“¡Le cumplimos al Magisterio! Continuaremos con el proceso de nivelación salarial que asignará a los y las docentes un incremento adicional”. Con este mensaje, el Ministerio de Educación anunció un nuevo acuerdo concertado con Fecode y otros ocho sindicatos de profesores del país. Aunque el documento firmado contiene 77 puntos — 52 para preescolar, básica y media, y 25 para educación superior — uno en particular ha generado algunas inquietudes: el aumento y nivelación salarial que habrá para los maestros de colegios públicos. ¿El motivo? El Gobierno aún no ha explicado con claridad de dónde saldrán los recursos para garantizar su implementación.
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Si hay algo que por años ha desencadenado intensas discusiones es, justamente, la nivelación salarial de los docentes. En los últimos años, los maestros del país han reclamado una mejora salarial, argumentando que su remuneración es inferior a la de otros profesionales del sector público. Como explica Sandra García, Ph.D. en Política Social y profesora titular de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Los Andes, este es un debate recurrente entre el sindicato y los gobiernos de turno. “La idea central es unificar las condiciones de los docentes cobijados por los dos estatutos existentes: el Decreto 1278 de 2002 y el 2277 de 1979”, señala.
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En 2014, solo por mencionar un caso más o menos reciente, la nivelación salarial fue una de las principales razones por las que el sindicato de los profesores paralizó por varios días la movilidad y la educación escolar pública. Martha Alfonso, ejecutiva de Fecode, recuerda que ese año se acordó un incremento gradual del 1 % al 3 %, distribuido entre 2014 y 2019. En 2021, cuando se tenía prevista la última nivelación, “no se concretó porque el Gobierno argumentaba que los salarios ya se habían nivelado”, relata Alfonso.
La discusión se reactivó en 2023 con la firma de un nuevo acuerdo que establecía un aumento del 3 %, distribuido entre 2023, 2024 y 2025. Ahora, en la negociación más reciente, se pactó el 3 % restante, que serán asignados así: 0.4 % en 2026, 1.3 % en 2027 y otro 1.3 % en 2028.
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Entonces, desde 2014, distintos Gobiernos han implementado aumentos adicionales al reajuste anual que reciben todos los servidores públicos, con el objetivo de igualar el salario docente al de otros profesionales del Estado. Por ejemplo, si este año el incremento general fue del 7 %, a los maestros se les suma los puntos acordados por el Gobierno y Fecode, que, para este año, fue de 1.6 %, alcanzando al final un aumento del 8.6 %. Algunos Gobiernos han buscado esta nivelación con puntos adicionales directamente al salario y otros con bonificaciones pedagógicas.
La gran pregunta que ahora ronda el acuerdo es: ¿de dónde saldrá el dinero para sostener esta nivelación?
¿Y el dinero para la nivelación salarial?
El Ministerio de Educación, aunque lo contactamos para conocer más detalles, no respondió ni ha explicado las fuentes de financiación; sin embargo, Hernando Bayona, exviceministro de Educación preescolar, Básica y Media, advierte que estamos hablando de que la nómina de los maestros cuesta y costará un porcentaje importante del presupuesto de la educación. Por eso, su principal apuesta apunta a que el Gobierno tomará parte de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP).
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Este sistema, que es una de las mayores fuentes de financiamiento, son los recursos que el Gobierno recoge del IVA y la renta para entregarlos a los territorios y a las entidades certificadas y cubrir así, principalmente, temas de educación, saneamiento básico, agua potable y salud. Ese monto, durante los últimos años, había venido siendo muy deficiente para el sector educativo, pues aunque en 2007 alcanzó una adición presupuestal de $2.000 millones, en 2016 los recursos no alcanzaron y generó un déficit presupuestal de más de $12,8 billones. “Llegó un momento en que ni siquiera eran suficientes para cubrir la nómina, mucho menos para otros gastos educativos”, recuerda un exfuncionario del Ministerio que prefiere mantener el anonimato.
Aunque la situación era compleja, con la reforma tributaria de 2022 se registraron algunos aumentos significativos y, ahora, con la reforma aprobada en 2024 al Sistema General de Participaciones (SGP), se espera que el aumento de los ingresos corrientes de la Nación que se destinarán a los departamentos, municipios y distritos sea aproximadamente del 25 % para 2024 hasta llegar al 39,5 % en los próximos 12 años. Sin embargo, para que esto ocurra, el Congreso debe aprobar una ley de competencias en menos de un año, en donde el Gobierno debe definir qué funciones se descentralizarán hacia los entes territoriales junto con los nuevos recursos.
Pero, se pregunta Bayona, ¿qué pasaría si la ley de competencias no se aprueba? En su opinión, el Ministerio de Educación estaría en serios aprietos, pues, dice, estos acuerdos sí o sí deben cumplirse, pero, para hacerlo, tendrá que sacrificar otros gastos en educación. “Ahí puede estar jugándose una plata importante de lo que se ha llamado el componente de calidad”, añade. Este componente, complementa García, de la U. de Los Andes, está relacionado con todos los otros elementos clave en educación como infraestructura, tecnología e, “incluso, podría estar un poco en vilo toda la inversión que se está haciendo en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que ha sido clave en la cobertura”.
A su parecer, también se podrían reducir otros bonos que han sido fundamentales en la lucha que han tenido los docentes para dignificar su labor, como el que se le entrega a aquellos que trabajan en zonas de difícil acceso. A sus ojos, al tener menos recursos disponibles por esta nivelación, serán menos las zonas que se demarquen como de difícil acceso. “Estos aumentos salariales no es un gasto de una sola vez. Es un compromiso que va a ser permanente a la nómina docente y tiene unas implicaciones muy serias en términos fiscales”, plantea.
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Pero hay otro componente esencial, más allá de esta incertidumbre por el aval fiscal, dice Bayona, docente de la Universidad Nacional: aumentarle los salarios a los profesores es muy positivo y dignifica la labor de los maestros, pero, al no tener una estrategia clara, le dejan una deuda a los gobiernos futuros. “El Gobierno, con las reformas tributarias, puede garantizar estos recursos para 2026 e, incluso, para 2027. ¿Y 2028? ¿Y los otros años? Va a quedar un hueco importante del gobierno que venga”, sintetiza.
Darío Maldonado, Ph. D. en Economía y profesor asociado de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, agrega otro desafío a la idea de nivelar el salario de los docentes: no se está teniendo en cuenta la calidad. “No sirve de nada que mejoremos los salarios y que dejemos de lado la calidad. Se está perdiendo una oportunidad enorme”, dice. Además, en el acuerdo se plantea que haya una nivelación salarial que sea igual para todos los maestros, independientemente de su desempeño, una idea que, aclara, “no es positiva si lo que queremos es que los docentes tengan mejores condiciones para que todos los estudiantes aprendan”.
García, de los Andes, coincide: “si se hace un aumento para todos por igual, independientemente del escalafón en donde estén, los resultados de su evaluación de desempeño o incluso el lugar donde estén trabajando, de pronto tendrá impactos muy grandes en la calidad no deseadas”. Una opción que se discutió en negociaciones pasadas fue priorizar a los docentes con salarios más bajos y diseñar un esquema de beneficios más amplios, que incluyera incentivos y condiciones laborales más allá del salario.
Actualmente, los docentes deben presentar una prueba de ingreso y someterse a evaluaciones anuales a cargo de sus supervisores, usualmente los rectores. Ómar Garzón, del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, explicaba hace unos meses a este diario que estos procesos pueden poner en aprietos a un maestro con bajo puntaje. Si un docente obtiene menos de 90 puntos, entra en período de prueba, y si esto ocurre en dos ocasiones, pierde el cupo.
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Los otros puntos clave del acuerdo
Martha Alfonso, quien participó como ejecutiva de Fecode en las negociaciones del acuerdo, recuerda que muchas de las primeras discusiones fueron complejas. Especialmente en lo que respecta a marcos legales, constitucionales y a los impactos económicos de las peticiones sindicales. Aun así, considera que el evento de firma fue significativo. “Hubo una serie de reivindicaciones que tienen que ver con fortalecer la dignificación de la profesión de docentes, directivos docentes, administrativos. Fue una apuesta muy fuerte de fortalecimiento de la educación pública estatal, desde preescolar hasta la educación universitaria”.
Además del tema salarial, el acuerdo incluye compromisos sobre la actualización curricular, el fortalecimiento de los gobiernos escolares, los proyectos de investigación, la formación docente y la inclusión educativa. También se acordaron dos mesas de trabajo adicionales: una para fortalecer el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y otra centrada en mejorar las condiciones laborales de las maestras, quienes representan el 65 % del cuerpo docente. “Nos deben garantizar condiciones diferenciadas que reconozcan nuestras realidades”, dice Alfonso.
Los próximos días serán clave para saber si el Ministerio de Educación contará con los recursos suficientes para garantizar lo pactado. Lo hará mientras logran una conciliación con el Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Educación (Sintrenal), que reúne al personal administrativo, los secretarios, los auxiliares de las instituciones educativos, quienes convocaron un paro para el 14 de julio. Esperan que se cesen las actividades en más de 7.000 Instituciones Educativas Públicas de todo el país. Aunque firmaron el pliego de peticiones, el sindicato busca otras reuniones con la cartera para cumplir el acuerdo laboral firmado por ambas partes.
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