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En Colombia hay problemas urgentes e importantes. Algunos a largo plazo. Otros, por el impacto inmediato. La gran mayoría, por el efecto generalizado en los colombianos y las empresas.
Son grandes temas sobre la mesa. La productividad se frena en trámites, la inversión no despega al ritmo que exige el crecimiento, el sistema energético muestra tensiones, la salud enfrenta un deterioro financiero y la seguridad vuelve a condicionar la economía.
Con ese telón de fondo, seis centros de pensamiento —ANIF, el Consejo Privado de Competitividad, el Centro Regional de Estudios de Energía (CREE), la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe), Así Vamos en Salud y el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac)— presentaron una agenda conjunta de propuestas orientadas al próximo gobierno (2026-2030).
La iniciativa, denominada Colombia Progresa 26-30, busca incidir en el debate electoral con un paquete de reformas que, según sus autores, pueden comenzar a ejecutarse desde el primer día de la próxima administración.
Regulación como punto de partida
El diagnóstico común parte de un mismo cuello de botella: el marco regulatorio.
Para el Centro Privado de Competitividad, la complejidad de las normas para las empresas se combate con una modernización del marco regulatorio, que sea predecible, proporcional y, sobre todo, control basado en riesgos. “Esto implica pasar de cargar las barreras en el ‘permiso’ a operar bajo mayor responsabilidad, trazabilidad digital y supervisión inteligente”, señala el CPC.
Pero ¿por dónde comenzar?
Ana Maiguashca, presidenta del CPC, resume una verdad bien conocida en este ámbito: “Colombia es una suma de trabas al final del día”. El golpe es directo para las pequeñas y medianas empresas (pymes) que componen la anatomía del tejido empresarial al generar 8 de cada 10 empleos formales, en un país altamente informal (55,4 % de los trabajadores).
Las barreras regulatorias se imponen antes y durante el desarrollo de las empresas: la duplicidad de trámites, el cúmulo de normativas y la ausencia de mecanismos para que la información sea interoperable, piedrecillas en el caudal económico que desincentivan la formalización y un freno a la productividad.
Ese fue el crucigrama que intentó resolver el CPC, a través de un marco de propuestas para el próximo Gobierno (2026-2030).
Entre los ajustes planteados están la reforma del Estatuto Aduanero hacia un modelo de gestión por riesgo, la interoperabilidad obligatoria entre sistemas como MUISCA y VUCE, la automatización de devoluciones de IVA, la modernización de zonas francas y la digitalización de trámites inmobiliarios y notariales.
El llamado incluye depurar más de 900 normas sin reglamentación vigente y retomar una Alta Consejería Presidencial para la Competitividad que articule prioridades regulatorias.
“No se busca una simplificación normativa como trámite administrativo de una sola vez, sino un cambio en la cultura”, subrayó el centro de pensamiento, que entregó la agenda en alianza con la ANDI, Aliadas y el Consejo Gremial Nacional.
Inversión rezagada en una economía que consume
Desde ANIF, el énfasis está en la estructura del crecimiento.
Tras la pandemia, el consumo de los hogares aumentó 25 % frente a niveles prepandemia y el gasto público 16 %, pero la inversión permanece 5 % por debajo del último trimestre de 2019. El riesgo es un modelo sostenido en consumo con bajo ahorro.
La agenda propone ampliar el acceso al crédito formal —hoy solo 35,5 % de los adultos tiene un producto crediticio vigente— mediante ajustes al cálculo del interés bancario corriente, impulsar pagos digitales interoperables en un país donde más del 75 % de las transacciones aún se realizan en efectivo y desmontar gradualmente distorsiones como el 4x1000.
También plantea retomar la reforma estructural al mercado de capitales, permitir mayor participación de pymes como emisores y crear una licencia para asesoría financiera independiente que reduzca conflictos de interés.
Energía en punto de quiebre
El sector energético aparece como uno de los frentes más sensibles hacia 2026.
El CREE advierte estrechez en energía firme, declinación de reservas de gas, retrasos en transmisión y deterioro financiero de agentes clave. Plantea declarar proyectos estratégicos como PINES para concentrar trámites, completar la Comisión de Regulación de Energía y Gas con independencia técnica y sanear financieramente el sistema.
Entre las medidas más contundentes está la liberación del precio del diésel para aliviar presión fiscal (COP 8 billones), pagar deudas acumuladas del sector (6 billones) y evitar una crisis de prestación.
Salud: estabilizar antes de transformar
En salud, el diagnóstico es de urgencia financiera. Patrimonio negativo en aseguradoras, pérdidas operacionales crecientes y deudas acumuladas amenazan la continuidad del servicio.
Así Vamos en Salud propone una estabilización inmediata mediante vigencias futuras, mesas técnicas para priorizar pagos y mayor transparencia sobre recursos disponibles. A mediano plazo, la agenda plantea preservar el modelo de aseguramiento, fortalecer la atención primaria, modernizar infraestructura y crear un sistema único interoperable de información.
Seguridad como condición económica
Para Cerac, la transformación de la violencia configura un ecosistema criminal fragmentado que afecta la inversión y eleva el costo de capital.
La agenda incluye fortalecer capacidades bajo restricción fiscal, desmantelar organizaciones criminales con una ley integral anticrimen, modernizar la justicia, reorganizar la Policía y actualizar la política antinarcóticos con enfoque basado en evidencia.
La seguridad, plantean, es condición para el desarrollo.
El derecho como eje
La Fundación para el Estado de Derecho (FEDe) articula el componente regulatorio transversal. La depuración normativa, sostienen, no debilita al Estado; lo fortalece al eliminar contradicciones y costos desproporcionados.
En conjunto, la agenda es un marco técnico que busca influir en quienes aspiren a gobernar a partir de 2026.
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