Este martes 25 de noviembre, la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes aprobó, por unanimidad, el proyecto de ley que buscar modificar la fórmula y la metodología para el cálculo del presupuesto de las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas en Colombia. A la iniciativa, radicada por el Ministerio de Educación, aún le queda un debate más en la plenaria de la Cámara.
El jefe de la cartera, Daniel Rojas Medellín, celebró la noticia y aseguró que el proyecto pretende “cambiar el esquema de financiación para ir cerrando esa brecha histórica que ha acumulado un déficit enorme en las universidades públicas”.
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Otros personajes que han aplaudido su aprobación en tercer debate son Jairo Miguel Torres Oviedo, rector de la Universidad de Córdoba y presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE); el senador León Fredy Muñoz; y los representantes a la Cámara, que votaron a su favor, Cristóbal Caicedo y Jennifer Pedraza.
“Esto aseguraría más plata estable para las universidades públicas: actualiza cómo se calculan los costos y aumenta lo que aporta el Estado”, dijo la congresista Pedraza.
Puntualmente, la iniciativa plantea reformar dos artículos de la Ley 30 de 1992. Uno de ellos es el 86, frente al cual se propone un nuevo Índice de Ajuste. El presupuesto base de las universidades se actualizará, según la propuesta, anualmente, utilizando el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), calculado por el DANE. Este índice refleja de manera precisa la variación de los costos que enfrentan las IES públicas —incluyendo matrículas, salarios, funcionamiento e inversión—, corrigiendo el desfase que actualmente existe con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
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Según el SUE, los costos operativos de las universidades públicas crecen en promedio 9 % cada año, mientras que el presupuesto base solo se ajusta por el IPC, que históricamente ha sido de aproximadamente el 4 %. Esto genera un déficit anual estructural de 5 puntos porcentuales.
Por otro lado, en cuánto al artículo 87, la reforma busca que los aportes adicionales de la Nación se incrementen en un porcentaje no inferior al 70 % del crecimiento real del PIB, frente al 30 % vigente.
La representante Pedraza ha asegurado que, con la aprobación del proyecto, no están “pidiendo un favor”, sino que se busca corregir “un error de voluntad política. Las universidades necesitan que su presupuesto crezca al ritmo de sus costos reales (9%), no al ritmo de la inflación general (4%). Esa diferencia del 5% anual es el déficit que hoy pagamos con la calidad educativa”.
Sin embargo, la iniciativa no ha estado exenta de críticas. Durante su debate en la plenaria del Senado, en septiembre pasado, la senadora Paloma Valencia afirmó que la situación fiscal del país no permite comprometer los recursos que el Gobierno propone para la educación superior, y que es necesario “establecer reglas que permitan ajustarse a la realidad fiscal del país”.
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En todo caso, la propuesta ha logrado incorporar proposiciones de distintas bancadas, incluyendo a los partidos Mira, La U, Conservador, En Marcha, Centro Democrático y Alianza Verde. “El movimiento estudiantil, profesoral y trabajadores de la Educación Superior han puesto esta bandera, al punto que hoy genera un acuerdo nacional entre múltiples posturas políticas”, subrayó Pedraza.
Por su parte, el Mineducación apuntó que la aprobación, al haber contado incluso con apoyo de las bancadas de oposición, “evidencia que es posible construir acuerdos nacionales en temas fundamentales para el país”.
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