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La Superintendencia de Transporte sancionó con más de 300 millones de pesos a la concesión Aeropuertos de Oriente, operadora del aeropuerto internacional Palonegro de Bucaramanga, por incumplir la orden de garantizar que los pasajeros puedan escoger libremente cómo salir de la terminal aérea.
La medida responde a una renuencia frente a una instrucción impartida en 2023, que exigía eliminar cualquier restricción o direccionamiento que favoreciera al Consorcio Taxi Aeropuerto por encima de otras opciones de transporte legalmente habilitadas.
La multa, equivalente a 250 Unidades de Valor Básico (UVB), se impuso tras comprobar que, pese a la resolución de octubre de 2023, las limitaciones se mantenían. Según la Supertransporte, este comportamiento vulnera el derecho de los viajeros a decidir si tomar un taxi convencional, contratar un servicio por aplicación, usar transporte especial o cualquier otra alternativa regulada.
En la práctica, significa que un pasajero que aterriza en Palonegro no debería sentirse obligado a pagar un único servicio ni a depender de un operador exclusivo.
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, respaldó la decisión y afirmó que la sanción envía un mensaje frente a próximos incumplimientos en el sector: “no toleraremos prácticas que limiten la libre elección ni afecten la seguridad y calidad del servicio en nuestras terminales aéreas”.
El caso, que parece local, tiene un alcance mayor. Los aeropuertos son nodos de movilidad estratégica, y cualquier restricción impacta tanto la economía de los prestadores de servicio como la experiencia de los usuarios.
La Superintendencia señaló que la seguridad del aeropuerto no puede usarse como argumento para establecer monopolios de facto, y advirtió que la concesión podría enfrentar sanciones adicionales si persiste en el incumplimiento.
El trasfondo es un debate que se ha repetido en varias terminales del país, donde los usuarios denuncian barreras contra plataformas digitales o trabas para contratar servicios distintos al taxi tradicional.
En este caso, el golpe económico contra Aeropuertos de Oriente busca sentar un precedente: ningún concesionario puede condicionar la salida de los pasajeros bajo acuerdos internos con un operador específico. La entidad recordó que su obligación es velar por la transparencia del sector y por la protección del interés general, por encima de convenios particulares.
Para los pasajeros, la decisión se traduce en la posibilidad de elegir con mayor libertad y sin presiones cómo movilizarse desde Palonegro hacia Bucaramanga o cualquier otro destino.
La empresa puede presentar recursos de reposición ante la Dirección de Investigaciones de la Delegatura de Concesiones e Infraestructura, según los artículos 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.
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