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Uno de los primeros cambios normativos que propone el Ministerio de Educación, en cabeza de Viviane Morales, ha desatado un intenso debate en los últimos días.
Se trata del proyecto de decreto que el Ministerio de Educación publicó para comentarios y que busca modificar algunos artículos del Decreto 1075 de 2015, la normativa que reglamenta el sector de educación en el país.
El proyecto de decreto está abierto para comentarios hasta este miércoles 26 de agosto. Y allí, antes de entrar a explicar los cambios que busca el ministerio, radica uno de los primeros cuestionamientos. Si bien la normativa, como reconoce la misma cartera, establece que los proyectos normativos deben estar disponibles para comentarios por lo menos 15 días calendario, el Mineducación solo dispuso de cinco días calendario con el presente proyecto.
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La razón, explicó la cartera en la memoria justificativa del proyecto, radica en que hay contratos que deben realizar varias entidades territoriales, y sobre los que trata la propuesta, que vencen en los próximos días, por lo que debe acelerarse el cambio normativo.
Por esa razón, varias de las solicitudes que han sido radicadas por ciudadanos en el Sistema Único de Consulta Pública (SUCOP) apuntan a ampliar el período de consulta y comentarios públicos.
¿Qué cambios propone el Ministerio de Educación?
A través de un video publicado en las redes sociales del Ministerio de Educación, la ministra, Viviane Morales, explicó que la modificación que se propone introduce precisiones jurídicas al modelo de los colegios en administración, también conocidos como colegios en concesión.
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“Se trata de dar claridad a las entidades territoriales certificadas con herramientas para fortalecer la gestión de sus establecimientos educativos oficiales, permitiéndoles apoyarse en entidades con experiencia e idoneidad en ámbitos pedagógicos, administrativos y de gestión, sin que ello implique trasladar o sustituir la responsabilidad estatal sobre la prestación del servicio educativo”.
Las entidades que entrarían a apoyar serían de carácter privado. En este punto, Morales aclaró que “bajo este esquema, los establecimientos continúan siendo oficiales. La matrícula permanece en la oferta oficial y la entidad territorial conserva la dirección, responsabilidad, control y vigilancia sobre el servicio. Es decir, la entidad pública sigue prestando el servicio con el apoyo para su administración de un tercero”.
Este es uno de los puntos que más debate ha generado.
De acuerdo con Ricardo Moreno Patiño, exviceministro de Educación Superior durante los últimos años del gobierno de Gustavo Petro, esa modificación permitiría que “particulares administren establecimientos educativos oficiales, organicen y dirijan su funcionamiento y aporten componentes esenciales de la canasta educativa, mientras las secretarías de educación conservan la denominación de prestadoras”.
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A sus ojos, según comentó en una publicación en su cuenta de X, esta “‘administración’ puede convertirse en una forma de privatización encubierta”.
Para el exministro de Educación, Daniel Rojas, también del gobierno de Petro, el proyecto de decreto sería ilegal. En un video que publicó en sus redes sociales, Rojas explicó que la Ley 715 de 2001 (que regula el uso de recursos para la educación y otros sectores) sí autorizó la figura de contratación del servicio cuando hay insuficiencia, “es decir, cuando la red pública no es capaz de garantizar el derecho [a la educación] por alguna razón”.
A su parecer, la propuesta del Mineducación se estaría saltando la ley y estaría “creando una nueva figura y la llaman de apoyo a la administración sin insuficiencia”.
De acuerdo con el exministro, la nueva propuesta eximiría la condición de que las entidades públicas no puedan prestar el servicio de educación para realizar esos contratos, algo que la regulación actual no permite. “No están previendo que haya insuficiencia, simplemente crean el apoyo a la administración porque sí”, agregó Rojas.
Para lograr esto, continúa Rojas en su video, la propuesta del ministerio crearía una “categoría para no decirle prestadores del servicio, porque entonces tendrían que someterse a algunos requisitos. Los llaman colaboradores, pero no son simples colaboradores; en realidad, están asumiendo el control pedagógico, el control disciplinario, el control operativo y el control financiero de los colegios públicos en Colombia y están obteniendo recursos públicos del Sistema General de Participaciones (SGP)”.
A este tipo de críticas, Morales respondió en su video que “de ninguna manera se trata de privatizar la educación”. Sobre esto, agregó que “la experiencia de los colegios en administración ha sido exitosa y esa afirmación está respaldada por la evaluación de resultados que muestran efectos positivos en permanencia y trayectoria educativa, mejores resultados en Saber 11 y mayor tránsito a la educación superior, además de resultados favorables en términos de eficiencia”.
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Otra de las críticas que han surgido sobre este cambio en particular tiene que ver con el tiempo que durarían los contratos. Según uno de los parágrafos del Artículo 20 de la propuesta, “los contratos para la administración del servicio se celebrarán por un plazo máximo de 12 años, de tal manera que durante su vigencia se pueda atender una cohorte educativa completa (preescolar, básica primaria, básica secundaria y media) y no podrán ser inferiores a dos (2) años”.
El exministro Rojas cuestionó este plazo. “Un niño entra a preescolar y sale de bachillerato sin haber pisado un colegio verdaderamente público. Doce años no es emergencia. Es una generación entregada a un privado. ¿Temporal? No. Es negocio de largo plazo".
¿Entidades religiosas prestando servicios de educación?
Otro de los apartes del borrador de decreto que ha generado una intensa controversia está relacionado con el rol que jugarían las iglesias o confesiones religiosas. La propuesta contempla que se puedan celebrar contratos “para la promoción e implementación de estrategias de desarrollo pedagógico con iglesias o confesiones religiosas”.
Para la representante a la Cámara Natalia Moreno, del Pacto Histórico, “en un Estado laico, habilitar contratos específicos para que iglesias y confesiones religiosas ‘aporten orientación pedagógica y administración’ en colegios públicos representa un retroceso inadmisible. ¿Desde cuándo el ideario o la injerencia dogmática deben suplir la responsabilidad del Estado en garantizar procesos pedagógicos críticos, plurales y científicos?“.
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Sin embargo, para la ministra Morales, “el proyecto de decreto (...) reproduce algo vigente desde hace más de treinta años: Los contratos para el desarrollo de estrategias pedagógicas con iglesias o confesiones religiosas están contemplados en el artículo 200 de la Ley 115 de 1994 y reglamentados en el artículo 2.3.1.3.1.6 del Decreto 1851 de 2015″.
De hecho, la ministra de Educación añadió que “la Corte Constitucional ha declarado constitucional este tipo de colaboración con las iglesias y confesiones religiosas. Nada de decretazo”.
Relaciones laborales privadas dentro de colegios públicos
Un tercer tema que ha generado diversas inquietudes tiene que ver con un parágrafo que señala que “entre el personal administrativo, docente y directivo docente contratado por el contratista y la entidad territorial certificada no existirá vinculación alguna. Su régimen laboral se sujetará, exclusivamente, al derecho privado”.
Para el exviceministro Moreno, “esto puede profundizar diferencias laborales y riesgos de precarización frente a quienes pertenecen a la planta oficial”. Desde la perspectiva de Rojas, el exministro, los maestros “dejan de ser empleados públicos con estabilidad y derechos. Pasan a ser empleados de una empresa privada. Sin carrera, sin garantías. Enseñan en colegio público, con plata pública, pero con los derechos de un trabajador de tienda. Precarización pura”.
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Diversos actores del sector educativo, entre ellos el exministro Rojas, le han solicitado al Ministerio de Educación retirar el proyecto de decreto. Por su parte, Martha Alfonso, integrante del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE), quienes también se han opuesto a la propuesta del Mineducación, aseguró que han solicitado reuniones con la ministra Morales, las cuales no se han podido llevar a cabo por temas de agenda de la ministra.
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