La Gobernación de Antioquia reaccionó con dureza al anuncio del Gobierno Nacional de sacar y reemplazar al rector de la Universidad de Antioquia por un año.
“Una cosa es que el rector sea un mal administrador; otra muy distinta es que, una vez más, el presidente Gustavo Petro vulnere la autonomía de una institución que pertenece a los antioqueños. Ya lo hizo con Comfenalco y con Savia, y sabemos que el remedio termina siendo peor que la enfermedad”, señaló el gobernador Andrés Julián Rendón en un mensaje publicado en su cuenta de X. El mandatario departamental agregó que “la Gobernación dará la pelea jurídica y académica para proteger la autonomía universitaria y la razón misional del alma máter”.
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La reacción no ha sido aislada. Concejales de Medellín y diputados de Antioquia también se han pronunciado frente a la decisión del Ministerio de Educación, con posturas que van desde el rechazo hasta apoyos expresados con matices.
Hay que recordar que el Mineducación tomó la decisión señalando al rector Jhon Jairo Arboleda Céspedes de dificultad de “manera objetiva la adopción y ejecución de las acciones necesarias para garantizar la implementación efectiva de las medidas ordenadas”. Su rectoría, se agregaba después, “ha demostrado un incumplimiento reiterado frente a las órdenes del Ministerio”. La Universidad de Antioquia atraviesa una de sus peores crisis financieras, marcada por graves problemas de liquidez, un déficit estructural creciente y el deterioro sostenido de sus indicadores financieros. La institución enfrenta un 2026 difícil, con déficits estructurales y necesidades de recursos que superan lo disponible.
Ni el Consejo Académico ni el Consejo Superior Universitario se han pronunciado.
El Ministerio de Educación ha señalado que sus actuaciones se adelantan “en estricto respeto de la autonomía universitaria” y que el propósito de la medida es proteger la sostenibilidad institucional y los derechos de la comunidad universitaria.
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La decisión se suma a una cadena de medidas adoptadas por el Gobierno sobre la Universidad de Antioquia en los últimos meses. El pasado 3 de agosto, el Ministerio declaró a la institución en “vigilancia especial” y, a mediados de diciembre, ordenó nuevas acciones, entre ellas la suspensión inmediata de la suscripción de “nuevos acuerdos, convenios o contratos —incluidos los de prestación de servicios, apoyo administrativo o esquemas de tercerización— que no tengan una relación directa, necesaria y demostrable con la prestación del servicio público de educación superior”. Así mismo, la institución debía imponer restricciones al “reconocimiento y pago de viáticos, gastos de representación, publicidad onerosa, eventos protocolarios y demás erogaciones discrecionales”, ordenaba el Gobierno.
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