El Consejo Académico de la Universidad de Antioquia, máxima autoridad académica de la institución, le respondió al Ministerio de Educación. Específicamente, a una comunicación donde la cartera dio una serie de órdenes al rector de la Universidad, John Jairo Arboleda, debido a la situación financiera que vive la institución.
Como contamos en esta nota, Harold Hernández, subdirector encargado de Inspección y Vigilancia del Mineducación, le pide a Arboleda que “fije, adopte y deje documentado un Plan de Reducción y Contención del Gasto de Funcionamiento, con vigencia inmediata, orientado a garantizar que los recursos de Fondos Generales se destinen prioritariamente al cumplimiento de las funciones misionales de docencia, investigación y extensión, conforme a los principios de eficiencia, austeridad y sostenibilidad financiera”. Ese plan debe contemplar medidas que son de carácter obligatorio. Entre ellas, suspender la suscripción de “nuevos acuerdos, convenios o contratos —incluidos contratos de prestación de servicios, apoyo administrativo o esquemas de tercerización— que no tengan relación directa, necesaria y demostrable con la prestación del servicio público de educación superior".
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Así mismo, el plan debe imponer restricciones al “reconocimiento y pago de viáticos, gastos de representación, publicidad onerosa, eventos protocolarios y demás erogaciones discrecionales”, a excepción de las que sean dispensables, según la misión de la universidad. También debe tener una revisión integral de los contratos que están vigentes y hacen parte del “apoyo administrativo tercerizado”.
El Consejo Académico, sin embargo, encuentra algunos problemas en esas ordenes. “Recomendamos al Ministerio que entienda la importancia de la gradualidad en la implementación de esas medidas, so pena de la afectación de amplios sectores de la comunidad universitaria y la calidad de nuestros procesos misionales y administrativos. Precisamente, en un pronunciamiento previo de este Consejo, del 21 de agosto de 2025, insistimos en que las medidas adoptadas en el contexto actual deben ser «razonadas, razonables y concertadas»“, dice el Consejo.
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“Es preocupante el tono usado en el oficio del MEN porque, además de perentorio, deja abierta la posibilidad de sanciones y decisiones administrativas subsecuentes que, más que ayudar a resolver la crisis que nos aqueja, generan un clima de zozobra. Queremos tanto como el Ministerio dar salida a la crisis, para ello se precisa de superar las posiciones personales o las pugnas políticas, para dar prioridad a la relevancia de nuestra misionalidad institucional”, agrega el Consejo, del que hacen parte las y los decanos y directores de facultades, escuelas e institutos, quienes en esos roles también fungen como ordenadores del gasto.
El Ministerio de Educación también exhortaba al rector a que adoptara “las acciones necesarias y suficientes que permitan asegurar que el presupuesto correspondiente a la vigencia 2026 se formule, consolide y someta a consideración de los órganos competentes bajo criterios estrictos de sostenibilidad fiscal y priorización de las funciones misionales, evitando la presentación de proyectos presupuestales que no cuenten con respaldo técnico adecuado”. El Consejo Académico señala que este presupuesto “surtió todo el trámite requerido dentro de los tiempos que establece la normatividad vigente y en las instancias que deben discutirlo y aprobarlo”.
“Hacemos un llamado a la unión de esfuerzos entre los distintos estamentos y las instancias gubernamentales para que mantengamos vivo el proyecto universitario, procurando no generar fisuras a la confianza institucional”, finaliza la entidad.
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