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Vía Bogotá-Girardot: acuerdo destraba obras y evita disputa de COP 185.000 millones

La ANI y Vía Sumapaz pactaron una salida para adquirir los predios que siguen pendientes desde la antigua concesión. La empresa renunciará a reclamaciones por más de COP 185.000 millones en un arbitraje internacional y asumirá la gestión predial para terminar cuatro unidades funcionales.

Vía Bogotá-Girardot.
Las obras del corredor Bogotá-Girardot tienen un avance superior al 97 %.

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Un problema que lleva más de una década sin resolverse acaba de encontrar una salida.

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la concesionaria Vía Sumapaz firmaron un acuerdo para completar la adquisición de los predios que todavía impiden terminar algunas obras del corredor Bogotá-Girardot. El arreglo también pone fin a una controversia que ya había llegado a un tribunal internacional y cuyas reclamaciones superaban los COP 185.000 millones.

El asunto no es menor para una de las vías más transitadas del país. Por sus 144,8 kilómetros circulan más de 18 millones de vehículos al año, según la ANI. Aunque el proyecto del Tercer Carril registra un avance superior al 97 % en las cuatro unidades funcionales involucradas, la falta de disponibilidad de algunos terrenos había impedido completar las intervenciones.

El origen del problema se remonta a la antigua concesión Bosa-Granada-Girardot. En 2013, cuando el Gobierno anunciaba acuerdos para acelerar las obras de la vía, ya se hablaba de destinar cerca de COP 54.000 millones a la compra de predios. De manera que la situación en la vía no es particularmente nueva, pues trece años después, parte de la gestión predial para la obra seguía sin concluir y terminó afectando el desarrollo del contrato que hoy está en manos de Vía Sumapaz.

¿Qué cambia con el acuerdo?

El otrosí firmado establece que Vía Sumapaz asumirá, por su cuenta y riesgo y en nombre de la ANI, la gestión predial y social de los terrenos pendientes, hasta que queden registrados a nombre de la Nación. La agencia, por su parte, pagará la compra de los inmuebles y las compensaciones socioeconómicas con recursos del Fondo de Contingencias destinado a cubrir el riesgo predial de la antigua concesión.

La fórmula busca evitar que el conflicto genere nuevas obligaciones para el Presupuesto General de la Nación. Sin embargo, no significa que la adquisición de los terrenos ya esté terminada: el concesionario deberá adelantar los trámites y completar el proceso para que las obras puedan culminarse.

El punto más importante del arreglo está en la controversia económica. Vía Sumapaz renunciará de manera expresa e irrevocable a las reclamaciones relacionadas con estos predios, que superaban los COP 185.000 millones, dentro del arbitraje internacional que adelanta ante el Centro Internacional de Resolución de Disputas (CIRD).

La ANI también sostiene que el acuerdo evita una eventual terminación anticipada del contrato. Su presidente, Ricardo Ayerbe, advirtió que, sin una salida negociada, el Estado habría tenido que asumir la operación del corredor. "Aquí no. Aquí se salvó el proyecto, se protegió el patrimonio público y se garantizó que la vía se entregue completa, como se pactó", afirmó.

Una obra que todavía arrastra cuentas pendientes

La discusión predial ha acompañado durante años la ampliación de la vía Bogotá-Girardot. En abril de 2025, cuando el proyecto se acercaba a su entrada en operación, todavía había reclamos de propietarios por avalúos, compensaciones y trámites de adquisición. En municipios como Silvania y Fusagasugá, las afectaciones no se limitaban a los terrenos: también había comerciantes que cuestionaban las demoliciones y los cambios que las obras habían provocado en sus negocios.

El acuerdo anunciado ahora se concentra en los predios heredados de la antigua concesión y en las reclamaciones asociadas a ellos.

Contexto: Bogotá-Girardot, la vía que promete una hora menos, pero deja una deuda pendiente

La concesionaria Vía Sumapaz, filial del grupo francés VINCI Highways, tiene a su cargo un corredor de 144,8 kilómetros que conecta a Bogotá con Girardot y sirve de conexión hacia el sur del país y el puerto de Buenaventura. El proyecto contempla la ampliación de tramos a tres carriles por sentido, rehabilitación de calzadas y construcción de puentes, túneles y otras obras complementarias.

Con el nuevo acuerdo, la ANI busca cerrar uno de los obstáculos contractuales que todavía quedan para completar las intervenciones. La gestión predial deberá traducirse ahora en terrenos adquiridos, obras terminadas y unidades funcionales habilitadas. Después de años de retrasos y reclamaciones, esa es la parte que los usuarios de la vía todavía esperan ver sobre el asfalto.

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