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Con la intención de mantener altos niveles de transparencia en las compañías, y evitar que estas sean utilizadas como mecanismos de lavado de activos, la Superintendencia de Sociedades, en octubre del año pasado, ordenó a cierto número de empresas la puesta en marcha de un sistema de control contra el lavado de activos y financiación del terrorismo.
Una de las empresas a las que se le pidió la presentación de dicho requerimiento fue Supercundi, compañía señalada por la Fiscalía de dar apariencia de legalidad a dinero procedente de secuestros, extorsiones y pescas milagrosas protagonizadas por las Farc.
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Esta mañana la Supersociedades formuló pliego de cargos contra dicha empresa al incumplir con la presentación del sistema anteriormente mencionado.
“Algunas compañías no cumplieron con esta instrucción y desde luego la superintendencia abrió pliegos de cargos ante el incumplimiento que deben ser respondidos en los términos que la entidad establece”, precisó el superintendente de sociedades, Francisco Reyes Villamizar.
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Para este directivo la presentación de este sistema contra el lavado de activos y financiación del terrorismo se traduce en el aporte que brindan las compañías en la lucha contra dicho flagelo.
Para el caso de Supercundi, la empresa tendrá un plazo de cinco días hábiles para que sus directivas presenten sus descargos. De llegarse a comprobar su incumplimiento podría acarrear una sanción estimada en 200 salarios mínimos, es decir, más de $156 millones.
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Por Redacción Economía.
