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Los últimos meses han estado llenos de controversias para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). El polémico nombramiento de Concepción Baracaldo, quien era señalada por no tener experiencia en niñez y su posterior renuncia hace un mes; la polémica sobre la bienestarina y la opción de dejarla de producir; las denuncias de violencias basadas en género en Guaviare y los paros de los sindicatos alegando formalizar sus contratos son algunos de los ingredientes que fueron poniendo en la agenda pública el nombre de esta entidad, quizá la de mayor cobertura en el país. (Lea: ¿Quién es Astrid Cáceres, nueva directora del ICBF?)
En medio de este agitado ambiente, hace menos de un mes, Astrid Cáceres, profesional en educación infantil con maestría en educación y desarrollo comunitario, fue designada como la nueva directora de la entidad. En entrevista cuenta que recibe un Instituto que, aunque tiene mucho afecto de la gente, es una entidad “la cual tiene que transformar su forma de llegar a las comunidades y de escucharlas”.
Además, Cáceres destapa sus cartas para mejorar la situación en los 10 municipios del país en los que el ICBF identificó que es más difícil ser niño, de las medidas que van a tomar para tratar los casos de violencias en niños y niñas, y de la acción de emergencia que emplearon en La Guajira para evitar que se continúen presentando casos de desnutrición.
Los últimos meses han sido bastante álgidos para el ICBF. Asumió la dirección en medio de varios escándalos. ¿Qué balance hace de este primer mes al frente de la entidad?
Recibo una entidad que tiene mucho afecto de la gente, pero que también ha despertado dolor en las comunidades. Tal vez su actuación no haya sido la más metodológicamente correcta, es decir, uno de los factores que realmente ha desatado esa inconformidad es la manera como el ICBF ha tercerizado los servicios haciendo que se diluya la responsabilidad con respecto a la garantía de derechos. Tenemos muchos servicios, una oferta del Estado amplia, pero están fragmentados por un ciclo vital y sin una lógica territorial. Entonces, recibo un ICBF con un modelo de planeación centrado en problemáticas, no en territorios, y una entidad la cual tiene que transformar su forma de llegar a las comunidades y de escucharlas. Nos falta esa lectura de las comunidades y de enfoque territorial.
¿Cuáles son las metas y los proyectos que tiene pensado ejecutar a la cabeza del ICBF?
Tenemos tres grandes campos de acción inmediata. Uno hace referencia a la primera infancia, un tema en el cual el país ha avanzado muchísimo; sin embargo, hay una meta: garantizarles a todos los niños y niñas, independiente de su condición, el acceso a la educación inicial. Aunque sabemos que no se va a lograr al 100 % en todo el país, sí queremos que se alcance en ciertos municipios.
El Departamento Nacional de Planeación (DNP) nos presentó un índice de interrelación de riesgos y señaló cuáles eran esos municipios. En esos primeros 400 municipios tenemos un acuerdo con el Ministerio de Educación, estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), en el cual se establece que allí debemos cumplirle plenamente a la primera infancia. Es decir, en estos 400 municipios no se nos puede quedar ningún niño por fuera de la educación inicial. El segundo campo tiene que ver con el hambre y el tercero con las violencias.
Hace poco realizaron un análisis y determinaron los municipios donde es difícil ser niño. ¿Cuáles son esos municipios? ¿Qué factores inciden?
Ese dato salió a partir del índice de interrelación de problemáticas, que nos cruza siete factores que son la tasa de violencia, el porcentaje de mujeres adolescentes con hijos nacidos vivos, la unión temprana, trabajo infantil, si son víctimas del conflicto armado, los hogares en pobreza multidimensional y la mortalidad por desnutrición. Encontramos que los 10 municipios más críticos en el país son La Guadalupe (Guainía), Puerto Carreño (Vichada), Mutatá (Antioquia), Papunahua (Vaupés), Murindó (Antioquia), San José del Palmar (Chocó), Montecristo (Bolívar), Medio Atrato (Chocó), El Carmen de Atrato (Chocó) y San Calixto (Norte de Santander). Estas zonas serán las primeras en las que trabajaremos una vez el PND esté aprobado.
¿Qué estrategias tienen pensadas emplear en estos 10 municipios?
Tenemos que estabilizar la atención del Estado y del ICBF para la protección integral de los niños, y eso significa que dejemos de tener estrategias y programas sueltos y pasemos a tener una forma de acompañamiento institucionalizada en el país. Así como ya todo el mundo reconoce los CDIS como esos centros encargados de la atención de la primera infancia, debe haber otros centros que ofrezcan un acompañamiento a la trayectoria educativa. (Puede leer: Corte Constitucional regaña al ICBF: le pide rapidez para rescatar niños vulnerados)
Estamos hablando de una iniciativa que en Bogotá fue muy efectiva para reducir el trabajo infantil, y consiste en un proyecto para que los niños y las niñas asistan después de la jornada escolar. Un espacio donde encuentran arte, ciencia, cultura y acompañamiento psicosocial. Estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, el Ministerio de Ciencias y el Ministerio de Deporte.
Una de las metas del PND es la universalización de la educación inicial. ¿Cómo conseguirán ese objetivo?
Esta meta arranca por sincronizar los relojes del Estado, por eso nos toca sincronizar el de Cultura, el de Deportes, el de Educación, el de Salud y el del ICBF. Esos cinco sectores gruesos son los que tienen que garantizar la integralidad. Nuestro primer propósito es centrarnos en esos 400 municipios a los que vamos a llegar, que es en donde debemos ampliar la cobertura. Para ello hay unas mesas de trabajo. La idea es que entendamos que esto tiene una integralidad frente a los territorios y que vamos a lograrlo progresivamente. El primer año nos enfocaremos en trabajar en una cantidad de municipios, el segundo aumentará el objetivo y así progresivamente hasta que lleguemos a 2′700.000 niños y niñas.
¿Cómo van a cumplir la meta de “hambre cero” que propone el PND?
La segunda gran apuesta está relacionada con el hambre. Hay una problemática muy grande en el país, la cual es invisible y está afectando a los niños sistemáticamente: la desnutrición y la accesibilidad al alimento. No es solamente entregar comida, sino ofrecer un proceso de nutrición, desarrollado en las condiciones adecuadas. Ese es otro reto. Allí tenemos un mapa que elaboramos a partir de nuestros propios servicios. Con esos datos estamos trabajando, junto con el Ministerio de Salud, en un modelo el cual llamamos Zonas de Recuperación Nutricional. Los territorios donde se instalarán estas zonas tendrían circuitos cortos de atención, entre lo que serían los centros de atención primaria en salud, que están contemplados dentro de la reforma a la salud, y los centros de recuperación nutricional. Además, contarán con un circuito alimentario, es decir, la producción de soberanía alimentaria o de mapas de abastecimiento, para poder garantizar que estas zonas salgan de la crisis alimentaria.
¿En qué consiste la acción de emergencia para evitar que se continúen presentando casos de desnutrición en La Guajira?
La cultura Wayúu nos ha pedido, desde diferentes escenarios, que actuemos de manera coordinada. Las acciones de emergencia, puntualmente, consisten en un comité, el cual cuenta con integrantes de la Superintendencia de Salud, funciona todos los días a las 11 de la mañana y se encarga de monitorear los casos. En La Guajira cerca del 98% de los casos de muerte por desnutrición eran de personas que estaban afiliadas al sistema de salud, de ellos el 70 % eran niños menores de un año. ¿Dónde estuvo el sistema de salud, que en algún momento tuvo que verlos?. El problema de La Guajira es realmente un fracaso del sistema de salud. Además, el comité de emergencia realiza una gestión de casos, de cuántos niños nos llegan o desde cuáles zonas llegan. También tenemos unidades de búsqueda activa en todo el territorio, tanto de ICBF como de la gobernación. Es importante resaltar que las cifras pueden aumentar inicialmente, pero luego vamos a tener más capacidad de respuesta con los otros pacientes que lleguen.
Habla de las Zonas de Recuperación Nutricional para evitar la desnutrición. ¿Cómo se emplearán?
Es una estrategia a mediano plazo. Hay 14 puntos de agua que va a entregar la Gobernación de La Guajira, y alrededor de esos puntos queremos montar un circuito corto de lo que sería la atención primaria en salud, la atención de recuperación nutricional que la pondría ICBF, y todo lo que implica la soberanía alimentaria, que consiste en la producción alimentaria propia. Esperamos que estos puntos estén funcionando para final de año. (Le puede interesar: “Tenemos listo un decreto de calamidad”: Gobierno sobre Nevado del Ruiz)
La tercera meta está enfocada en las violencias. ¿Qué tienen planeado realizar en este campo?
Tenemos un panorama de violencias contra la niñez, de maltrato, de abuso, que no está siendo atendido de manera eficiente como Estado. Hay un diseño institucional en el que a veces la mujer o el niño no sabe por dónde entrar al sistema para protegerse, si es la comisaría o la defensoría los que deben actuar. Tenemos una debilidad muy fuerte en el país de lo que llamamos, con el Ministerio de Justicia, un sistema de justicia familiar, algo que realmente integre la protección alrededor de las familias. Estamos trabajando con el Ministerio de Justicia para tener un artículo en el PND que cree este sistema y tengamos una coordinación entre los actores y las autoridades que toman decisiones frente a la violencia intrafamiliar y a las vulneraciones de derechos de los niños. En este tema también tenemos un mapa de violencias y debemos focalizarnos en algunos territorios y en algunas violencias en particular.
¿Cuál es el tipo de violencia que han identificado está representando una mayor amenaza para la niñez?
Es el reclutamiento forzado. Ya hemos focalizado 296 municipios y vamos a tener una escalabilidad en todos los municipios de Colombia. En donde la violencia es más fuerte, vamos a tener una estrategia integral y sólida. En los otros, donde la violencia es menos frecuente, donde ya tenemos unas alcaldías o entidades territoriales y donde funciona el sistema nacional de bienestar familiar, vamos a tener otro tipo de iniciativas. La gradualidad y la intensidad de la actuación del Estado va a ser distinta de acuerdo con el panorama que encontramos.
Hace unos días la Corte los “regañó” por presunta negligencia en casos de abuso sexual a menores. ¿Por qué se ha presentado demora en atender estos casos?
El panorama que encuentro es de deuda con los defensores de familia y los comisarios. No ha habido un plan real de fortalecimiento que permita estudiar, por ejemplo, cuántos casos llegan, no hay estándares que diga cuántas defensorías necesita un municipio de acuerdo con la cantidad de niños. Nuestro objetivo es ordenar este tema con el sistema de justicia familiar, y es una meta que buscamos cumplir en el largo plazo. Para el corto plazo emplearemos un plan de fortalecimiento de las defensorías, porque ya no da espera. Estamos en construcción de ese plan desde hace menos de un mes y la idea es que después de junio o julio empiece a dar resultados ya concretos en los territorios.
Este año es clave, porque son elecciones regionales. ¿Cómo hacer para que el ICBF no se vaya a volver un comodín político?
Ahí nos toca con dos frentes de trabajo: uno, que es la veeduría ciudadana y, otro, que la gente nos informe qué está pasando. Hemos encontrado casos de coacción a maestras, uso de las instalaciones del ICBF en determinado momento politiquero para hacer campaña y la entidad debe estar al margen de todo eso. También tenemos ajustes en algunas regionales y queremos posicionar a la gente de planta que ha estado al frente del ICBF y que ojalá en este año que es crucial, ellos sean los que puedan acompañarnos en la toma de decisiones en algunas regionales estratégicas.
Un estudio dice que se debe aumentar la planta de trabajadores y ellos, por medio de los sindicatos, han dicho que no tienen una correcta atención a su salud mental. ¿A qué acuerdos han llegado?
En el ICBF operan más o menos ocho sindicatos. Con todos nos hemos reunido, hemos recibido sus solicitudes y nos han dado un panorama local y nacional muy importante. Lo que vamos a hacer, y eso ya lo dijo el presidente, es saldar la deuda de formalizar la planta laboral. En el cómo estamos trabajando progresivamente con el Ministerio de Hacienda, pues en este momento tenemos que jugar con la adición presupuestal, porque de la planeación del año pasado no quedó lo suficiente. Estamos trabajando en el marco de la adición presupuestal para iniciar progresivamente la ampliación de la planta y cumplir con esa deuda que también el ICBF tiene.
El año pasado, en diciembre, se generó una confusión alrededor de la bienestarina. ¿En qué va ese proceso de suplir parte de sus ingredientes?
Tenemos que romper la dependencia a un solo producto y pensar que es el que nos va a salvar o calmar el hambre en el país. La bienestarina es uno de los elementos que podrían ayudar, pero no es el elemento que va a salvar el hambre. El panorama de desnutrición nos llama realmente a hablar de una alimentación completa e integral. Acá hay un elemento importante, y es que los cuatro productos base de su producción son importados. Tenemos un contrato hasta 2027, y, entre más se encarece el mercado internacional, más se encarece el contrato. (Lea también: Los enormes retos del ICBF, más allá de la renuncia de “Concha” Baracaldo)
Estamos hablando de unas cifras realmente millonarias que tendríamos que empezar a revisarlas, no para quitar la bienestarina, sino para que su base de producción sea nacional y no tengamos que hacer esa importación. Hemos abierto la puerta para la investigación alimentaria y podríamos crear por lo menos seis nuevos productos con base local, más contextualizados, unos para Chocó, unos para La Guajira, unos para Amazonas. Nos ha llegado una información muy valiosa, tanto de instituciones universitarias como de organizaciones que están haciendo producción alimentaria. Tenemos que investigar qué resultados tendría esto en la nutrición infantil y dejarle al país no solo la bienestarina, sino unos seis nuevos productos elaborados con base local que nos permitan actuar con más coherencia con lo que queremos en soberanía alimentaria.
En cuanto a los niños y niñas que viven en zonas aledañas al volcán Nevado del Ruiz, ¿cómo será su evacuación? ¿Qué medidas de prevención se están empleando?
El ICBF tiene unas unidades móviles maravillosas que se están moviendo por todas las veredas, estamos monitoreando diariamente cuántas familias están visitando. Aquí el poder de persuasión y de trabajo con las familias es lo central. Nosotros no somos una entidad que viene a quitar los niños de un momento a otro. Estamos en un trabajo con las familias y queremos que ellas entiendan el riesgo y, en ese nivel de protección, puedan desplazarse a un lugar seguro con sus niños y niñas. En caso de que no quieran evacuar y tengan familiares en otras zonas donde los niños puedan llegar, como entidad debemos garantizar que estén a salvo con esa familia mientras pasa la emergencia. Claro, tenemos la potestad para entrar a protegerlos, pero no se trata de protegerlos a costa de los vínculos. Si ya la emergencia se nos viene encima, seguramente tenemos que tomar otras medidas, pero lo primero es el vínculo familiar y protegerlo.
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