Reforma tributaria afectaría transporte de carga y el bolsillo del consumidor: Colfecar

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El gremio le pide al Gobierno contemplar otras opciones, como la reducción drástica del gasto público, implementar operativos contra la evasión y atacar la corrupción.

Este viernes, Colfecar, el gremio de los transportadores de carga y logística, calificó de “inoportunas” las propuestas presentadas en el proyecto de reforma tributaria sobre el incremento del IVA del 5 % al 19 % para el diésel, la eliminación de la exención del impuesto al biodiésel, la creación del impuesto nacional de vehículos, el gravamen con IVA del 19 % a los servicios postales y de mensajería y la autorización a los mandatarios municipales para instalar peajes urbanos.

Nidia Hernández Jiménez, presidenta de Colfecar, señaló mediante un comunicado, que el transporte de carga “es transversal a todos los sectores económicos y de ser aprobados estos puntos se generarían sobrecostos que impactarían significativamente los precios de todos los productos a los colombianos, poniendo en riesgo el cumplimiento de la meta de inflación del Banco de la República y la reactivación económica”.

De acuerdo con Colfecar, el ACPM tiene un peso del 40 % en los costos operativos de los transportadores y con un aumento del IVA y la eliminación de su exención para el biodiésel se disparará el precio de este ítem, “jalonando significativamente el alza en el valor de los fletes y por ende los costos logísticos de los generadores de carga, lo que se reflejará finalmente en el bolsillo del consumidor final”.

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“Los ajustes en estos componentes incrementarían el precio final del galón del ACPM en $899 por cada galón, si se tiene en cuenta los precios de referencia actuales para la ciudad de Bogotá. Si partimos de un precio por galón tan alto, sumado a que los precios de los combustibles son incrementados varias veces al año, haría insostenible la actividad de transporte de carga” señaló la líder gremial.

Por otro lado, aseguran que resulta “contradictorio” que se busque promover la sostenibilidad ambiental proponiendo gravar los combustibles fósiles, “así como los vehículos de carga y al mismo tiempo se proponga eliminar las exenciones que hay para el biodiésel, la imposición de impuestos a los vehículos eléctricos y a todas las bicicletas”.

La presidente de Colfecar dijo que los incrementos constituyen un obstáculo para la renovación del parque automotor nacional cuya edad promedio es de 21 años y desincentivan la migración de los transportadores a tecnologías más limpias. Además, el gremio considera inconveniente la autorización a los alcaldes para instalar peajes urbanos sin autorización del Ministerio de Transporte, “puesto que esto daría lugar a la colocación indiscriminada de casetas, y es importante resaltar que este rubro en la actualidad tiene un peso aproximado del 12 % en los costos operativos de los transportadores”.

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Para el gremio transportador la solución al problema de la infraestructura en el país es la generación de una política nacional de peajes que integre los planes del gobierno nacional, los departamentos y las alcaldías a través de una ley estatutaria que modifique la Ley 105 de 1993.

Al gremio tampoco le parece pertinente que los servicios postales y de mensajería estén gravados con un IVA del 19 % porque durante la pandemia se les calificó como servicios públicos esenciales y “porque al obligar a los colombianos a cumplir cuarentenas estrictas y toques de queda, medidas que les impide salir y adquirir los bienes en el comercio tradicional, encuentran como única alternativa para satisfacer sus necesidades, acudir al comercio electrónico”.

El gremio cree que el ejecutivo debería “replantear su estrategia para obtener los $26 billones que busca a través de este proyecto, somos conscientes que son necesarios para poder atender el impacto que ha dejado sobre las finanzas estatales esta pandemia, pero acudiendo a otras opciones como la reducción drástica del gasto público, implementando operativos más efectivos contra la evasión y la elusión aplicando sanciones ejemplarizantes así como un ataque frontal a la corrupción, de tal forma que permita optimizar el presupuesto de la nación, entre otras medidas”.

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