Salario mínimo 2027: Anif señala los riesgos que estarán sobre la mesa

Parte de esto responde al encuentro que la semana pasada sostuvo la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, encargada de definir el incremento y conformada por centrales obreras, gremios y Gobierno. También influye la expectativa por el fallo que el Consejo de Estado podría emitir en los próximos días sobre las demandas contra el alza del 23 % decretada para 2026.

Recientemente, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) publicó un análisis en el que, si bien reconoce la importancia de que los trabajadores recuperen el poder adquisitivo que ha erosionado la inflación, también considera relevante que el aumento tenga una base técnica, pues algo desmedido podría desestabilizar la economía de la nación.

ANIF subraya que debe tenerse en cuenta lo que generó el incremento del 23 % decretado por el presidente Gustavo Petro para 2026, especialmente en lo que tiene que ver con el aumento de las ocupaciones informales (porque el umbral para ingresar a la formalidad también se aumentó), así como las presiones inflacionarias por excesos de demanda y crecimiento moderado del aparato productivo.

“Se suman las implicaciones fiscales que tuvo el incremento del mínimo, no solo en el costo de la nómina sino también en el pago de pensiones, en un escenario de alta estrechez fiscal”, añadió.

¿Cuándo empieza la discusión del salario mínimo?

El Ministerio del Trabajo es el encargado de convocar a la Comisión de Concertación para discutir el incremento salarial. Tradicionalmente, estas reuniones comenzaban en la primera semana de diciembre, pero en los últimos años la fecha se ha adelantado a finales de noviembre.

Que esta discusión se programe para el último mes del año responde a una razón técnica: las propuestas que se pongan sobre la mesa deben estar sustentadas en datos actualizados. Por ejemplo, se analiza el comportamiento que ha tenido la inflación en lo corrido del año, así como las proyecciones para los meses siguientes. También se miran otras variables como la productividad (que publica el DANE en diciembre), el PIB y la tasa de desempleo.

Además de las centrales obreras, los gremios y el Gobierno (en este caso representado por el Ministerio de Trabajo), suele invitarse a la mesa de concertación al DANE, el Banco de la República, el Departamento Nacional de Planeación, los Ministerios de Hacienda, Trabajo y Comercio y tanques de pensamiento para que aporten insumos técnicos al debate.

Tras recibir toda la información técnica, los gremios y las centrales obreras deben presentar una propuesta de cifra de incremento. Algunas veces se presenta de manera conjunta (es decir, una consolidada por las empresas y otra por los sindicatos), en otras hay diversidad en cifras, especialmente entre las agremiaciones.

Con las cartas sobre la mesa, comienza la concertación, que básicamente consiste en buscar un punto medio: las centrales obreras suelen plantear una cifra más alta, mientras que los gremios parten de una más cercana a la inflación, que para los trabajadores suele resultar baja.

El primer plazo para llegar a un acuerdo, según la ley, vence el 15 de diciembre. Si para esa fecha no hay una cifra concertada, los gremios y las centrales obreras deben presentar sus salvedades, el cual es un documento en el que se exponen las razones por las que no fue posible llegar a una cuadro y se sustenta su posición final.

Con esa información, la ministra de trabajo suele adelantar diálogos unilaterales (ministerio – gremios ; ministerio – centrales obreras) con la intención de buscar puntos medios que faciliten llegar a un acuerdo.

Si para el 30 de diciembre no se llega a una concertación (que es lo que ha pasado en los últimos años) queda en manos del presidente de la República definir el incremento basándose en razones técnicas. Cuando eso pasa, la medida se implementa vía decreto.

La eterna discusión

Los argumentos que acompañan este debate tienden, todos los años, a ser los mismos.

Por un lado está la posición de las centrales obreras, quienes sustentan que se debe perseguir un buen incremento real para los trabajadores que dependen del mínimo, es decir, un alza considerablemente superior a la inflación.

Argumentan que trabajadores mejor remunerados demandan más productos y servicios, lo que a su vez estimula la producción de las empresas y la generación de empleo. En suma, un circulo virtuoso en el que todos ganan.

Los gremios, por su parte, sostienen que un incremento desproporcionado eleva los costos de contratación y puede resultar insostenible, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas. Según su argumento, esto podría llevar a algunas compañías a reducir su planta de personal o incluso a migrar hacia la informalidad.

También advierten que un aumento significativo del salario mínimo puede ejercer presión sobre la inflación, debido a que numerosos costos están vinculados directa o indirectamente a este indicador. Entre ellos están, por ejemplo, las cuotas de administración de los conjuntos residenciales y los precios de algunos productos y servicios, pues las empresas pueden trasladar a los consumidores parte del mayor costo laboral mediante aumentos de precios.

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