
Desde agosto, los colegios en concesión, públicos pero administrados por organizaciones privadas sin ánimo de lucro, han estado en el centro de un intenso debate. Un borrador de decreto del Ministerio de Educación para cambiar las reglas de su contratación desató críticas por la posible participación de iglesias o confesiones religiosas y por lo que algunos leyeron como una posible “privatización”. Mientras avanzaba la discusión, en Bogotá crecía la incertidumbre sobre el futuro de 22 de las 35 instituciones que funcionan bajo este esquema, pues sus contratos vencen en diciembre.
Ahora, la Secretaría de Educación le confirmó a El Espectador que va a prorrogar por dos años esos contratos. Pero, hay una discusión abierta: si bien algunas evaluaciones, como una pagada por el Distrito, respaldan los resultados de los colegios en administración, persisten las dudas sobre los salarios de sus docentes, a qué estudiantes atienden y si las ciudades que hoy ven cómo su matrícula disminuye, como Bogotá, todavía los necesitan.
Según Julia Rubiano, secretaria de Educación de Bogotá, ya están trabajando en la prórroga y la explicación responde a un marco jurídico, pues cuando se firmaron los contratos, en 2017, la ley permitía suscribirlos hasta por 12 años, pero el Distrito optó por renovarlos por 10. Además, agrega, no está atada al borrador del Ministerio, que, tras la salida de Viviane Morales de la cartera, en septiembre, sigue sin una versión final.
Para dimensionar lo que estaba en juego, bastan un par de cifras: Bogotá cuenta con 412 colegios públicos, de los cuales 377 los administra el Distrito y 35, operadores privados sin ánimo de lucro, que atienden a 38.726 estudiantes, es decir, cerca del 6 % de la matrícula total. De este grupo, 26.000 niños y niñas están inscritos en las 22 instituciones cuyos contratos vencen en diciembre, en localidades como Bosa, Usme, Ciudad Bolívar, Kennedy y Suba.
Pero estos colegios en concesión, a diferencia de lo que se cree, no son privados. Rubiano explica que los estudiantes que se matriculan en estos 35 planteles de Bogotá no pagan ninguna matrícula y tienen el mismo proceso de inscripción y asignación de cupos que cualquier otra institución del Distrito. También, recuerda, “la infraestructura es distrital”. Su diferencia, entonces, radica en quién los administra.
Jorge Valencia, coordinador de investigaciones del Observatorio de Educación del Caribe Colombiano de la Universidad del Norte, señala que para los colegios en concesión el Estado es quien pone la infraestructura y los recursos, y un operador, elegido por licitación, organiza el servicio, define la propuesta pedagógica y maneja el personal a cambio de una canasta educativa, es decir, de un pago por cada estudiante.
Ese operador, que debe comprobar cierta experiencia en el campo educativo, se encarga de contratar a los profesores, que no hacen parte de la planta docente de la Secretaría. “Tiene la capacidad de sacar a un maestro cuando no cumple con las metas o el modelo. Es decir, hay mayor rotación que en el sector público”, dice Felipe Barrera-Osorio, profesor de la Universidad de Vanderbilt (Estados Unidos) y quien ha estudiado de cerca estos colegios.
Detrás de estos colegios en concesión, que comenzaron en 1999, durante la primera alcaldía de Enrique Peñalosa, están comunidades religiosas como Fe y Alegría, los Salesianos, los Hermanos Maristas o la Corporación Educativa Minuto de Dios. También otras organizaciones como Alianza Educativa, Cafam y el Gimnasio Moderno. El objetivo que se había propuesto Peñalosa era impulsar el modelo como parte de una política para ampliar la cobertura en zonas de la ciudad con déficit de cupos.
Desde 2015 se denominan Colegios en Administración del Servicio Educativo (CASE) y la idea era que solo se pudiese contratar la prestación de su servicio educativo cuando hubiera insuficiencia, es decir, cuando el Estado o el Distrito no tuvieran los cupos, docentes o infraestructura para atender a los alumnos.
Su historia en Bogotá, no obstante, ha estado marcada por vaivenes políticos. Uno de ellos fue en 2014. En medio de un pulso entre el Concejo y el alcalde de ese entonces, Gustavo Petro, sobre las vigencias futuras para prorrogar esos contratos, tres de los 25 colegios que existían pasaron a ser administrados por el Distrito. Dos años después, en el segundo mandato de Peñalosa, se aprobaron COP 817.549 millones para garantizar la operación de 22 instituciones entre 2017 y 2026, y en 2018 dio luz verde a otras 13, con contratos hasta 2028. Estos planteles son los que funcionan actualmente.
Las cifras que respaldan el modelo
Para sustentar la prórroga, el Distrito se basa en una evaluación de impacto que contrató con la unión temporal conformada por el Centro Nacional de Consultoría y la empresa de consultoría Ingeplan. El economista Fabio Sánchez fue uno de los investigadores que participó y cuenta que la apuesta fue seguir durante más de una década la trayectoria de los estudiantes. "Miramos aquellos que empezaron transición en 2010 en un colegio en administración y los comparamos con quienes empezaron, pero en uno distrital”, asegura. El seguimiento fue hasta 2025.
Los resultados, en términos generales, parecen favorables: de cada 100 estudiantes que comienzan en uno de estos colegios, cerca de 75 terminan, mientras que en los distritales que hicieron parte de la investigación la cifra ronda los 62. En las pruebas Saber 11, la diferencia entre los CASE y los oficiales es de 12 puntos a su favor. Esa brecha, según Sánchez, investigador asociado de la Universidad de los Andes, se ha aumentado durante la trayectoria educativa.
Para los autores de esa evaluación, la ventaja no parece explicarse porque estos colegios en concesión reciben “mejores estudiantes”, como se ha rumorado en este debate. Como evidencia, Juliana Márquez, vicepresidenta de Evaluación e Implementación de Políticas y Programas del Centro Nacional de Consultoría y quien también participó en este examen, señala que aplicaron una prueba de conocimientos tempranos a niños y niñas de transición en marzo, cuando apenas iniciaban su formación. Entre los puntos, por ejemplo, estaba si sabían cómo se cogía un cuento, si podían leerlo o contar hasta cierto número.
"En transición llegan igual. Y, a medida que va pasando el tiempo, la diferencia en las pruebas de conocimiento es más alta. Cuando llegan a once, la brecha es mucho más amplia”, describe Márquez. Según los resultados de la evaluación, la diferencia entre los dos grupos es menor hasta séptimo grado y se amplía en noveno y once.
A una conclusión similar había llegado Barrera-Osorio, quien hace dos años, en un estudio con Andrew Dustan y la organización Innovations for Poverty Action (IPA), aprovechó el sorteo de cupos para comparar a niños y niñas que entraron a estos colegios con otros que aplicaron, pero no lo lograron. "Al cabo de un año, las pruebas cognitivas eran significativamente más altas en los colegios en administración. Las socioemocionales, también", resume.
¿Qué podría explicar estas diferencias? Para Sánchez, Ph.D. en Economía, la respuesta está en lo que ocurre en las aulas: "Hay mejores prácticas pedagógicas, mejor retroalimentación de los docentes, mejor uso de materiales, mayor capacitación de los maestros". Rubiano, de la Secretaría, coincide, y lo ilustra con lo que le han dicho los profesores: “Cuentan que en sus salones, durante un año, pueden entrar tres o cuatro veces para recibir retroalimentación”.
En la evaluación que hizo, agrega Sánchez, experto en Economía de la Educación, también encontró que el modelo es más económico, pues mientras que un estudiante de un colegio distrital le cuesta al sistema cerca de COP 48 millones, uno de colegio en administración le vale aproximadamente COP 35 millones.
Salarios de profesores, un reparo a los colegios en concesión
Pero esta evaluación no está exenta de reparos y, durante un debate de control, realizado el pasado 16 de octubre, en el Concejo de Bogotá, la concejala Heidy Sánchez, del Pacto Histórico, puso el tema sobre la mesa. Una de sus críticas apunta a uno de los asuntos más sensibles: las condiciones de los docentes.
Sánchez, de los Andes, reconoce que los docentes de los colegios en concesión ganan menos que los del Distrito, pero explica que, en parte, se debe a que tienen menos formación. De hecho, los datos que ofrece muestran que el 72 % de los maestros de las instituciones públicas, tienen maestría y ese porcentaje baja al 25 % en los de administración. "Son más jóvenes, con menos experiencia, menos nivel de educación, pero con mejores resultados educativos", precisa.
Las cifras que expone la concejala Sánchez muestran que, de acuerdo con los datos reportados por la Secretaría de Educación, en 2026 el salario promedio de un docente en un colegio oficial era de COP 6,8 millones, mientras que los operadores reportan salarios que oscilan entre COP 2,9 y los COP 4 millones.
Esa diferencia, en opinión de Ómar Garzón, investigador del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, es parte de la explicación de los buenos resultados. "Su éxito en parte se debe a la libertad de manejar los profesores, pero a costa de pagar menos, aprovechándose de las necesidades económicas", sostiene y asegura que conoce de primera mano el caso de un colegio donde los docentes tienen contratos por 11 meses, mientras que uno de una institución pública recibe 12 pagos al año, prima y otros factores salariales.
A estas condiciones, según Garzón, se suma que los docentes no tienen acceso a los incentivos de formación de la educación pública, como becas o escuelas de formación, y que son laboralmente inestables. "Considero que el esquema no es sostenible para el balance del talento humano", dice.
Barrera-Osorio, quien ha estudiado los CASE, no desconoce el problema, pero sugiere leerlo desde otro ángulo. Para él, es importante que los colegios en concesión comiencen a pensar en diferentes estrategias para ver la forma en que pueden incrementar los salarios de los maestros. Luego, agrega que, a su juicio, “la capacidad de escogerlos y de despedirlos es justamente lo que hace sostenible el modelo”.
Por ejemplo, explica Garzón, que ha estudiado la gestión del talento humano en las instituciones de Bogotá, en un plantel público, el rector no puede trasladar a un docente y necesita dos años de resultados para generar algún cambio. Esta situación no es igual en los colegios en concesión. Allí el rector o el coordinador académico da una orden y, asegura, “la gestión del talento humano no depende de reglas fijas, sino que es de acuerdo a sus políticas internas”.
Los otros reparos a los colegios en concesión
Otra de las dudas que han surgido en este debate gira en torno a los estudiantes, pues quienes defienden el modelo suelen insistir en que estos colegios atienden a la misma población que los distritales, que principalmente son estratos 1 y 2. Sin embargo, Barrera-Osorio encontró un matiz en su investigación: “de todas las personas que pueden aplicar, están haciéndolo los menos vulnerables”.
La concejala Sánchez apunta a otra diferencia y es que en 2026, los colegios distritales atendían, en proporción, más estudiantes con discapacidad (3,41 % de su matrícula, frente a 1,73 % en los colegios en concesión); más estudiantes en extraedad, es decir, mayores de lo esperado para su grado, y más víctimas del conflicto y extranjeros (10,9 % frente a 1,8 %). Sánchez responde que, aun tomando en cuenta el estrato, si es víctima del conflicto y otras variables, existe una diferencia que no es atribuible a estas.
Hay un ingrediente más en la discusión: ¿sigue necesitando Bogotá estas instituciones educativas, en medio de una transición demográfica y del cierre de colegios? El panorama es diferente al que tenía la ciudad cuando se aprobó la ley y, en este punto, la concejala Sánchez se pregunta por qué, si la matrícula oficial cae, el Distrito decide mantener la de los colegios en concesión. “Entre 2020 y 2025, los colegios públicos perdieron más de 77.000 estudiantes”, advierte.
Para Rubiano, secretaria de Educación, es clave que se reabra el debate, especialmente para entender cuándo y cómo pueden continuar. “En este momento la ley dice que para hacer nuevos contratos se debe dar una insuficiencia", apunta.
Pero, ¿qué se entiende por insuficiencia? Según el Decreto 1075 de 2015, que reglamenta la ley, hay insuficiencia cuando una entidad territorial no puede prestar el servicio en sus colegios oficiales por falta de docentes o de infraestructura. La calidad no figura entre las causas, y eso, para Edna Bonilla, exsecretaria de Educación de Bogotá y quien estudió el modelo antes de dirigir la entidad, es un vacío.
Por eso, Bonilla, profesora de la Universidad Nacional, considera que la calidad debería estar en el centro de la discusión cuando se define si la oferta del Estado o del Distrito es suficiente, pero advierte que cualquier modificación reglamentaria debe respetar el marco legal y garantizar que la contratación tenga "una justificación objetiva y verificable".
¿Colegios de concesión en todo el país?
La insuficiencia es uno de los puntos del borrador que el Ministerio puso a consideración. El texto la mantiene como requisito para que un tercero preste el servicio, pero no para los contratos de “apoyo a la administración”, en los que la entidad territorial sigue siendo la prestadora y el operador administra. El borrador plantea que son “en desarrollo de los principios de eficiencia y colaboración administrativa”. Además, fija contratos de entre 2 y 12 años y exige a los operadores al menos diez años de experiencia.
A los ojos de Garzón, esto abre la puerta para que cualquier entidad territorial contrate “de manera no clara”, y considera que los requisitos que plantea son “minúsculos, porque es muy distinto operar colegios de gran magnitud que operar un colegio de 50 estudiantes”.
En cuanto al papel de las iglesias, que ha acaparado gran parte del debate, Bonilla recuerda que durante su gestión (entre 2020 y 2023) no hubo “casos ni dificultades con las comunidades religiosas que administraban estos colegios”. Sin embargo, resalta que, al tratarse de instituciones públicas, “deben garantizar plenamente la libertad de conciencia y de cultos”. La secretaria de Educación de Bogotá, por su parte, insiste en que los operadores religiosos llegan es por su trayectoria educativa.
Otro tema que ha generado diversas inquietudes de este borrador de decreto tiene que ver con un párrafo que señala que “entre el personal administrativo, docente y directivo docente contratado por el contratista y la entidad territorial certificada no existirá vinculación alguna. Su régimen laboral se sujetará, exclusivamente, al derecho privado”. Ricardo Moreno, exviceministro de Educación Superior del gobierno Petro, dijo a este diario el 26 de agosto, cuando se conoció esta iniciativa, que “esto puede profundizar diferencias laborales y riesgos de precarización frente a quienes pertenecen a la planta oficial”.
Hay otro punto clave en esta discusión: aunque hoy Bogotá se considera un modelo que se puede replicar a nivel internacional, el panorama de los colegios en concesión en el país es más complejo de evaluar. Valencia, del Observatorio de Educación del Caribe Colombiano de la Universidad del Norte, advierte que en este momento Colombia no cuenta con un inventario específico que permita saber cuántas instituciones con este modelo hay o dónde están ubicadas.
En sus estudios ha encontrado que en otras regiones del país es más común una segunda modalidad, como la contratación de cupos en colegios privados, en la que el Estado no entrega un colegio público a un operador, sino que le paga a uno privado para que reciba estudiantes del sistema oficial. En Soledad (Atlántico), por ejemplo, la matrícula pública y la privada están casi a la par, y algunos de esos cupos, dice, "siguen bastante cuestionados en términos de calidad y transparencia por cómo se asignan".
Por eso, a juicio de Garzón, del LEE de la U. Javeriana, que un modelo de concesión muestre buenos resultados en una región del país no quiere decir que deba ser el ejemplo que se replique en todo el territorio nacional. "Hay algunos que han sido cuestionados porque no han alcanzado los mínimos que establecen los parámetros del contrato y aun así les renuevan los contratos y los habilitan", advierte. “Es un tema que se debe mirar con lupa".
Valencia tiene una frase para resumir esta discusión: "Los colegios públicos de calidad, sí, y colegios de concesión donde se necesita".
Ahora, con la prórroga que va a hacer, Bogotá tiene dos años para resolver las preguntas que deja abiertas la evaluación y Rubiano, secretaria de Educación, asegura que “desde el Distrito queremos que sigan funcionando”. Bonilla, por su parte, pide que en el debate no se ponga a competir unos colegios con los otros, sino a entender “si queremos más o menos operadores privados, cuándo su participación está justificada, qué valor aporta y cómo contribuye a mejorar el conjunto de la educación pública".
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Helga66(40077)•08 de noviembre de 2026 – 10:25Las cifras de calidad son mejores en los colegios de concesión en comparación a lis públicos. Además a menor costo! Dicen, equivocadamente, que hay precarizacion de los docentes. No la hay. Ganan menos que lo docentes públicos y aun asi son más comprometidos con sus educandos. Pero hablar de precarizacion es extremo. En esta línea, puede exigirse salarios mínimos y condiones económicas. Hay margen, pues como se dice son mas eficientes