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La Universidad de Antioquia (UdeA), la segunda universidad pública más importante del país, atraviesa una de las crisis financieras más fuertes de su historia. Entre los pasillos hay una gran preocupación por el cierre del año, pues, para poder pagar nóminas de julio y de agosto, el Gobierno Nacional tuvo que adelantar las transferencias de otros meses.
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A esta situación se suma que, recientemente, el Ministerio de Educación ordenó a la institución, cuyo déficit es de aproximadamente $ 350.000 millones, una serie de medidas preventivas, entre se encuentra la de “vigilancia especial”.
En medio de este panorama, la Gobernación de Antioquia, en cabeza de Mauricio Alviar, secretario de Educación del departamento, anunció que en los próximos diez días realizarán un giro como una medida en medio de esta crisis financiera.
Por medio de un video, Alviar confirmó que se “va a transferir al alma máter aproximadamente $4.650 millones, que corresponden a ese compromiso que hizo el gobernador de aportar la tercera parte de la reducción del déficit de la universidad en la vigencia 2024”.
En días pasados, durante una rueda de prensa, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aseguró que “hay muchas cosas por corregir en la universidad”, pero, advirtió que, en su opinión, “lo peor que puede pasar es que pase a ser administrada por una gente del gobierno de Petro”.
(Puede leer: UdeA presentó recurso de reposición por medidas preventivas del Mineducación)
Como lo explicamos en esta nota hace un par de semanas, la decisión del Ministerio de Educación consiste, básicamente, en que habrá un inspector insitu, presente físicamente en la universidad, encargado de revisar la gestión administrativa de la institución y designado directamente por el ministerio.
Entre sus funciones estará la de evaluar cada uno de los puntos del plan de mejoramiento presentado previamente por la UdeA, en el que deberá detallar las estrategias para evitar repetir las situaciones que desencadenaron la actual crisis económica.
Este inspector no tendrá más poder que el rector actual, John Jairo Arboleda. De hecho, lo primero que aclara Harold Antonio Hernández Molina, subdirector de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación, es que esta resolución no constituye una intervención a la UdeA.
“En educación superior no existe la intervención. Lo que hay son actuaciones sancionatorias o preventivas”, explicó en el artículo. Es decir, no es un proceso equiparable al que realiza, por ejemplo, la Superintendencia de Salud cuando interviene una EPS, nombra un interventor y asume el control de la entidad.
Cabe recordar que, recientemente, la UdeA interpuso un recurso de reposición contra esta medida de vigilancia. Según la institución, existen seis argumentos por los cuales debe derogarse la acción adoptada por el Mineducación: tres de ellos están dirigidos a las medidas de vigilancia y tres más a las medidas preventivas anunciadas por la entidad.
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Algunos de los argumentos presentados por la UdeA están relacionados con la autonomía universitaria, el debido proceso, la falsa motivación y la proporcionalidad de las acciones adoptadas por el Ministerio de Educación.
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