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La salida duró poco más de dos meses. Jorge Arturo Lemus Montañez llegó en propiedad a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) el 14 de enero de 2026. Este 1.º de abril ya tenía la renuncia sobre la mesa, pedida directamente por el presidente Gustavo Petro. La carta quedó radicada y su aceptación se daba por hecha en cuestión de horas.
Desde la entrada del gobierno Petro, la entidad viene acumulando episodios que la han puesto bajo presión: filtraciones, informes sensibles, relevos constantes en la dirección y, más recientemente, el ruido por posibles infiltraciones en estructuras del Estado.
Lemus llegó ahí después de otro traslado. En enero, el Gobierno lo movió desde la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) con una tarea concreta: asumir investigaciones en la UIAF sobre corrupción y responder a solicitudes directas del presidente. Venía de encargarse de la DNI tras la salida de Carlos Ramón González, salpicado por el escándalo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Antes, había sido director de Gestión Institucional.
Su perfil es el de un funcionario de carrera en el sector público. Abogado, con paso por la Cárcel Distrital de Bogotá —que logró una certificación internacional en 2012 bajo su dirección— y por el Cuerpo Oficial de Bomberos en la administración de la Bogotá Humana. También arrastraba cuestionamientos: en 2024, W Radio dio a conocer que existía un proceso de responsabilidad fiscal por COP 271.000 millones de pesos, originado en su paso por la Unidad Administrativa Especial de Bomberos.
Pero la historia de su salida no empieza con él. A finales de 2025, su antecesor, Luis Eduardo Llinás Chica, dejó la dirección de la UIAF sin explicaciones públicas. Su salida coincidió con un momento delicado para la entidad, justo cuando se conoció un informe interno sobre movimientos en cuentas del presidente, un documento al que tuvo acceso El Espectador.
“Se solicita realizar un análisis financiero debido a las alertas presentadas por parte de Presidencia”, arrancaba el documento de 31 páginas. El informe revisaba 14 cuentas y operaciones desde febrero de 2023. Transferencias, retiros, movimientos en el exterior. En todo caso, advirtió que “no es posible concluir si estas están asociadas financieramente a hechos delictivos”.
Ese informe tardó cinco meses en llegar a la Fiscalía.
Cabe recordar que la UIAF es el punto de entrada del sistema de alertas financieras del país. Lo que allí se detecta alimenta investigaciones, cruza información bancaria y conecta a Colombia con redes internacionales de monitoreo de capitales.
Aquel informe no fue el único frente abierto. La entidad ya había enfrentado la suspensión temporal de la Red Segura del Grupo Egmont, la plataforma global de intercambio de inteligencia financiera. La medida se produjo tras la revelación de información confidencial relacionada con el software Pegasus.
Para una entidad en que la cooperación internacional es clave, esta suspensión limitó flujos de información, ralentizó alertas y puso en cuestión la confiabilidad del sistema.
Ese era el estado de la UIAF cuando llegó Lemus. Con ese historial detrás, su paso por la dirección fue breve y atravesado por un nuevo episodio: el caso de alias “Calarcá“, señalado jefe de disidencias de las Farc. En los computadores incautados a ese grupo aparecieron referencias que hoy están bajo investigación, incluyendo posibles vínculos con personal de inteligencia.
Ese punto conecta con otro nombre: Wilmar Mejía. El exdirector de la DNI renunció el 2 de marzo y ahora aparece como el principal candidato para reemplazar a Lemus en la UIAF. Su salida, escribió, buscaba “preservar la confianza y la integridad en una de las principales agencias de inteligencia del país”. También ha insistido en que ningún miembro de la Fuerza Pública recibió información suya que comprometiera la seguridad.
Sin embargo, la fiscal Luz Adriana Camargo lanzó el dardo en entrevista con este diario: “Comprobamos que hay hechos muy graves asociados a alias ‘Calarcá’”.
Ese cruce de versiones atraviesa el momento actual.
Lemus, mientras tanto, tomó distancia. Confirmó que se vinculará a la campaña presidencial de Iván Cepeda. En su carta dejó una línea de tensión: “Considero que mi continuidad en el cargo podría generar dudas sobre la imparcialidad y la objetividad de la institución”.
La UIAF no investiga penalmente. Su rol es más cauto, ya que recibe reportes del sistema financiero, los cruza, identifica patrones y emite alertas que pueden escalar a procesos judiciales o administrativos. Funciona como un filtro de riesgo del sistema económico.
En menos de dos años, la entidad ha pasado por salidas, encargos y nombramientos en propiedad. Llinás dejó el cargo luego de tres años al frente. Lemus llegó como encargado en octubre de 2025, asumió en firme en enero y sale en abril. Menos de 80 días.
En paralelo, el Gobierno busca un reemplazo. El nombre de Mejía gana terreno, aunque no hay confirmación oficial. Su eventual llegada se daría en medio de cuestionamientos recientes y con la entidad todavía tratando de recomponer su estabilidad operativa.
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