A tan solo tres semanas de que haya, oficialmente, un cambio de gobierno, el de Gustavo Petro se la va a jugar por presentar ante el Congreso un proyecto para reformar la Ley 30 de 1992, que es la que le ha dado forma a la educación superior colombiana.
El anuncio fue hecho por el Ministerio de Educación. En un comunicado de prensa indicó que, con el nuevo periodo de sesiones ordinarias, presentará un “proyecto recoge una demanda histórica por el derecho a la educación superior y abre el debate sobre el futuro de este nivel educativo en Colombia”.
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Aunque no dio muchos detalles del contenido del documento, señala que busca una reforma integral para “transformar la educación superior” en el país.
“La propuesta es el resultado de un amplio proceso de construcción colectiva liderado por el Ministerio de Educación Nacional. Entre 2023 y 2026, estudiantes, docentes, rectores, trabajadores, organizaciones académicas y actores territoriales participaron en espacios de diálogo desarrollados en todo el país, cuyos aportes fueron incorporados al proyecto que iniciará su trámite legislativo en el Congreso de la República”, señaló la cartera liderada por Daniel Rojas.
Según el Mineducación, ese proyecto de ley pretende, a grandes rasgos, “actualizar el modelo de educación superior para fortalecer este nivel educativo como un derecho y un bien común”.
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Además, dice que fortalecería “la investigación, la ciencia, la tecnología y la innovación”, así como promovería “una mayor participación de las comunidades académicas”.
El proyecto de ley se presenta luego de que el Congreso aprobara, a finales del año pasado, un proyecto que reformó los artículos 86 y 87 de la Ley 30.
Con ese cambio se va a modificar la “fórmula” que se emplea para determinar el monto que año a año les debe destinar el Estado a las universidades públicas del país.
De hecho, había sido una petición que con frecuencia hacían quienes estaban al frente de esas instituciones de educación superior. En ese entonces, Jairo Torres, rector de la Universidad Córdoba y presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE), lo que sucedió aquella vez en el Congreso había sido el resultado de una lucha y “una reivindicación en la última década por tratar de construir un modelo de financiamiento que responda al presente de las universidades”.
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