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En una sentencia de 27 páginas, el Tribunal Administrativo de Santander ordenó a la Universidad Industrial de Santander (UIS) a entregarle a Jennifer Pedraza, representante a la Cámara, los contratos que esta institución firmó con Juliana Guerrero, hoy viceministra de Juventudes del Ministerio de la Igualdad.
El fallo tiene fecha de 22 de octubre y está firmado por las magistradas María Eugenia Carreño Gómez (ponente) y Luisa Fernanda Flórez Reyes, y por el magistrado Iván Mauricio Mendoza Saavedra. En él resuelven un recurso que había interpuesto Pedraza, luego de que la UIS no le entregara la información completa que ella había solicitado en un derecho de petición.
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En ese derecho de petición, la representante había pedido una copia de un par de contratos que había celebrado la universidad con Juliana Guerrero, junto con los soportes de ejecución y los informes del supervisor o interventor.
Además, había solicitado a la UIS que le informara los criterios en los que se había basado para seleccionar a Guerrero “como enlace territorial de las actividades relacionadas con espacios de sensibilización y articulación de escenarios de convivencia y seguridad ciudadana en el marco de la ejecución del Contrato Interadministrativo No. 2402 de 2023, suscrito entre el Ministerio del Interior y la Universidad Industrial de Santander”.
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En la primera respuesta que recibió la representante Pedraza, la UIS no le entregó la información completa, pues alegó que estaba sujeta a “reserva legal”. El argumento no convenció a Pedraza, que interpuso un recurso que ahora resolvió el Tribunal Administrativo de Santander.
En síntesis, le ordena a la UIS enviar los “soportes de ejecución, los informes del supervisor o interventor y demás anexos relacionados con los contratos” que Pedraza solicitó.
También le ordena que indique “de forma expresa, clara y concisa” los criterios que tuvo en cuenta para seleccionar a Juliana Guerrero “como enlace territorial de las actividades relacionadas con espacios de sensibilización y articulación de escenarios de convivencia y seguridad ciudadana” en el marco del contrato entre el Ministerio del Interior y la UIS.
El Tribunal es claro en advertir que si en esos documentos hay datos personales sensibles, la UIS deberá protegerlos. La universidad tendrá tres días para entregar es información, luego de que sea notificada.
Pedraza, por su parte, celebró la decisión en su cuenta de X: “La transparencia no se negocia. Nadie puede ocultar información cuando se ejerce control político”, trinó.
Esta es la sentencia completa del Tribunal Administrativo de Santander:
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