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La Superintendencia de Sociedades, en el marco de sus funciones de inspección, vigilancia y control, anunció que impuso sanciones por $2.941.264.256 a las sociedades ICM Ingenieros S.A.S., Intec de la Costa S.A.S. y Omega Buildings Constructora S.A.S., que integraban la Unión Temporal Centros Poblados.
Vale la pena mencionar que estás empresas estaban sometidas a grado de control desde octubre de 2021, la máxima supervisión que puede ejercer la entidad. La medida implica que se embargan todos los bienes y derechos de propiedad.
La entidad también declaró a Emilio José Tapia Aldana como controlante de las sociedades Omega Buildings Constructora S.A.S. e ICM Ingenieros S.A.S., ambas en liquidación judicial, y le impuso una multa por $232.000.000, “al no haber solicitado la inscripción de la situación de control ante el registro mercantil”.
Además, la Supersociedades declaró a Hugo Armando Canabal Hoyos como controlante de la sociedad Intec de la Costa S.A.S. en liquidación judicial, e impuso una multa por $116.000.000, al no haber solicitado la inscripción de la situación de control ante el registro mercantil.
Billy Escobar Pérez, superintendente de Sociedades, dijo que “la Superintendencia de Sociedades continúa desplegando acciones contundentes contra las irregularidades que afectan el interés general, con miras a proteger los intereses del Estado, y velar por que las empresas y sus administradores actúen con responsabilidad”.
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La entidad también decidió convocar a las sociedades mencionadas al trámite de un proceso de insolvencia, en la modalidad de liquidación judicial, “con lo cual se abre la puerta para que los interesados, en sede judicial, presenten: acciones de responsabilidad contra controlantes, de manera que respondan subsidiariamente por las obligaciones de las compañías; acciones revocatorias y de simulación, para recomponer el patrimonio de las compañías; acciones de responsabilidad civil contra socios, administradores y revisores fiscales para el pago del faltante del pasivo externo; entre otras”, explicó en un comunicado.
Vale recordar que Centros Poblados se hizo con una de las dos regiones de la licitación de los Centros Digitales, que en total buscaban conectar a internet a unos 14.745 sitios rurales, en reemplazo de los extintos Kioskos Digitales. De acuerdo con los términos de la licitación, se debía conectar durante 11,5 años a 7.277 puntos con un mínimo en ancho de banda de 12 mbps, la inversión era de $1,07 billones.
Sin embargo, en junio de 2021 estalló el escándalo, cuando el país conoció que el contrato fue otorgado con garantías bancarias falsas. La situación provocó la salida de la entonces ministra Karen Abudinen y varias investigaciones judiciales para saber qué pasó con un anticipo de $70.000 millones que se le entregó a Centros Poblados.
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