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29 Jul 2022 - 3:00 p. m.

Sistemas agroalimentarios sostenibles, inclusivos, fuente de progreso y bienestar

La preocupación por el hambre, la mala nutrición y la capacidad real de producir alimentos le han devuelto al campo colombiano un lugar relevante en la agenda nacional.

Angela María Penagos*

El Índice de los precios de los alimentos a nivel global, que reporta la FAO, en junio del 2022 se ubicó en el nivel más alto de la historia desde que se tiene registro.
El Índice de los precios de los alimentos a nivel global, que reporta la FAO, en junio del 2022 se ubicó en el nivel más alto de la historia desde que se tiene registro.
Foto: Getty Images/Collection Mix:... - Fanatic Studio

La agricultura, los sistemas agroalimentarios, el campo colombiano y los campesinos están en las primeras líneas del debate público. No es menor el desafío actual para Colombia, toda vez que el país enfrenta el cambio en el desempeño de sus sistemas agroalimentarios que de nuevo trae la preocupación del hambre, la mala nutrición y la capacidad real de producir nuestros alimentos. Por lo tanto, se tienen grandes expectativas en la agricultura y los mercados alimentarios como fuente de progreso, oportunidades y bienestar en un país que reclama la paz total y avanzar en la transición energética.

Sin embargo, el contexto es complejo y requiere de abordajes multidimensionales, pues, a los problemas persistentes del campo relacionados con la pobreza, el conflicto y la desigualdad, ahora enfrentamos un escenario de alza precios y una crisis climática que afecta la seguridad alimentaria de los colombianos y las actividades agropecuarias y agroindustriales. El Índice de los precios de los alimentos a nivel global, que reporta la FAO, superó el nivel de 150 en junio del 2022 ubicándose en el nivel más alto de la historia desde que se tienen datos disponibles.

En el caso colombiano este índice llegó en marzo de 2022 a 164,9, por encima del promedio mundial. Esta situación además de ser crítica es el reflejo de un mercado global altamente concentrado, de poco jugadores y experimentando aun los rezagos de las restricciones derivadas de la pandemia donde alteraciones al comercio y al mercado de insumos, como lo de la invasión de Rusia a Ucrania, tienen impactos significativos en las economías doméstica de países como Colombia.

Así mismo, los efectos del cambio climático son evidentes, de acuerdo con las proyecciones del IDEAM, cultivos como la yuca, maíz, arroz, plátano, caña panelera, papa, fríjol, café, y los sistemas pecuarios, se encuentran en un estado de alta amenaza y baja capacidad adaptativa ante el cambio climático. Se estima que el 94 % de los cultivos de arroz y el 95 % de los cultivos de maíz en Colombia verán reducida su capacidad productiva en un escenario tendencial y esperado de aumento entre 2 a 3 °C.

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Además, los conflictos y la inseguridad de las zonas se han intensificado y la pobreza se ha incrementado. Los ingresos laborales promedio de los habitantes rurales siguen siendo menos de la mitad de los ingresos urbanos y la pobreza rural se revertió su tendencia a la baja en el último año.

Así que, más que nunca se requiere de un impulso generador de confianza que configure un escenario en el que logremos que la ruralidad, los campesinos y la diversidad de los habitantes rurales vivan en paz como ciudadanos colombianos que tienen la posibilidad de decidir sin privaciones y con oportunidades para una vida digna y segura. Además, lograr la transformación real de nuestros sistemas agroalimentarios hacia fuente de progreso para los campesinos, los productores del campo y los consumidores, consolidando mercados de alimentos justos, saludables y posibles para todos sin sobrepasar los límites ecológicos. Estas aspiraciones no son contradictorias ni excluyentes. Por el contrario, se completan y retroalimentan entre sí.

Es necesario entonces que exista un compromiso real financiero e institucional de poner en marcha la Reforma Rural Integral, para lo cual además de presupuestos ciertos con estructura territorial operativas, se requieren capacidades institucionales para la ejecución e implementación, especialmente de la política integral de tierras. La hoja de ruta está trazada y no es posible que a esto se le pongan más trabas y distracciones.

El gasto público debe estar orientado a resultados y a la provisión de bienes públicos. Estas inversiones se deben convertir en habilitadores del desarrollo territorial y agropecuario, a través de uso más eficiente de la tierra, la protección de los ecosistemas naturales y el favorecimiento de circuitos cortos y medianos, a través de vías rurales, que impulsen mercados agroalimentarios desconcentrados, conectados, diversificados y sobre todo inclusivos.

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Los pequeños productores, las campesinas y campesinos debe tener la posibilidad real de innovar y mejorar las condiciones de sus unidades de producción a través de un sistema de extensión agropecuario democrático que facilite la convergencia de saberes, el intercambio de conocimientos y el cierre de brechas productivas y de eficiencias entre comunidades, territorios y sistemas de producción. Para esto se deben poner en marcha de manera inmediata del Sistema Nacional de Extensión Agropecuaria con el Fondo Nacional de Extensión, que provea la financiación del servicio de extensión de manera gratuita para los que más lo necesitan y de mano de las entidades territoriales, responsables de esta tarea.

De otro lado, es necesario que el crédito agropecuario sea el gran movilizador de esta transformación ampliando los vehículos de llegada a los campesinos y productores. El crédito focalizado en pequeños productores y acompañado de servicios de extensión agropecuaria puede generar mejoras significativas en la productividad, implicando mejores ingresos y mayores posibilidades de participar en condiciones justas en mercados más sofisticados, diversificados y localizados.

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Adicionalmente, este crédito se debe convertir en vehículo para facilitar inversiones hacia modelos para la adaptación climática, regenerativos e inclusivos. Más aún si se considera que según el Informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático de 2022, Colombia tiene uno de los mayores potenciales de mitigación en la categoría agricultura, bosques y suelo (AFOLU) con la capacidad de reducir hasta un 24 % de sus emisiones con la gestión climática de los bosques tropicales y la reducción de la deforestación.

Finalmente, esto se debería enmarcar en un compromiso intersectorial, de todos los niveles de gobierno y representantes de la sociedad civil, no es responsabilidad de un sector o de una institución, es una apuesta por un país en paz, que reconoce su heterogeneidad y en donde nadie se queda atrás.

*Directora del Centro de Investigación en Sistemas Agroalimentarios de la Universidad de los Andes.

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