3 Mar 2021 - 2:00 a. m.

¿Una reforma fiscal para mejorar inversión social?: responde Ministro de Hacienda

Es claro que el sistema tributario del país necesita ajustes urgentes. Sin ofrecer mayores detalles, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, apunta a que este proyecto legislativo impulse la incorporación de los programas sociales creados en la pandemia como un asunto permanente en la política pública del país. No menciona el IVA, pero tampoco niega acciones en este impuesto.
Jorge Sáenz

Jorge Sáenz

Periodista

Para nadie es un secreto que el Gobierno se propone llevar al Congreso una reforma fiscal en medio de una de las peores crisis en la historia económica del país, con indicadores en rojo prácticamente en todo el tablero de control de la macroeconomía nacional.

Sin mencionarla directamente, Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, asegura en esta entrevista que la reforma apunta a “a reducir la incidencia de la pobreza en más de diez puntos porcentuales de una vez y para siempre, bajar el Gini en más de cuatro puntos y tener cobertura universal en materia de recursos, eliminando la pobreza extrema, entre la población mayor de nuestro país”.

Este pronunciamiento se da en medio de declaraciones de otros funcionarios del Ministerio que apuntan a una ampliación del reino del IVA sobre bienes de la canasta familiar. La propuesta ha despertado una airada respuesta de expertos tributarios de prácticamente todas las esquinas, por los potenciales efectos macroeconómicos que esta medida podría tener en medio de una crisis con causas únicas, que bien se escapan del reino de la economía.

Este jueves, el Gobierno se propone presentar el Plan Financiero, su hoja de ruta en materia de gastos y financiación. Este documento estaba previsto para ser presentado desde finales de enero de 2021.

En respuesta al cuestionario enviado, el ministro Carrasquilla cuenta que los términos de esa anunciada reforma fiscal siguen siendo discutidos con “influyentes parlamentarios de muchas bancadas” y que sigue “nueva ronda de conversaciones de cara al inicio de la legislatura”.

Ya es una decisión de este Gobierno llevar al Congreso la reforma fiscal en este semestre. ¿Debe ser estructural y gradual, para dar tranquilidad a las calificadoras?

La pandemia nos ha dejado muchas lecciones pertinentes para el diseño de una política pública integral. Por ejemplo, los colombianos, actuando en equipo, fuimos capaces de concebir y, sobre todo, de ejecutar el programa de Ingreso Solidario, que le lleva puntualmente recursos básicos pero fundamentales a unos tres millones de hogares en situación de pobreza. Cosa similar se puede decir de la política de compensación del IVA y del incremento de los programas Familias en Acción o Colombia Mayor.

Si estos programas pasaran a ser parte integral de la política pública colombiana, lograríamos una transformación muy profunda de nuestra sociedad. Para el Gobierno, es claro que los colombianos podemos reducir la incidencia de la pobreza en más de diez puntos porcentuales de una vez y para siempre, bajar el Gini en más de cuatro puntos y tener cobertura universal en materia de recursos, eliminando la pobreza extrema, entre la población mayor de nuestro país. Desde luego, eso hay que financiarlo de tal manera que sea un programa sostenible en el mediano y largo plazo y la discusión acerca de las fuentes de esa sostenibilidad, que no son pocas, corresponde adelantarla en el Congreso de la República.

A mí me complace compartir la percepción que tengo en el sentido de que, concebida integralmente, una propuesta de transformación sostenible de nuestra política social, que nos permita dar un salto significativo en nuestros indicadores de pobreza y desigualdad, tal como la estoy planteando, tendría aceptación parlamentaria. Podemos diferir en el tamaño de las metas, pero esto lo digo amparado en reuniones de trabajo, respetuosas, constructivas y al grano, con destacados e influyentes parlamentarios de muchas bancadas. Estamos en este momento iniciando una nueva ronda de conversaciones de cara al inicio de la legislatura.

¿Cómo ve el resultado del PIB para 2020, que registró una caída del 6,8 %? ¿Temía una mayor contracción?

Desde luego que quedé insatisfecho. Durante el segundo trimestre del año, viví los momentos más amargos de toda mi vida profesional. Fue doloroso por la enorme tragedia que atravesamos, empezando, desde luego, por las vidas que perdimos y pasando por el terremoto que sufrió nuestra economía y, con ella, nuestra sociedad. Durante 2019, la economía empezó a salir del estancamiento en que venía sumida. El estado de ánimo económico empezó a mejorar y siguió siendo el caso al comenzar 2020. Con la llegada de la pandemia, todos tuvimos que revisar los pronósticos. Los analistas más jóvenes se vieron obligados a estrenar el signo menos. Al cabo, el resultado fue el esperado por el Ministerio y un poco mejor que del consenso entre los analistas económicos, quienes, en promedio, esperaban un crecimiento de -7,35 %. Ahora estamos haciendo todos los esfuerzos para generar las condiciones necesarias para que este 2021 sea el año de la recuperación económica. Los indicadores líderes muestran que la economía está teniendo un desempeño positivo, a pesar de las medidas adoptadas para controlar la segunda ola de contagios del COVID-19. Nuestro objetivo es que el crecimiento anual esté por encima de 5 %.

¿Cómo explica este resultado?

La economía cayó brutalmente en el segundo trimestre del año, como consecuencia de una pandemia con dimensiones que no se veían desde hace un siglo. De cara a esa realidad, el Gobierno rápidamente concibió y ejecutó una estrategia fundamentada en tres frentes: la emergencia sanitaria, la emergencia social y la emergencia económica y laboral, disponiendo todos los recursos a su alcance, unos $40 billones, para atenderlos. En adición a ello, procuramos siempre evitar que el terremoto tuviera réplicas en los mercados crediticios, lo cual hubiera sido una catástrofe. El Banco de la República actuó con rapidez no solo expandiendo su balance, sino actuando en terrenos donde jamás lo había hecho. La Superintendencia Financiera expidió también con prontitud reglamentaciones adecuando su objetivo de defender la estabilidad del sistema, con la realidad de una crisis sin precedentes. El Fondo Nacional de Garantías fue rápidamente capitalizado y empezó a actuar con gran diligencia, buscando apalancar ese capital y asumiendo riesgos financieros que, naturalmente, nadie más estaba dispuesto a asumir.

¿Cuáles son los factores que señalan un rebote de la economía en 2021?

El Gobierno tiene como meta crecer por encima del 5 % en 2021. Esta proyección está fundamentada en el plan de vacunación contra el COVID-19, junto con una estrategia para la aceleración en la entrega de proyectos de infraestructura y la reactivación del sector de edificaciones a través de los incentivos para la compra de vivienda tanto VIS como No VIS - FRECH. Adicionalmente, un aumento del precio de los commodities y la recuperación del crecimiento mundial, que el FMI estima en 5,5 %, contribuirían a que la actividad económica se empiece a normalizar. Del mismo modo, se espera que los sectores que más sufrieron en el 2020, como el comercio y servicios como alojamiento, restaurantes y actividades artísticas, presenten una normalización de su situación.

¿Le suena al Gobierno no volver a la regla fiscal en 2022, sino en 2025, como lo propone el FMI para hacer menos fuerte la reducción del déficit fiscal?

Hoy en día en el mundo entero se está discutiendo cuál debe ser el marco de la política fiscal. El debate global ha alcanzado consensos en dos frentes. Primero, la posición expansiva debe mantenerse en el corto plazo para acompañar la recuperación. Segundo, en el mediano plazo debe haber un ajuste fiscal que conduzca la deuda a niveles prudenciales. Pienso que la discusión en Colombia debe centrarse en esos dos aspectos.

¿Cuánto ha utilizado el Gobierno de los US$5.400 millones de la Línea de Crédito Flexible del FMI?

Hoy se han monetizado US$3.111 millones que están disponibles, bajo el principio de unidad de caja, para respaldar los gastos del Gobierno cuando se necesite.

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