Proyecto en Canal del Dique sumó un “otrosí” para avanzar en estudios y licencias

En el recorrido por la obra estuvo el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez. / María Camila Morales

El proyecto del Canal del Dique continúa sobre la orilla, tras la firma de un “otrosí” para ampliar la fase de preconstrucción y avanzar en los procedimientos técnicos y jurídicos que, entre otras cosas, destraban el camino hacia la licencia ambiental. Punto crítico para la mayoría de los proyectos de infraestructura.

El Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) señalaron que el megaproyecto “no está en riesgo”, pese a las dudas recientes. La firma del documento garantiza que los $3,2 billones destinados a transformar este corredor estratégico entre Bolívar, Atlántico y Sucre no se queden en vilo.

Más allá del concreto, este proyecto representa una transición de una infraestructura que separó y dividió territorios hacia un modelo que, de fondo, busca lo que todo plan de infraestructura promete: integrar regiones, impulsar la economía, y en este caso, restaurar y proteger los manglares y humedales.

“Aquí nadie decide solo: la gente del territorio tiene voz y participa” dijo la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

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Y es que la voz de las comunidades, sean pescadores, agricultores o mujeres que dependen del manglar, son crucial en esta etapa. Uno de los cuellos de botella típicos, además de las licencias, son las consultas previas. Un proceso que fatiga y ralentiza el avance.

El presidente de la ANI, Óscar Torres, afirmó que el contrato está blindado y que Sacyr, el concesionario, deberá cumplir los tiempos pactados. Cualquier desvío será vigilado.

Según el cronograma, las obras comenzarían en 2029 y terminarían en 2037. El objetivo será restaurar el Canal del Dique, en el Río Magdalena, a lo largo de 115,5 kilómetros. El área total de influencia abarca 435.000 hectáreas, lo que beneficiará a 1,5 millones de habitantes.

Con la obra se esperan generar más de 61.000 empleos locales y se espera terminar antes de 2050. Una promesa que, de seguir así, sacaría al Dique del olvido institucional.

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La prioridad en la iniciativa se remonta desde hace 15 años, cuando el desbordamiento de sus aguas afectó a más de 100.000 habitantes de la zona. De ahí nació la propuesta de la APP, que hace parte de la categoría de quinta generación.

Sin embargo, a finales del año pasado, los gremios encendieron las alarmas sobre el riesgo de terminación anticipada, lo que a la postre genera indemnizaciones jurídicas y económicas.

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En esta ocasión, la visita del contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, sienta un parte de tranquilidad, mientras el Gobierno celebra los avances que permitirán pasar a los estudios previos.

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