Qué dijeron Minhacienda, Congreso y analistas tras la caída de la reforma tributaria

Ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, en entrevista.

Foto: Óscar Pérez

La reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro se hundió este martes 9 de diciembre en el Congreso, luego de que la Comisión Cuarta del Senado negara la ponencia positiva con 9 votos por el no y 4 por el sí.

Con esa decisión, la ley de financiamiento, con la que el Ministerio de Hacienda buscaba recaudar COP 16,3 billones para el Presupuesto de 2026, quedó archivada en su primer debate, lo que desató una nueva ola de reacciones desde el Gobierno, el Congreso y algunos analistas económicos.

Los escenarios que analiza el Gobierno

Tras la votación que hundió la iniciativa, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró que la decisión del Congreso ha generado “una situación de dificultades para la implementación de varios proyectos sociales”, por lo que el Gobierno ahora analizará con cuidado las decisiones que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las metas sociales planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND).

Al ser consultado sobre la posibilidad de declarar una emergencia económica, el ministro no la confirmó de manera directa, pero aseguró que el Gobierno no cerrará ninguna puerta.

“No vamos a descontar ninguna de las alternativas que deban presentarse para asegurar el cumplimiento del PND, del presupuesto general de la Nación para el año entrante y el cumplimiento de metas y compromisos sociales que tiene nuestro proyecto de gobierno”, dijo.

Ávila también defendió el alcance de la ley de financiamiento más allá de 2026. “No presentamos un proyecto de ley de financiamiento que solamente resolviera las necesidades del presupuesto del año entrante, sino la estabilidad y el equilibrio fiscal a mediano plazo y que en buena medida le garantizaba al próximo gobierno la estabilidad macroeconómica”, afirmó.

Sobre la votación de este martes, el jefe de la cartera económica del Gobierno sostuvo que esa orientación “ha sido desconocida por un pequeño núcleo de senadores en la Comisión Cuarta del Senado”.

También reaccionó el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien advirtió que la caída de la ley de financiamiento puede tener efectos directos sobre el costo de la deuda y la política social del Gobierno.

“Ley de Financiamiento hundida es igual a bonos y riesgo alto y falta de capacidad para pagar la deuda externa, igual a crisis, más crisis, más crisis económica”, afirmó a través de su cuenta en la red social X.

Según Benedetti, este escenario también impactaría los programas sociales del Gobierno. “Y entonces la política social del Gobierno se verá afectada por los intereses tan altos de la deuda. Y todo porque un sector del Congreso vota con las vísceras”, aseguró.

Los cruces de opiniones en el Congreso

Desde el Pacto Histórico, la representante Aída Avella cuestionó que, a su juicio, la caída de la reforma favorece a los sectores de mayores ingresos. “Me parece que lo que ha pasado en este Congreso es que los que han votado en contra defienden a los ricos del país para que paguen un poco más de impuestos”, dijo.

Avella también anticipó que el debate político se trasladará ahora a otro escenario clave por estos días: la discusión del salario mínimo de 2026.

“Daremos otra batalla en el salario mínimo (de 2026), que debe estar por encima no solo de la inflación, sino de otros criterios que, a lo último, hacen que el poder adquisitivo de los pobres aumente”, afirmó la representante.

Desde la oposición, el senador Efraín Cepeda, del Partido Conservador, defendió la decisión del Congreso y aseguró que la reforma tenía efectos negativos sobre los hogares. “(Esta reforma) golpeaba a las clases bajas y medias de la población”, afirmó.

Cepeda rechazó que, tras el hundimiento, se hable de una posible emergencia económica. “No es cierto que cuando hay un presupuesto desfinanciado con ley de financiamiento sea obligatorio aprobarlo”, dijo, y agregó que el Ejecutivo no puede imponer su posición al Legislativo cuando, según él, se afecta a los sectores más vulnerables.

Cepeda también cuestionó la ejecución presupuestal del Gobierno. “Yo le digo al Gobierno: ¿para qué quiere 16 billones si a noviembre 30 de 2025 tienen 75 billones de pesos que no han ejecutado, de los cuales 34,4 son de inversión? A noviembre 30 solo han ejecutado el 51 % de la inversión”, afirmó.

El camino es el recorte: Fedesarrollo

Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, aseguró que, tras la no aprobación de la ley de financiamiento, el camino a seguir pasa por un recorte en el gasto público.

“Lo que corresponde es lo que está establecido por ley: que el Gobierno recorte $16,3 billones del presupuesto del próximo año, que es el valor de los recursos atados a la ley de financiamiento”, afirmó.

Mejía explicó que el impacto del ajuste no justificaría medidas extraordinarias (como declarar una emergencia económica). “Vale la pena recordar que esos $16,3 billones representan menos de 3 % del presupuesto general de la Nación, que asciende a $547 billones, por lo que resulta insostenible argumentar que una afectación de esa magnitud compromete la estabilidad fiscal o la sostenibilidad del gasto público”, señaló.

El economista recordó que este escenario no es nuevo. A través de su cuenta de X, indicó que, al igual que ocurrió en 2024, los recursos que no se recauden deberán ser ajustados vía recorte presupuestal, como ya ocurrió este año tras el hundimiento de la ley de financiamiento anterior.

El problema fiscal es estructural

Más allá del pulso político por la fallida ley de financiamiento, las discusiones en torno al Presupuesto General de la Nación de 2026 reabren de fondo el debate fiscal del país.

En su más reciente análisis, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) advirtió que, aunque para 2025 se espera un déficit algo menor (alrededor del 6,2 % del PIB), el problema fiscal sigue siendo estructural, impulsado por el crecimiento del gasto rígido y el rezago presupuestal que se viene acumulando.

De cara a 2026, ANIF anticipó un déficit cercano al 7 % del PIB en un escenario en el que no se apruebe la ley de financiamiento (como ocurrió este martes) y el Gobierno tenga que recortar los COP 16,3 billones que estaban atados a ese proyecto.

El centro de estudios señaló que, aunque las operaciones de manejo de deuda han permitido aliviar temporalmente el pago de intereses, ese espacio fiscal se ha usado para aumentar el gasto, y no para reducir el déficit de forma más profunda.

Además, ANIF alertó que el próximo Gobierno podría recibir un rezago presupuestal cercano a COP 41 billones, lo que seguiría presionando las finanzas públicas. En su concepto, el centro de estudios creía que este proyecto era inconveniente para el crecimiento, la inversión y el ahorro, por lo que el ajuste fiscal, a su juicio, debería venir principalmente por el lado del gasto.

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