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El aumento en los costos de la vigilancia privada está llevando a algunos conjuntos residenciales a buscar alternativas para reducir la presencia permanente de vigilantes. Cámaras, controles de acceso, portería virtual y sistemas automatizados aparecen cada vez más en las discusiones de las copropiedades, pero antes de cambiar un esquema de seguridad por tecnología hay un asunto que también debe entrar en la cuenta: el manejo de los datos personales de los residentes.
Y es que mantener un puesto de vigilancia 24 horas se ha vuelto más costoso. La tarifa mínima del servicio pasó de un factor de 9,77 veces el salario mínimo durante el primer semestre de 2026 a 10,21 veces desde el 15 de julio, de acuerdo con la estructura tarifaria de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Para un puesto permanente, el costo puede acercarse a los COP 19 millones mensuales al sumar los distintos componentes del servicio.
El Gobierno, de hecho, planteó en junio un proyecto de decreto para modificar esa estructura y establecer tarifas diferenciales para hogares, colegios, microempresas y entidades públicas de municipios pequeños. La propuesta busca reducir el factor salarial para determinados servicios residenciales y separar otros costos de la tarifa. El proyecto todavía corresponde a una propuesta y no significa que las copropiedades puedan, por sí solas, modificar las condiciones del servicio bajo las reglas actuales.
Contexto: ¿Bajarán las tarifas de vigilancia privada en Colombia? Ya hay proyecto de decreto
Mientras ese debate continúa, algunas propiedades horizontales han empezado a mirar hacia la automatización. La discusión ya fue advertida en Bogotá: empresas del sector de seguridad señalaron en julio que algunos edificios y conjuntos están retirando vigilantes para apoyarse principalmente en cámaras, controles de acceso y portería virtual. El hurto a residencias, además, había aumentado 10,3 % en la ciudad, al pasar de 2.552 casos en 2025 a 2.815 durante 2026, según las cifras citadas por Fedeseguridad.
Ahí aparece una segunda discusión. Algunos sistemas de acceso automatizado funcionan con reconocimiento facial o huellas dactilares. Es decir, para abrir una puerta no solo verifican que una persona esté autorizada: convierten una característica física de esa persona en información que puede almacenarse y tratarse. Y esa información tiene una protección especial en Colombia.
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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha reiterado que los datos biométricos son datos sensibles y que su tratamiento requiere autorización previa, expresa e informada. Esto incluye información como el rostro o las huellas cuando se utilizan para identificar a una persona mediante un sistema biométrico.
La regla tiene una consecuencia práctica para los conjuntos: un residente no está obligado a entregar sus datos biométricos para poder ingresar a su propia vivienda. La SIC ha señalado que las administraciones deben ofrecer mecanismos alternativos cuando una persona no autoriza ese tratamiento, como tarjetas, chips, códigos de seguridad u otros sistemas que no impliquen la recolección de información sensible.
¿La razón? Una contraseña puede cambiarse. Una tarjeta puede bloquearse y reemplazarse. El rostro y las huellas, no. La propia SIC ha advertido que una filtración o uso indebido de datos biométricos puede tener consecuencias permanentes para la identidad y la seguridad de una persona.
Eso significa que una copropiedad que decida automatizar parte de su seguridad tiene dos asuntos distintos que resolver. El primero es si la tecnología realmente responde a los riesgos del edificio y puede sustituir determinadas funciones que hoy cumple un vigilante. El segundo es qué información tendrá que recoger para hacerla funcionar y bajo qué condiciones podrá utilizarla.
La SIC ya ha sancionado propiedades horizontales por incumplir las reglas sobre tratamiento de datos. En 2019, en uno de los casos, un edificio fue multado con más de COP 78 millones después de que la entidad encontrara irregularidades en la recolección de información mediante fotografías y grabaciones de videovigilancia, además de fallas en las medidas para proteger esos datos.
La tecnología puede reducir costos y hacer más eficiente un sistema de seguridad, pero automatizar una portería no equivale simplemente a cambiar a una persona por una cámara. También puede significar crear una base de datos sobre quienes viven, trabajan o ingresan al edificio. Por eso, antes de aprobar una solución tecnológica en una asamblea de copropietarios, el precio del equipo debería ser apenas una parte de la cuenta. La otra es qué datos va a recoger, para qué los necesita, quién podrá acceder a ellos y qué ocurrirá si un residente decide no entregarlos.
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