Sancionan Ley de pago a plazos justos

El Estado también estará obligado a pagar sus facturas a 60 días.

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El presidente Iván Duque sancionó este jueves la Ley de pago a plazos justos. La iniciativa regula el tiempo máximo de pago de facturas, y tiene como principal objetivo proteger el flujo de caja y la liquidez de las pequeñas y medianas empresas (pymes): que representan más del 96% del tejido empresarial, aportan el 40% del PIB general de la Nación y generan ocho de cada diez empleos nuevos.

La iniciativa parlamentaria surgió para evitar los abusos de algunas empresas que tardaban hasta 180 días para saldar sus compromisos con sus proveedores.

Pero, tras la sanción, las facturas deberán pagarse en un plazo de 60 días calendario a partir del 1 de enero del 2021, y a partir del 1 de enero del 2022 el plazo máximo será de 45 días.

Además, las grandes empresas (como las cadenas de almacenes y tiendas) no podrán imponer periodos de pago diferentes a las que contempla esta ley, eliminando así la posibilidad de que ejerzan su posición dominante sobre las empresas más pequeñas.

“Hoy es un día histórico para Colombia, después de casi 2 años de lucha, hemos logrado que se haga justicia con las miles de micro, pequeñas y medianas empresas del país. Con la ley de Pago a Plazos Justos tendrán el flujo de capital adecuado, para que puedan invertir en innovación para su desarrollo, superar los retos que nos impone la crisis económica del Covid-19 y mantener el empleo que generan. También nuestras empresas serán más competitivas y productivas, incidiendo incluso en el precio final del consumidor porque si no se tienen que endeudar más con un banco, se podría trasladar el precio al consumidor final reducciones importantes en los precios de bienes y servicios”, explicó, el autor del proyecto, el representante a la cámara del Partido Verde Mauricio Toro.

Sin embargo, el congresista denunció en su cuenta de Twitter que el Gobierno lo excluyó de la ceremonia de la sanción.

Otros puntos importantes contenidos dentro de la Ley son:

1. Los contratos entre grandes empresas son los únicos exceptuados, y solamente entre ellas podrán fijar plazos distintos.

2. Los trámites de actas de aprobación, aceptación o rechazo de factura, entre otros, deberán surtirse todos dentro del plazo máximo fijado en la ley.

3. No se permitirán los acuerdos que pretendan pactar plazos diferentes a los establecidos por la ley.

4. A las empresas que incumplan con los plazos establecidos en la ley se les impondrán sanciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, protegiendo la libre competencia.

5. El Estado también estará obligado a pagar sus facturas a 60 días.

6. Las empresas enmarcadas en el sistema general de salud, deberán pagar sus facturas a 60 días a partir del 2023.