El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) denunció presuntas irregularidades en los pagos por concepto de prima de mitad de año a los docentes del país. Según comunicó la entidad, entre 2024 y 2025 se hicieron 42.400 de estos pagos por un valor de COP 458.799 millones, de los cuales COP 260.437 millones (que equivalen al 56,8 % del valor) habrían presentado inconsistencias.
El Fondo hizo la denuncia tras los resultados de un análisis técnico, jurídico y financiero que se adelantó con la llegada de Herman Bayona a su dirección, en noviembre de 2025. “Esta revisión fue una decisión autónoma y no respondió a requerimientos externos, sino al deber institucional de verificar el adecuado manejo de los recursos públicos que financian las prestaciones de los docentes del país y garantizar su sostenibilidad”, se lee en el comunicado del Fomag. CAMBIO tuvo acceso a los resultados de esa investigación interna del Fondo, que da cuenta de los millonarios giros a profesores, y los dio a conocer el pasado fin de semana. La revista conoció que los pagos se habrían hecho en contravía de decisiones judiciales.
Le puede interesar: Mesada 14 para los docentes avanza tras publicación de un decreto presidencial
Además de evidenciar que más de la mitad de los recursos revisados tenían presuntas irregularidades, uno de los hallazgos más relevantes de la revisión de la entidad fue que 4.405 pagos, por un valor que supera los COP 83.082 millones, se realizaron a personas que contaban con una sentencia judicial ejecutoriada que les negaba el derecho.
La revisión también arrojó pagos a personas con pensión gracia o doble pensión, así como a personas vinculadas por fuera del rango legal establecido, a aquellas que adquirieron la pensión por fuera de los límites constitucionales aplicables, a profesores con mesadas que superaban los topes permitidos e, incluso, se identificaron casos en los que los beneficiarios no estaban inscritos por defunción.
Lea también: Mineducación flexibiliza cambios en calendarios escolares en zonas afectadas por emergencias
El diagnóstico del Fomag, además, permitió establecer que un concepto jurídico emitido el 15 de agosto de 2025 modificó la interpretación que venía aplicando la entidad sobre esta prima, sin que existiera reforma legal ni una sentencia de unificación que la alterara. El Fondo agregó que evidenció que algunas firmas de abogados estarían promoviendo demandas sin el cumplimiento de los requisitos legales, “lo que estaría exponiendo a algunos docentes a riesgos jurídicos y a costos innecesarios”.
Tras estos resultados, el Fomag presentó la denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación, la cual incluye a las personas que, en su momento, autorizaron y ejecutaron los pagos, así como al abogado Yobany Alberto López Quintero, a quien en septiembre de 2025 le fue entregada una base de datos con información de más de 9.000 docentes.
Le puede interesar: Más de 2.000 madres comunitarias ya fueron formalizadas: ¿qué pasará con las demás?
Sobre la denuncia ante la Fiscalía, Herman Bayona Abello, vicepresidente del Fomag, dijo que el magisterio “debe tener plena tranquilidad de que esta actuación no es contra sus derechos. Por el contrario, nuestro deber es proteger a los maestros y maestras del país, evitar que sean inducidos a errores o a procesos que puedan generarles perjuicios económicos y jurídicos, y garantizar que los recursos del Fondo se manejen con total transparencia”. Este es el comunicado de la entidad:
El caso ya había sido mencionado por el presidente Gustavo Petro durante un consejo de ministros, en el que aseguró que en el Fomag existen unos ”anillos de corrupción de abogados poco éticos y magistrados que construyen, a través de demandas legítimas, un mecanismo de robo de dineros públicos”.
Lea también: Vigilancia especial a la Fundación San José: abecé de la medida y qué implica
Ante la situación, el Juzgado Quinto Administrativo de Armenia ordenó investigar al ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, a la directora de la Fiduprevisora, Magda Lorena Giraldo, al abogado Yobany Alberto López y un grupo de maestros pensionados que recibieron el pago, a pesar de que se les había negado legalmente. El juzgado delegó estas responsabilidades de indagación a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Contraloría.
Por el momento, el ministro Rojas ha dicho, este lunes 16 de febrero, durante una rueda de prensa, que el Mineducación no es la entidad facultada normativamente para autorizar ningún tipo de pago y prestaciones. Dicha labor está en manos de la Fiduprevisora.
“Se han adelantado mesas jurídicas y el Mineducación ha advertido a la Fiduprevisora que esos pagos no se pueden realizar”, aseguró el jefe de cartera. “Aún así, ha hecho pagos y vinculación sin ese aval. A mi me ha tocado ponerle tutela a la Fiduprevisora para que nos brinden información de la contratación porque nos la han negado”.
👩🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚
