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El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural presentó este domingo el contador para la reforma agraria. La cartera entregó cifras oficiales de la gestión de tierras en el gobierno de Gustavo Petro, ya que este 7 de agosto se cumple un año desde que asumió la presidencia.
En total, la gestión suma 325.777 hectáreas, que incluyen compra, donación, recuperación mediante procesos agrarios, formalización, destinación de bienes para la reparación de víctimas, crédito para compra, restitución de tierras y destinación de tierras de la Sociedad de Activos Especiales.
▶️ Las 28.359 hectáreas corresponden a compras que ha hecho la Agencia Nacional de Tierras (ANT) a particulares, al Fondo de Reparación de Víctimas y a la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
▶️ En las hectáreas recuperadas mediante procesos agrarios para el Fondo de Tierras se encuentran 24.101 de recuperación de baldíos, 341 de extinción a favor de la nación y 6.266 de deslinde, para un total de 30.708 hectáreas.
▶️ Las cifras de formalización de tierras corresponden a títulos expedidos por el Gobierno (después del 7 de agosto de 2022). El total de 240.555 hectáreas corresponden a 58.302 hectáreas de población campesina, 4.097 para las comunidades negras, 163.705 para los pueblos indígenas, 4.120 para víctimas de la violencia y 15 hectáreas para las entidades de derecho público. Otras 10.316 para poblaciones que no aportaron información de su comunidad de origen.
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📍 ¿Cómo va la reforma agraria?
Esta apuesta no requiere del trámite legislativo en el Congreso de la República, pues existen leyes aprobadas al respecto, de las que se ha valido el Ministerio de Agricultura en este primer año de mandato. Las metas trazadas son ambiciosas, por ejemplo, en la lista está la compra de 1,5 millones de hectáreas en los cuatro años del gobierno Petro.
El balance da cuenta de la compra de casi 29.000 hectáreas en el primer año. A ese paso solo podría comprar 116.000 hectáreas en cuatro años y no 1,5 millones.
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El Minagricultura busca revertir la concentración de la tierra porque Colombia es uno de los países más desiguales en cuanto a su distribución, con un coeficiente de Gini de 0,86 (entre más cercano a 1 implica mayor inequidad). Pero según Jhenifer Mojica, ministra de Agricultura, la apuesta va más allá de adquirir y asignar predios, hay una apuesta productiva: que en los predios se cultiven alimentos que garanticen la seguridad alimentaria. Especialmente porque más de 15 millones de colombianos tuvieron dificultades para alimentarse.
Garantizar que los campesinos o grupos étnicos que se benefician de la reforma puedan producir es la tarea principal de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), que debe ejecutar los proyectos productivos. Sin embargo, la entidad ha tenido dificultades para seguir el ritmo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que es la encargada de las compras. Por eso “ha estado uno o dos pasos atrás” por la falta de “capacidad y de coordinación entre las dos agencias”, dijo Luis Alberto Higuera, presidente de la ADR.
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El Gobierno, en cabeza de la ministra, lanzó el Sistema Nacional de Reforma Agraria en Sincelejo (Sucre) el pasado 3 de agosto. La meta es aprovechar el mecanismo y lograr que sirva para su propósito: acelerar la reforma agraria.
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