La Superintendencia de Transporte informó esta semana que ha sancionado a 81 empresas prestadoras del servicio de transporte de carga, transporte de pasajeros por carretera, transporte especial, organismos de tránsito, organismos de apoyo al tránsito y plataformas por faltas a la normatividad legal vigente.
Según la entidad, las sanciones que se han impuesto tienen que ver con incumplimientos de las disposiciones legales en la norma del sector, faltas en protocolos de bioseguridad, omisiones de registro ante el Ministerio de Transporte, mal manejo de fondos de reposición, prestación de servicios no autorizados, no suministro de información, entre otros.
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En este mismo período se han abierto 68 investigaciones a empresas de transporte y otros actores del sector, y se han llevado a cabo 90 averiguaciones preliminares en materia del cumplimiento de la ley.
“La legalidad, la seguridad, la transparencia y la equidad son las políticas fundamentales para que las operaciones comerciales y de servicios del sector transporte, se lleven a cabo de manera idónea y, sobre todo, para que se cumplan las disposiciones del Gobierno Nacional, y poder garantizar una conectividad certera y legal para el país”, dijo el superintendente Camilo Pabón Almanza.
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En cuanto al transporte de carga, la entidad informó que abrió seis investigaciones a empresas por presuntos descuentos ilegales realizados en 81 operaciones entre febrero y marzo. Así mismo, tiene investigaciones con imputación de cargos por 14.000 operaciones de carga en las que se habrían contratado vehículos con omisión en su registro inicial y 1.800 operaciones en las que las empresas habrían pagado a los transportadores por debajo de los costos eficientes de operación.
También hay 78 generadores de carga investigados y 16 concesionarios y contratistas investigados por problemas en las estaciones de pesaje, entre otras decisiones.
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En materia fluvial, la entidad destacó que ha verificado el impacto de las inversiones de obra en la prestación del servicio y ha levantado información relacionada con las condiciones de la infraestructura y la prestación del servicio de transporte fluvial de pasajeros, turístico, escolar y de carga.
En total, se llevaron a cabo 53 visitas administrativas en 15 ciudades y municipios del país.