Viceministro TIC Iván Durán fue encargado de esa cartera

Iván Durán, viceministro de transformación digital

Foto: mintic

Iván Durán, viceministro de Transformación Digital, fue designado como encargado del ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), tras la renuncia de Karen Abudinen, que se oficializó el jueves en la tarde.

Durán se posesionó en el Viceministerio el 27 de julio pasado, cuando llegó a reemplazar en el cargo a Germán Rueda.

El ahora encargado de la cartera TIC es economista de la Universidad Nacional y máster en Ciencias Económicas y en Investigación Aplicada en Economía. Es doctor en Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona (España).

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Entre los cargos que ha ocupado se cuenta la dirección de Desarrollo Digital del Departamento Nacional de Planeación (DNP), entidad en la que previamente había sido subdirector de Prospectiva Digital y asesor de la Dirección de Desarrollo Digital.

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Asimismo, fue investigador en el Consorcio Universidad Internacional Menéndez Pelayo y en el Berlín Graduate School of Social Sciences en Alemania, además de su cargo como asistente de investigación en Fedesarrollo.

Fracasa moción de censura

Uno de los hechos que motivó la renuncia de la cuestionada ministra fue la aprobación en la Cámara de Representantes de una moción de censura. Pese a haber superado la primera prueba, el apoyo a la destitución fue creciendo. Pero una vez comenzó el debate, por no reunir mayorías, se hundió la moción de censura en contra de Karen Abudinen. La situación llevó a la oposición a levantar la voz, pues desde la bancada oficialista y cercanos se abstuvieron de participar en la votación para que esta no pudiera realizarse. De esta forma, se embolató la moción de censura en la que los números daban para que el gobierno Duque se convirtiera en el primero al que le aplicaran una moción de censura.

A pesar de que la sesión fue convocada en viernes, día en el que normalmente los congresistas viajan para sus regiones, se tuvo el quorum para comenzar la sesión sin contratiempos -aunque vale reseñar que una gran mayoría asistían a través de Zoom-. Sin embargo, los problemas vinieron al momento de llevar a cabo la votación.

A pesar de que los representantes de oposición presentes en el capitolio pidieron que se hiciera votación nominal, para que se llevara un control de los que votaban y el sentido de su decisión, la presidenta Jennifer Arias, que hace parte del Centro Democrático, decidió que la votación tenía que llevarse a cabo a través de la plataforma. Esta fue la herramienta aprovechada por los cercanos al oficialismo para garantizar que no prosperara la votación de la moción de censura contra Karen Abudinen.

La mayoría de representantes respondieron al primer llamado a lista pero no emitieron su voto para que no hubiera la cantidad de votos mínimos para que la decisión tuviera validez. De esta forma, los afines al Gobierno lograron que fracasara la acción en contra de Abudinen, que, a pesar de haber renunciado, antes de la sesión de este viernes tenía los votos en contra suficientes para que pasara a la historia como la primera ministra censurada por el Congreso desde que se instauró la figura en la Constitución de 1991.

Por no alcanzar la mayoría absoluta, no se le pudo aplicar la moción de censura a Karen Abudinen. No importó que la votación quedó 56 votos a favor y solo 30 en contra. Esto debido a que se necesitaban 85 votos afirmativos para que la acción contra Abudinen surtiera efecto. Se contaba con los votos de toda la bancada del Partido Liberal, del Partido de la U y varios de los conservadores, que anunciaron que no apoyarían a la ministra. Sin embargo, minutos antes decidieron no dar su voto y de esta forma fracasó la medida contra la exministra de las TIC y el gobierno. Aunque 140 representantes estaban conectados, solo 86 emitieron un voto.

El comienzo de un escándalo

El 15 de agosto de 2020 el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC, publicó el borrador del pliego de condiciones del proyecto Centros Digitales para recibir comentarios de los interesados. Se trataba de “garantizar el acceso gratuito al servicio de Internet inalámbrico WiFi para unas 10.000 comunidades rurales con una operación a largo plazo y sin interrupciones”, nos decía este primer artículo en donde también nos contaban que “para lograrlo sería necesaria una inversión de $2,1 billones”.

1′300.000 estudiantes serían beneficiados. 7800 metros cuadrados de cobertura de alcance tendría cada punto para conectarse con dispositivos con Wifi.

En nuestro país “internet no es considerado un servicio público. Al igual que la televisión por cable, llega solo a donde pueden pagar por él”, recordaba un informe de El Espectador. A finales de 2019, cuando se asomaba la pandemia en los titulares, el total de accesos a internet móvil en Colombia alcanzaba los 30,9 millones, superando con creces los accesos fijos, que fueron de 6,96 millones. Y se definió la velocidad de la banda ancha en 25 Mbps de bajada mínimo para la descarga de datos y 5 Mbps de subida para cargar los archivos. Pero la realidad es que el promedio de descarga en Colombia era del 18,9 Mbps, muy por debajo de lo necesario.

Para el 27 de noviembre estaba citada la adjudicación de la operación de los 10.000 sitios que, en línea con la lógica de las necesidades, serían instalados en escuelas públicas y las comunidades aledañas con este proyecto que el Gobierno denominaba el de “conectividad rural más grande en la historia del país, precisa el informe”.

El proyecto se dividió en dos: una región contemplaba 16 departamentos y la otra, 17 (contando a Bogotá como departamento). Se trataba de dejar conectadas, también, a 45.000 sedes educativas públicas que hay en el país, garantizando el servicio a 10 años. Para ese momento la ministra de TIC, Karen Abudinen, fue clara en su postura: “Dejar a todo el mundo contento es muy difícil, pero el que más centros, tiempo y velocidad ofrezca será el que podrá tener mayor oportunidad en el proceso. Estoy tranquila porque lo hemos hecho a conciencia”. Según el Mintic, el proceso venía contando con el acompañamiento de la Procuraduría y la Contraloría.

Comienza el escándalo de Centros Poblados

Las publicaciones de El Espectador indicaron que, para mediados de junio estalló el escándalo. Según varias revelaciones periodísticas, el avance de obra no se estaba cumpliendo. Para el 30 de abril no se había instalado ni un solo de los puntos digitales de los 750 que deberían estar listos en igual número de escuelas. Pero el Gobierno ya le había girado $70.000 millones a la Unión Temporal Centros Poblados. Ante la evidencia inocultable, el Ministerio, ya para finales de junio, denunció al contratista por la falsedad revelada por la prensa.

Dice El Espectador que el caso fue tomando más fuerza porque el país le exigía explicaciones al Gobierno, al Ministerio que estaba detrás de la estructuración del proyecto y, por supuesto, a los contratistas.

“Unas garantías bancarias falsificadas, un anticipo de $70.243 millones que en su mayoría salió del país, una solicitud de caducidad, un contrato incumplido, un contratista diciendo que ha sido traicionado en su buena fe, una interventoría que parece no haber hecho su trabajo y un Ministerio en medio de una crisis enorme entrando al último año de la administración del presidente Iván Duque”.

De esta forma resumía el editorial de El Espectador la situación comenzando agosto, el mes en el que todos empezaron a pasarse la pelota. Bien lo decía el mismo texto: “Lo fundamental y urgente es recuperar el dinero y entender qué ocurrió; después de eso, las responsabilidades penales y políticas tendrán que ser contundentes”. Difícil entender que nadie se diera cuanta de algo tan básico. Solo bastaba con hacer una llamada para verificar la autenticidad de los documentos.