embargos por montos superiores a COP 400.000 millones podrían activar cláusulas en sus bonos internacionales que permiten a los acreedores exigir el pago anticipado de toda la deuda, que ronda los COP 120 billones.
La Procuraduría enmarca en ese contexto sus cálculos de posibles embargos por más de 11 billones de pesos y de un impacto total de alrededor de 22 billones.
Tanto Ecopetrol como Reficar han insistido en que la DIAN cambió la interpretación aplicable al régimen de Zona Franca y está aplicando la nueva lectura de forma retroactiva.
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