Más allá de los estratos: cómo leer el debate sobre Colfuturo y el acceso a posgrados

Los últimos días han sido agitados para el sector educativo. En la noche del 23 de diciembre, un comunicado de Colfuturo que anunció el fin de la cooperación entre el Estado y la fundación para financiar estudios de posgrado en el exterior, desató una ola de reacciones difícil de dimensionar. Políticos, académicos, estudiantes y exbeneficiarios se volcaron a las redes sociales con opiniones diversas.

Este lunes, durante una rueda de prensa (a la que El Espectador fue inicialmente invitado, luego desinvitado por supuestas “razones de organización” y posteriormente vuelto a invitar), la ministra de Ciencia, Yesenia Olaya Requeme, insistió en algunos de los argumentos con los que el Gobierno Nacional ha justificado su decisión. En primer lugar, aseguró que el Ejecutivo ha cumplido con todos sus compromisos financieros con Colfuturo, por lo que los beneficiarios de la convocatoria 2025 contarían con los recursos para cubrir sus créditos-beca.

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Luego, sostuvo que el modelo de crédito-beca de la fundación “no respondía a unos criterios de democratización en el acceso a la formación de más alto nivel del país”. La ministra reiteró una cifra que ha circulado en redes sociales: que más del 70 % de los beneficiarios de Colfuturo en los últimos 19 años pertenecen a los estratos 4, 5 y 6, mientras que, en promedio, solo un 8 % ha correspondido a los estratos 1 y 2. En ese sentido, afirmó que “la inclusión de beneficiarios en condiciones de alta vulnerabilidad social ha sido una excepcionalidad en el marco de la implementación”.

Pero, es posible que esa lectura de las cifras tenga varios matices.

¿Una cuestión de estrato?

Como suele ocurrir con las cifras, su interpretación depende en buena medida del periodo que se observe y del énfasis que se elija. Colfuturo reporta que en los últimos 18 años, entre 2007 y 2025, 16.800 colombianos cursaron estudios de maestría y doctorado con el apoyo del programa. Al desagregar a los beneficiarios por estrato, el 6 % de los beneficiarios provino de los estratos 1 y 2, mientras que el 20 % perteneció al estrato 3. El 74 % de quienes accedieron al programa se ubicó en los estratos 4, 5 y 6, siendo el estrato 4 el grupo más representado, con un 33 %, seguido de los estratos 5 (21 %) y 6 (20 %).

Desde el punto de vista de la estratificación, sin embargo, el estrato 4 suele considerarse de ingresos medios, más cercano al estrato 3 que a los estratos 5 y 6. De hecho, en el DANE, el corte se realiza así: estratos 1 y 2 como bajos; 3 y 4 como medios; y 5 y 6 como medio-alto y alto, respectivamente. Bajo esa mirada, el 59 % de los beneficiarios de Colfuturo pertenecería a los estratos bajo y medio (del 1 a 4), mientras que el 41 % correspondería a los estratos altos (del 5 al 6). Esta lectura ofrecería un matiz algo distinto al argumento de que el programa ha beneficiado mayoritariamente a los sectores de mayores ingresos.

En todo caso, hay voces que piden cautela antes de sacar conclusiones. Pablo Sanabria Pulido, investigador y profesor de la Universidad Eafit, señala que cualquier evaluación debería partir por aclarar qué es exactamente lo que se está evaluando. “Hay mucho desconocimiento tanto de lo que es Colfuturo, como del rol del Estado en la colaboración con Colfuturo y hasta dónde llegan tanto las acciones del Estado como las expectativas que la gente puede tener sobre Colfuturo”, afirma. En esa línea, recuerda que Colfuturo es una alianza público-privada. “No es un programa o instrumento público en sentido estricto”.

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Esa distinción, sostiene Sanabria, es clave para el debate actual, pues implica que exigirle a Colfuturo resultados propios de una política pública integral de cobertura o equidad educativa puede no ser del todo realista. Con él concuerda Fabio Sánchez Torres, investigador de la U. de los Andes y quien en 2021 hizo parte de un grupo de académicos que lideró una evaluación de impacto de Colfuturo. “Uno tiene que mirar el programa de acuerdo con sus objetivos. ¿Qué miramos nosotros? Por ejemplo, cuántos regresaron. Más o menos un 90% de los beneficiarios regresa. ¿Cuántos están vinculados al sector público? En proporción con los que no les dieron beca, pues más del doble”, dice como ejemplo.

Quizá una de las cifras que más resaltan es que el estudio encontró una relación beneficio–costo de 1,65, lo que quiere decir que por cada peso que la sociedad invirtió en financiar un posgrado en el exterior a través de Colfuturo, se generaron 1,65 pesos en beneficios económicos para el país. Es decir, la inversión “se paga” y deja una ganancia.

Pero esto no explica por qué, según la ministra, “la inclusión de beneficiarios en condiciones de alta vulnerabilidad social ha sido una excepcionalidad” en Colfuturo.

Para algunas personas con experiencia en programas de becas internacionales, como Diana Basto Castro, exdirectora del programa Fulbright en Colombia —una iniciativa binacional que otorga becas para estudios de posgrado y estancias académicas en el exterior—, “hablar solo en términos de estratos sociales esconde mucha información. Hay un tema, por ejemplo, de acceso a la educación superior. El país, en las últimas décadas, ha dado un salto en ese sentido, aunque todavía no estamos por encima del 60 %. Programas como Ser Pilo Paga, Generación E y otros impulsados por distintos gobiernos han permitido que haya un mayor acceso a la educación superior. Eso también empieza a generar transformaciones en los estatus económicos. Una persona beneficiaria de un programa como Ser Pilo Paga, que era estrato dos, entra, por ejemplo, a la Universidad de los Andes, consigue un trabajo y, seguramente, ya no es estrato dos, sino estrato tres o estrato cuatro”.

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Basto se refiere a algo que en la academia se conoce como movilidad social y que describe los cambios en la posición socioeconómica de una persona o de un hogar a lo largo del tiempo, o en comparación con la generación anterior. En este caso, ella apunta a un mecanismo específico: el acceso a educación superior de alta calidad como palanca de cambio en el estatus socioeconómico. María José Álvarez Rivadulla, investigadora y docente de la Universidad de los Andes, ha estudiado durante años este concepto. “Los colombianos siguen reconociendo y creyendo firmemente en la educación como una de las alternativas más importantes para la movilidad social. Entonces, ¿quiénes hacen posgrados? Los que logran pasar por el embudo de la educación en Colombia”, dice.

Con “embudo”, Álvarez Rivadulla se refiere a un proceso en el que, a medida que se avanza en el sistema educativo, cada vez menos personas logran continuar. Aunque el acceso a la educación superior ha aumentado en las últimas décadas, solo una fracción de quienes comienzan el recorrido educativo llega a culminar un pregrado, y una proporción aún menor tiene las condiciones académicas, económicas y sociales para aspirar a un posgrado, especialmente en el exterior. Ese filtro previo hace que los programas de formación avanzada tiendan a concentrarse en personas que ya han superado múltiples barreras.

Algunas cifras ayudan a entender eso. De 516.218 bachilleres graduados en 2023, 237.141 ingresaron inmediatamente a la educación superior en 2024, es decir, el 45,94%, según cifras del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior. Incluso asumiendo cifras más amplias, el porcentaje sigue sin superar el 60%. Según el DANE, para 2024 la población entre 17 y 21 años en Colombia era de 4.079.231 jóvenes. Asumiendo que toda esa población se encuentra en edad de acceder a educación superior, para ese mismo año, el porcentaje de jóvenes que se encontraba matriculado en algún nivel de pregrado (técnico, tecnológico y universitario) era de 57,53 %. Si contamos solo pregrados universitarios, el número de matriculados reportados al Mineducación para 2024 fue de 1.637.436 jóvenes, es decir, 40,1 % de la población joven.

“Entonces, los que logran hacer un posgrado —que son justamente los que estamos cuestionando en este momento— tienden a ser personas que, por distintas razones, han tenido un mayor nivel de privilegio, sin duda”, señala Álvarez. En ese contexto, resulta lógico que quienes piensan y logran estudiar maestrías y doctorados fuera del país sean aquellos que ya han superado múltiples barreras y que, probablemente, hoy cuentan con mejores condiciones socioeconómicas que las que tenían al iniciar el pregrado. Pero eso, dice la investigadora de los Andes, plantea una cuestión: “Si simplemente damos becas a los que logran superar el embudo educativo, vamos a privilegiar a los sobrevivientes”.

Ese último punto puede ser importante para ampliar la discusión más allá de Colfuturo y poner el foco en cómo romper ese “embudo”. “Nosotros impulsamos en Fulbright becas para estudiantes de primera generación y eso se logró con cambios en la ponderación de la selección”, recuerda Basto. La estrategia, explica, partió de un diagnóstico concreto, algo similar al que quizá Minciencias hace con Colfuturo: el equipo hizo “un análisis de cómo era el perfil de un beneficiario tradicional de las becas Fulbright” y encontró una concentración marcada en un grupo muy específico: “muy concentrado en género masculino, por supuesto estrato 6, por supuesto una universidad privada y principalmente originarios de Bogotá”.

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La pregunta, entonces, fue cómo abrir la puerta a otros perfiles sin sacrificar la exigencia académica de los programas. La respuesta, cuenta Basto, no fue “bajar la barra”, sino ampliar quiénes lograban llegar a competir en igualdad de condiciones. Para ello, Fulbright empezó a priorizar criterios de diversidad en su proceso de selección —como ser primera generación universitaria, pertenecer a grupos étnicos, tener alguna discapacidad, así como el origen regional y el género—, incorporándolos en la ponderación, pero manteniendo intactos los requisitos académicos y de idioma. “Nunca buscamos bajar la barra”, enfatiza.

Ser primera generación o provenir de una región distinta a Bogotá no implicaba pedir puntajes menores ni relajar las exigencias en pruebas o en el dominio del inglés. El objetivo era que más personas con esos perfiles lograran llegar al proceso, sabiendo que luego enfrentarían exactamente las mismas condiciones que cualquier otro candidato. De lo contrario, advierte, se corría el riesgo de hacer “acción con daño”: enviar estudiantes a programas muy demandantes sin las herramientas necesarias para sostenerse en ellos.

Los resultados de la estrategia, según Basto, fueron bastante dicientes. El perfil de los beneficiarios se diversificó, el programa recibió reconocimiento internacional por ese giro y muchos de esos estudiantes (varios de ellos también beneficiarios de iniciativas como Ser Pilo Paga) culminaron con éxito sus posgrados. “Ahí está la prueba de que sí hay formas de hacerlo”, concluye, “de ampliar el acceso sin renunciar a la calidad ni a la exigencia”.

Por esto, para muchos expertos el debate alrededor de Colfuturo revela menos un problema exclusivo del programa y más una tensión estructural del sistema educativo colombiano. “Siempre las cosas se pueden hacer mejor, pero pensar en acabarlas es un error que pagamos todos”, dice Basto. En lugar de suprimir este tipo de iniciativas, coinciden, el reto podría estar en articularlas mejor con políticas públicas capaces de ampliar el acceso desde etapas anteriores del sistema educativo y de reducir el “embudo” que deja por fuera a buena parte de los jóvenes antes siquiera de que puedan aspirar a un posgrado.

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