“Es una intervención”: Acolgen y Minenergía debaten decreto sobre tarifas

Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, y Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen.

Foto: Ómar Daniel Bernal/Acolgen

La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) aseguró que el Decreto 1072 de 2025, que publicó el Ministerio de Minas y Energía, representa una “intervención desproporcionada en el mercado que atenta contra la libre competencia, la eficiencia del sistema y la seguridad jurídica”. Según el gremio, la medida pone en riesgo la sostenibilidad financiera de las empresas y la confiabilidad energética del país a largo plazo.

El decreto establece lineamientos de política pública para limitar el costo de la energía eléctrica y generar estabilidad tarifaria, promueve la contratación de energía a largo plazo y reduce la exposición a la bolsa de energía. Según la cartera de Minas y Energía, la iniciativa protege a los hogares colombianos frente a la volatilidad de los precios de la energía, especialmente en eventos extremos, como el fenómeno de El Niño.

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La medida establece que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) tendrá tres meses para implementar los mecanismos que aseguren el cumplimiento de las metas del decreto, incluyendo que los generadores hidráulicos vendan al menos el 95 % de su energía en contratos, la creación de nuevos instrumentos flexibles de contratación y estrategias para promover las fuentes no convencionales de energía renovable.

Para el gremio que reúne a generadoras de energía hidráulica la decisión es inconveniente y genera cinco alertas. La primera es que es una “anulación de la libertad de mercado”. Acolgen sostiene que lo más grave del decreto es que obliga a los generadores hidráulicos a vender “al menos el 95% de la generación horaria” mediante contratos. “Esta disposición es, en la práctica, un atentado a la libertad de empresa y contratación de las empresas, que se opone en forma directa a la Ley 143 de 1994”.

La segunda es que vulnera “el principio de igualdad ante la ley” y distorsiona el mercado. Para Acolgen, la norma establece un trato regulatorio desigual, pues impone una obligación de contratación únicamente a las generadoras hidráulicas, excluyendo a otras tecnologías (solar, eólica y térmica). La diferenciación, a juicio del gremio, genera ventajas competitivas, un punto que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ya había señalado y que, dice el gremio, la cartera no tuvo en cuenta.

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La tercera es que implica riesgos para la sostenibilidad financiera y para futuras inversiones porque, según los privados, crea un entorno de alta incertidumbre regulatoria y financiera. Para las empresas, una “intervención tan drástica y con un plazo de implementación de tan sólo tres meses” envía una señal negativa a los inversionistas, frenando la construcción de nuevos proyectos.

La cuarta es que la norma estaría desconociendo la naturaleza técnica del recurso hídrico, que depende de las lluvias: “Forzar una contratación del 95 % a nivel horario es operativamente inviable y riesgoso. Un generador no puede prever con total certeza cuánta agua tendrá disponible en una hora específica. El incumplimiento de estos contratos forzados podría traer sanciones y sobrecostos que no han sido medidos. La bolsa de energía es el mecanismo idóneo para gestionar esta variabilidad, y el decreto la neutraliza”.

Finalmente, Acolgen cuestiona que el decreto le ordene a la CREG diseñar en tiempo récord “mecanismos de contratación flexibles”, complicando más la regulación. Para el gremio el Gobierno diagnostica una falla de mercado, pero en lugar de corregirla con incentivos, opta por una sobrerregulación que podría generar mayores distorsiones.

Las empresas del sector sostienen que el decreto bajará la inversión en generación de energía, poniendo en riesgo la cantidad de energía disponible a futuro. Acolgen pidió al Gobierno Nacional suspender la aplicación de este decreto y “abrir un diálogo técnico y constructivo con los agentes del mercado”.

El Gobierno tiene una visión totalmente distinta. Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, aseguró que el propósito es claro: “La energía en Colombia debe ser más asequible, estable y sostenible. Es un paso más hacia la justicia energética que tanto necesita el país”.

Palma, en respuesta a Acolgen, dijo que el decreto no se va a suspender. “Claro que es una intervención en el mercado. El Estado no puede ser un observador imparcial. Debemos proteger a los débiles. Es injusto que en la conformación del precio Ustedes ganen hasta diez o quince veces lo que vale la producción de la energía”, dijo.

Agregó que lamenta que otros gremios, “que en silencio dicen estar de acuerdo con nosotros, no contribuyan al debate”, y dijo que el diálogo está abierto, pero se necesitan propuestas.

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