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Nueve días después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al occidente colombiano, la pregunta que ronda los anuncios de reconstrucción es: ¿de dónde saldrá la plata para volver a levantar las viviendas, los colegios, los hospitales y la infraestructura que el sismo resquebrajó o dejó en el piso?
Cifras preliminares estiman pérdidas económicas directas de COP 24,5 billones en edificaciones y COP 5,5 billones en infraestructura, un total que equivale al 1,6 % del PIB. Más de 12.000 viviendas quedaron destruidas y otras 75.000 resultaron averiadas en ciudades como Cali, Pereira, Manizales, Armenia y Quibdó.
El problema es que este choque le llega al Gobierno en un momento de fragilidad fiscal: el déficit podría rondar el 8 % del PIB, y los expertos calculan que cerca del 65 % del costo de la reconstrucción recaería sobre el presupuesto público.
Si bien el Gobierno De la Espriella ya anunció el llamado ‘Plan Milagro de Reconstrucción’, que combinará recursos públicos y privados, la magnitud de la tragedia obliga a buscar fuentes más allá del Presupuesto General de la Nación.
Este martes, el centro de pensamiento económico ANIF presentó seis propuestas para financiar la reconstrucción sin crear nuevos impuestos, en el marco de la emergencia económica que anunció el Gobierno, pero de la cual aún no se conoce decreto.
Seis ideas para conseguir plata
En primer lugar, ANIF plantea revisar las apropiaciones de inversión del Presupuesto General 2026 que aún no están comprometidas, un monto que podría llegar a COP 20,1 billones, con prioridad en sectores donde la ejecución presupuestal de inversión no supera el 20 %.
Por otro lado, el centro de pensamiento propone liberar COP 3,7 billones en proyectos del Sistema General de Regalías que no tienen Certificado de Disponibilidad Presupuestal, y redirigir otros COP 10,1 billones del recaudo que aún no han sido asignados a ningún proyecto de inversión.
Para los microempresarios de las zonas afectadas, ANIF sugiere habilitar líneas de crédito con garantía a través del Fondo Nacional de Garantías, con coberturas de entre el 60 % y el 90 % del valor del crédito. Si entre el 30 % y el 80 % de las microempresas de la zona optaran por solicitarlos, el Gobierno necesitaría capitalizar el FNG entre COP 90.000 millones y COP 240.000 millones.
La cuarta propuesta busca extender los mecanismos de Obras por Impuestos y Obras por Regalías a ciudades afectadas que hoy no califican, como Pereira, Manizales y Cali. Del cupo vigente de Obras por Impuestos para 2026, que fue de COP 1,145 billones, quedan disponibles cerca de COP 269.000 millones.
Quizás la propuesta más novedosa es el llamado Anticipo Solidario para la Reconstrucción: un mecanismo voluntario por el que los contribuyentes del impuesto de renta podrían adelantar hasta el 10 % de su declaración, monto que sería descontado en su totalidad al año siguiente. No sería un impuesto nuevo, aclara ANIF, sino un anticipo que daría liquidez inmediata al Gobierno.
La sexta y última medida propone flexibilizar temporalmente las rentas de destinación específica de entidades como el ICBF y el SENA, siempre que el marco constitucional lo permita, para liberar recursos hacia las necesidades más urgentes de la emergencia.
El fantasma del terremoto del ’99
En conjunto, ANIF advierte que todas estas medidas deben ejecutarse sin recurrir a tributos permanentes ni comprometer la sostenibilidad fiscal, una lección que el país aprendió tras el terremoto del Eje Cafetero en 1999.
El Gobierno, por su parte, ya puso en marcha el llamado ‘Plan Milagro de Reconstrucción’, que prevé la entrega de soluciones de vivienda terminadas durante 2027 y 2028, con participación de Camacol, las cajas de compensación familiar y los entes territoriales.
Dicha estrategia contempla tres fases: atención inmediata y diagnóstico técnico, reconstrucción de vivienda y, finalmente, una fase de reconstrucción territorial que se extenderá durante los próximos años.
En la primera fase, el Ministerio de Vivienda y el sector empresarial conformarán un Batallón de Expertos que clasificará las edificaciones según su nivel de daño. Para las viviendas destruidas, el esquema combinará subsidios del Gobierno, de las cajas de compensación y de los entes territoriales, bajo la estrategia ‘Todos Ponen’. Para las que tengan daños reparables, se estructurará un Banco de Materiales con participación empresarial. La entrega de soluciones de vivienda terminadas está prevista para 2027 y 2028.
La reconstrucción será larga y la discusión sobre cómo pagarla acaba de empezar.
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