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El camino parece más despejado para la subasta de espectro radioeléctrico que se llevará a cabo este año en Colombia. Se trata del proceso que busca dar permisos a operadores privados para que, usando esa "autopista invisible" para las ondas de comunicaciones que es el espectro y que le pertenece al Estado, desplieguen más servicios de banda ancha móvil, principalmente en zonas rurales en donde actualmente no hay conectividad.
Este viernes se llevó a cabo la audiencia pública sobre el proceso, contemplada en el nuevo cronograma de la subasta. Vale la pena recordar que el anterior proceso tuvo que ser declarado desierto el pasado 8 de noviembre, luego de que se presentara solo un operador interesado: Claro. Para la subasta era necesario contar con dos o más oferentes.
Entre las novedades del nuevo proceso, que se inició ese mismo 8 de noviembre, a través de un nuevo proyecto de resolución, está que se dará a conocer el precio mínimo de subasta. No haberlo hecho en el proceso anterior fue la mayor inconformidad de Tigo y Movistar, que llevó a que estas dos compañías no ofertaran en la subasta que se declaró desierta.
Se espera que el precio mínimo sea revelado en la resolución definitiva, que será expedida el próximo 25 de noviembre. La subasta, por otro lado, se llevaría a cabo el 20 de diciembre de este año.
Las nuevas condiciones parecen ser más favorables para los operadores. Tigo, por ejemplo, afirmó que "los cambios que realizó el Ministerio de las TIC para sacar adelante la subasta de espectro son positivos, están alineados con las prácticas internacionales y tuvieron en consideración la coyuntura de la industria".
A través de un comunicado, esa empresa explicó que, tras analizar el nuevo proyecto de resolución, "considera pertinentes los cambios realizados. De tal manera que, la Administración pondrá a consideración de la Junta Directiva la posibilidad de participar".
En el marco de la audiencia pública, Santiago Pardo, vicepresidente de asuntos corporativos de Claro, sostuvo: "consideramos que el proceso mejora en tanto se contará con mayor información, especialmente la relativa a los precios base de la subasta. Por otro lado, reiteramos la importancia de avanzar con este proceso competitivo, que permite aprovechar los avances logrados con la Ley de Modernización de las TIC, incentivando la competencia y la inversión en infraestructura".
Natalia Guerra, directora de asuntos públicos y regulatorios de Telefónica Colombia, intervino durante la audiencia pública y agradeció los "esfuerzos" del Ministerio para sacar adelante este proceso y aseguró que se han hecho cambios y ajustes que se deben reconocer.
Agregó que aportarán un estudio econométrico relacionado con la dominancia de Claro en el mercado de voz para que pueda ser tenido en cuenta en el proceso y, así, "lograr el objetivo" de la subasta, que es maximizar la cobertura. Sobre esto último, también pidió que en las condiciones de la puja se haga mayor claridad sobre las obligaciones de cobertura que tendrán las empresas y sobre lo que se entiende técnicamente por "cobertura".
Iván Mantilla, viceministro de Conectividad y Digitalización, explicó que “en Colombia ha habido, en los últimos 10 años, tres procesos de asignación de espectro de Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT, por sus siglas en inglés). Cada uno de estos tuvo un objetivo: en 2011, mejorar la calidad de las redes; en 2013, tener nuevos operadores, y en 2019 nuestro objetivo es llegar con cobertura a las zonas rurales donde no la hay, y hacerlo con calidad”.
Añadió que “en la historia colombiana y en los referentes en América Latina con quienes somos comparables, no ha habido un proceso que tenga las garantías y pondere tanto la situación de la industria y la realidad del país como este proceso de subasta, que es el mismo que tenemos desde hace varios meses, pero con un adicional: el valor de reserva sí se conoce y para garantizar la puja, habrá unas condiciones adicionales”.
Sin embargo, al respecto, durante la audiencia, el ingeniero Juan Guillermo Torres, del departamento de ingeniería eléctrica y electrónica de la Universidad de los Andes, expuso que, para él, la subasta es prácticamente un "regalo para los operadores", pues considera que se dan "beneficios excesivos".
Vale la pena recordar que el Gobierno ha insistido en que el objetivo de esta subasta, y con base en la nueva Ley TIC (1978 de 2019), es maximizar el "bienestar social" y no el recaudo. El viceministro explicó que los recursos que resulten de esta subasta podrán ser, máximo en un 60 %, inversión en infraestructura de telefonía e internet móvil a las zonas rurales que los operadores elijan, mientras que el 40 % restante sería para financiar parcialmente metas del gobierno en materia de conectividad, apropiación, gobierno digital, entre otros.