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Grecia celebrará por segunda vez elecciones en tan solo ocho meses, pocas semanas antes de tener que adoptar un nuevo paquete de medidas dolorosas que forma parte del tercer rescate y que contraviene el ambicioso programa económico que llevó al izquierdista Syriza al poder en enero. (Vea: Tsipras no sobrevivió a rescate económico de Grecia)
Inmediatamente tras la constitución del nuevo Parlamento, el legislativo deberá votar nada menos que 31 medidas que los acreedores han puesto como requisito para desbloquear un tramo de 3.000 millones de euros de los 86.000 millones del tercer rescate, y el inicio de la negociación para la reestructuración de la deuda.
En entre ellas, figura el incremento del impuesto sobre la renta de los agricultores del 13 % a 26 % y el aumento del 27,5 % al 55 % del pago anticipado de este gravamen, dos aspectos pactados con las cuatro instituciones (Comisión Europea, Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional y Mecanismo europeo de Estabilidad) que han levantado fuertes protestas.
Esta medida se añade al incremento en tres puntos porcentuales (hasta el 29 %) del impuesto sobre la renta de autónomos y empresas, y del incremento progresivo, del 55 % actual hasta el 100 % de su pago anticipado.
Estas medidas chocan con la promesa de reducir el peso impositivo para la mayoría de los ciudadanos que constituyó una de las piedras angulares del famoso "programa de Salónica", con el cual Alexis Tsipras ganó las elecciones en enero pasado.
A este paquete se añade otra serie de 21 medidas que ya han sido aprobadas pero todavía no adoptadas.
Ocho meses después todavía no se ha aprobado el aumento a 12.000 euros anuales el ingreso mínimo exento de impuestos (actualmente se grava a partir del primer euro), como tampoco fue reemplazado el impopular gravamen sobre la propiedad inmobiliaria.
El futuro Gobierno deberá asimismo adoptar medidas radicales para sanear las cajas de pensiones que conducirán a reducciones sustanciales de los ingresos de los jubilados, la franja de la población que más castigada se ha visto en los últimos seis años por los recortes aplicados durante los sucesivos rescates.
A partir de octubre debe aplicarse además la cláusula de "déficit cero" a las pensiones suplementarias, lo que llevará a una reducción automática de estas prestaciones de entre el 30 % y el 70 %, excepto si el nuevo Ejecutivo presenta medidas equivalentes que los acreedores estén dispuestos a aceptar.
Además deberá aplicarse el modelo de cálculo de la pensión mínima previsto en el primer rescate de Grecia, en 2010.
Según este modelo, la pensión mínima garantizada por el Estado, fijada en 360 euros hasta el final de 2015, deberá ajustarse a la evolución del producto interior bruto (PIB) y del índice de precios de consumo (IPC), lo que podría conducir a la reducción automática de las pensiones, a la vista de que Grecia padece el doble mal de la recesión y la deflación.
Ya en agosto se había incrementado la cotización de los pensionistas a la seguridad social del 4 % al 6 %.
Las relaciones laborales constituyen otro terreno de decisiones difíciles para el próximo Ejecutivo.
Mientras que los acreedores exigen la liberación completa de los despidos colectivos y la restricción drástica del derecho a la huelga, Syriza prometió el restablecimiento de los convenios colectivos, eliminados en 2012, y el restablecimiento del salario mínimo interprofesional al nivel de ese año.
Hasta el final de 2015 deberá ser aprobada una nueva legislación laboral, que tomará en cuenta "las mejores prácticas europeas", fórmula a la cual, según ha admitido Tsipras, "los acreedores no dan la misma interpretación que Syriza".
El próximo Ejecutivo deberá además buscar una solución a las deudas morosas que suman 84.000 millones de euros (cerca de 45 % del PIB) y constituyen una amenaza para el sistema bancario.
Los acreedores exigen desde hace años el levantamiento de la protección de la primera vivienda (las hipotecas morosas suman 23.000 millones de euros), algo que los Gobiernos griegos posponen año tras año.