:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/ifu2yz5_PWnxT3ZSQuEyPUQ2y9I=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/MF4FMHQ6RBCK3NN6E2SCUQBURY.jpg)
Este lunes antes del mediodía falleció por su grave estado de salud el dueño y fundador de la Fundación Universitaria San Martín, Mariano Alvear, de 75 años de edad, en el Hospital La Samaritana de Girardot, confirmaron los abogados de la familia.
Alvear estuvo en el ojo del huracán desde hace varios meses luego de que se conociera el millonario desfalco que realizó en la institución tras desviar recursos de los 26.000 alumnos que se matricularon en esa universidad, por lo que tuvo que intervenir el Ministerio de Educación y nombrar un nuevo Plenum para que rescatara a la universidad y se pudiera garantizar el derecho a la salud de miles de estudiantes.
El pasado 4 de marzo fue capturado por los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, falsedad en documento público, estafa agravada y fraude a resolución judicial.
El juez decidió imponerle medida de aseguramiento pero debido a su mal estado de salud le dio casa por cárcel. Una hernia discal (columna vertebral), que le imposibilitaba la movilidad de su organismo lo mantuvo recluido desde ese día hasta hoy en su domicilio en Girardot, El Peñón Condominio Campestre.
Mariano Alvear, nacido en Montería y quien solía cargar con un cristo de oro de 21 esmeraldas, tenía propiedades por un monto superior a los $100.000 millones, tenía lujosos carros, mansiones en Aruba, Girardot y San Andrés y apartamentos con piso de mármol en Bogotá.
El proceso penal contra Alvear
El pasado 2 de junio la Fiscalía General radicó escrito de acusación en contra de las directivas de la Fundación Universitaria San Martín por su presunta participación en las actividades ilegales que se adelantaron en el centro educativo, y con las cuales habrían afectado los intereses de los estudiantes.
El fundador del centro educativo, Mariano Antonio Alvear, y los exdirectivos José Ricardo Caballero Calderón y Juan Carlos Mahecha Cárdenas –quienes se encuentran cobijados con medida de aseguramiento- tendrán que responder por los delitos de estafa, enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir, fraude procesal, fraude a resolución judicial y falsedad material en documento público.
Actualmente Mahecha y Caballero se encuentra privados de su libertad en la cárcel Modelo de Bogotá, mientras que, debido a su grave estado de salud, Alvear fue afectado con detención domiciliaria y está recluido en su residencia de Girardot.
Según la investigación de la Fiscalía Genera utilizó el patrimonio de la Fundación Universitaria de manera indebida durante mucho tiempo a través de empresas con ánimo de lucro, que se pueden considerar entes de papel pues no tienen elementos físicos que los sustenten. A través de ellas, realizaban compras de bienes suntuarios.
En ese accionar, expresa la Fiscalía, constituyeron una serie de actos “delictivos” como el no pago de sus obligaciones laborales y fiscales, para lo cual constituyeron organizaciones con documentación falsa para levantar las medidas cautelares que ordenaron los juzgados laborales.
Además, cuando las ventas ficticias de bienes no operaban, entregaron los mismos a una fiducia para dejar a salvo los inmuebles de la entidad. Con estas operaciones, la universidad aparentemente no tiene bienes que les puedan quitar en un eventual proceso ejecutivo. Además, suscribieron créditos a través de la fiducia, pero no los pagaron.
Igualmente ofrecieron matrículas a estudiantes en programas que tenían registro cancelado. Además, evadían igualmente los impuestos, no sólo porque todo lo constituían como fondo o fundaciones, sino que negaban siempre que debieran pagar cualquier tipo de impuesto, aun cuando este también debiera ser pagado por las fundaciones.
Además habrían conformado “empresas de papel” con el fin de lograr que las matrículas se consignaban en cuentas paralelas que no pertenecían a la Universidad. Para la Fiscalía, los procesados desviaron al exterior casi un billón de pesos para eludir el pago de sus obligaciones. En la investigación se detectaron 14 fraudes procesales, 14 falsedades materiales y 17 fraudes a resolución judicial.