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El incremento del salario mínimo ha sido uno de los temas más sonados en los últimos días. La subida del 23,7 % para 2026 quedó en duda por cuenta de la suspensión que definió el Consejo de Estado, en el marco de una demanda al decreto.
Este hecho ha generado incertidumbre entre empresarios y trabajadores que no saben cuánto van a pagar o a recibir en la siguiente quincena. Al respecto, el Consejo aclaró que es una decisión cautelar (mientras hay una decisión definitiva) y le dio ocho días al presidente Gustavo Petro para que publique un nuevo decreto con otro incremento, que esté por debajo del que rige actualmente.
La disputa jurídica busca definir si el Gobierno tuvo razones técnicas y “legales” a la hora de fijar el porcentaje. Al respecto, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se quejó de que tenían hasta el 24 de febrero para defender el decreto y explicar sus razones, pero que la corte se pronunció antes de que se cumpliera el plazo.
De acuerdo con la ley, para calcular el ajuste salarial se deben tenerse en cuenta variables como la productividad, la inflación proyectada y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).
Sin embargo, lo anterior no fue determinante para la decisión que tomó el Gobierno.
De acuerdo con Petro, su apuesta es a defender el incremento, a la vez que llama a concertar al interior de la comisión, en donde las posiciones de empresarios y trabajadores estaban mediadas por casi 10 puntos porcentuales de diferencia en diciembre, antes de decretado el aumento inédito.
Es incierto saber si se llegará a un acuerdo en esta concertación extraordinaria o si el Gobierno llegará a reducir el incremento del mínimo. Vale recordar que algunos empresarios incluso se mostraron a favor de dejar el porcentaje como está porque les parece más perjudicial el entorno de incertidumbre actual y porque saben que es difícil “quitarle” derechos a los empleados luego de que recibieran ya pagos por COP 2.000.000.
¿Qué es el salario mínimo vital?
La clave que explica el aumento del 23,7 % está ligado al concepto del salario mínimo vital. Se trata de un concepto impulsado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que básicamente consiste en la remuneración que debe recibir un trabajador para satisfacer sus necesidades más básicas, y las de su familia.
En un reporte entregado en diciembre al Ministerio de Trabajo, la OIT precisó que el salario mínimo de 2025 tenía una brecha del 28 % frente al salario mínimo vital. De allí que el Gobierno fijara un porcentaje que ayudara a reducir la brecha, de ahí viene el 23 %.
Al respecto, el presidente Petro defiende que la sentencia C815 de 1999, en la que se dice que, con carácter prevalente, el salario debe proteger el trabajo, así como una remuneración mínima, vital y móvil (en línea con lo que también dice el artículo 53 de la Constitución y que se alinea con la definición de la OIT).
¿Qué tiene en cuenta el mínimo vital?
Son múltiples los factores que entran en juego a la hora de revisar el valor del salario mínimo vital: alimentación, vivienda, vestimenta, transporte...
Para la comida, se tiene en cuenta que una persona debe consumir 2.856 calorías al día, lo que en pesos se traduce en un gasto mensual de COP 394.819. Para un hogar de cuatro personas, la cifra llega a los COP 1.288.654.
En vivienda, tener una que se considere digna ronda los COP 143.099 por persona, que serían COP 587.192 para un hogar de cuatro. Si se suma el costo de los servicios públicos, de COP 124.588, da un total de COP 711.780.
Para salud, educación, transporte, ropa, productos de limpieza y comunicaciones se calcularon COP 154.606 por persona, mientras que las otras necesidades del hogar son COP 827.549.
En total, un salario mínimo vital y móvil para un hogar de cuatro integrantes es de COP 2.982.960.
Se calcula que hay 1,5 asalariados por familia, lo que da un salario neto de mínimo vital de COP 1.988.640 (en 2024, cuando el salario mínimo estaba en COP 1.300.000), según el jefe de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales del Ministerio de Trabajo, Diego Garzón.
El argumento de base del Gobierno es que el ingreso de los trabajadores está por debajo de lo que organismos como la OIT consideran como realmente lo mínimo. Ese es el argumento que Petro buscará defender ante el Consejo de Estado.
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