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La pandemia del COVID-19 desnudó las desigualdades y la fragilidad del mercado laboral y visibilizó los graves problemas estructurales de la economía en materia de desigualdad y generación de empleo.
Los indicadores de pobreza, presentados recientemente por el DANE, son consistentes con las protestas sociales, en donde las aspiraciones y necesidades son reflejadas cada vez más en el descontento social. Es claro que, durante este año, la población en situación de pobreza aumentará en al menos 10 puntos porcentuales, pasando del 35,7 % de 2019 al 45 % actual. De igual manera, más de la mitad de la población rural estaría en pobreza, alcanzando un 57 % en 2020 y cerca de cuatro de cada 10 personas que viven en las áreas urbanas se encontrarán en esta condición, es decir, la pobreza en zonas urbanas pasará del 32 % en 2019 al 40 % en 2020.
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Frente al manejo epidemiológico de la pandemia, se abre una luz con los anuncios de las posibles vacunas que estarán disponibles a finales de 2021, de manera que podríamos afirmar que quizás estamos a mitad de camino para superar los problemas de salud generados por el COVID-19.
El reto poscovid para la reactivación económica es una tarea de política pública compleja. La salida de esta crisis no solo debe volver a recuperar las tasas de expansión económica, sino buscar alternativas de crecimiento soportadas en un modelo de desarrollo que permita una mayor diversificación de actividades, un acceso al mercado para la producción agrícola de los territorios rezagados y un especial énfasis en la vinculación de la población joven en la reducción de la pobreza. A continuación, indicamos tres ejes de política pública para trabajar en estas acciones.
Financiación y generación de empleo
Uno de los puntos centrales para la reactivación económica es el de aumentar los niveles de empleo formal. Este reto implica no solo lograr los niveles de formalidad que se tenían antes de la pandemia, sino establecer unas metas crecientes para los próximos cinco años. Una mayor formalización no solo permite una reactivación de la demanda a partir de más y mejores empleos, sino además un recaudo tributario más grande y un aporte a los sistemas de salud y pensión. La informalidad creciente ha mostrado su agotamiento y fragilidad frente a situaciones críticas.
De manera que todas las líneas de crédito para financiar la reactivación deben estar atadas a metas de creación de empleo formal verificables.
Dentro de esta línea de reactivación, por ejemplo, todos los programas de inversiones en infraestructura física, así como los proyectos de construcción de vivienda, deberán garantizar la creación de empleo formal calificado y no calificado en las regiones. Este esfuerzo de reactivación deberá ser un compromiso de los contratistas ejecutores de las obras públicas y los programas de vivienda.
Compras públicas focalizadas a mipymes
Una alternativa de generación de empleo formal probado en diferentes países pueden ser los programas de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas en la contratación pública. Las iniciativas de compra pública a partir de la proveeduría local con participación de mipymes podrían contribuir con la formalización laboral. Este instrumento de política de fomento a las mipymes se complementaría con programas de monitoreo y transparencia en el manejo de los recursos públicos.
Las administraciones deberán conformar, entonces, comités independientes en los que tengan asiento diversos órganos de control. Estos comités garantizarán que las compras de bienes y servicios se dirijan hacia mipymes, en las que los criterios de experiencia sean los mínimos esenciales para garantizar un servicio de calidad. Esta iniciativa deberá garantizar una mayor participación empresarial reduciendo los grandes contratistas e intermediarios de estos procesos. El sistema de compra eficiente debería ajustarse transitoriamente para permitir la participación, en especial, de las micro y pequeñas empresas.
Si no construimos una cultura de buen servicio y de cero tolerancia a la corrupción como sociedad, no tendremos oportunidad de crecer y ser mejores ciudadanos después de la pandemia.
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Seguridad alimentaria y reactivación del campo
El último eje deberá estar orientado a incorporar la actividad agrícola de regiones apartadas al crecimiento económico. Un ejemplo claro de esta iniciativa se sustenta en los programas de seguridad y abastecimiento agroalimentario y en las políticas de desarrollo rural. Entre las diferentes alternativas surgidas por la crisis se resaltan las iniciativas de Cundinamarca que propenden por definir un modelo sustentado en nuevas tendencias de comercialización e innovación.
Se busca hacer más eficaces los canales de intermediación en la comercialización agropecuaria con la participación directa de las asociaciones de productores y la modernización de la infraestructura del manejo de los centros de acopio y logística, acompañados con programas de soporte en servicios de asistencia agropecuaria y extensionismo tecnológico. De esta manera los agricultores pueden mejorar sus ingresos y los consumidores acceder a productos agrícolas de primera calidad.
Si bien los programas de protección social seguirán siendo fundamentales para ayudar a la población más pobre en condiciones de exclusión laboral, es necesario la búsqueda de un modelo que procure el desarrollo y la creación de nuevas plazas laborales para corregir las trampas de pobreza.
* Profesores de la Facultad de Ciencias Económicas e investigadores del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional de Colombia.