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El Gobierno expidió en las últimas horas el decreto el decreto 1098 de 2025 con el fin de implementar la creación y fortalecimiento de universidades públicas de carácter especial, propias e interculturales para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. El Ministerio de Educación lo califica en una nota de prensa como “un paso histórico que resulta fundamental para la transformación de la educación superior”.
En pocas palabras, el decreto establece el marco normativo para que los consejos comunitarios, organizaciones de base y expresiones organizativas de estas comunidades puedan crear universidades públicas en Colombia con respaldo del Ministerio de Educación Nacional, siempre que cumplan con requisitos de factibilidad, sostenibilidad financiera y pertinencia académica. Las nuevas universidades deberán, por ejemplo, contar con aval de sus consejos comunitarios, presentar un estudio de factibilidad aprobado por el Ministerio de Educación, garantizar calidad, pertinencia académica y sostenibilidad, tener un proyecto educativo propio, basado en su identidad étnica y cultural.
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Estas instituciones harán parte del sistema público de educación superior, pero con autonomía universitaria y gobierno propio. Su instancia de dirección estará conformada por representantes del Gobierno, las autoridades locales, la comunidad educativa y los consejos comunitarios. Su oferta académica podrá incluir programas técnicos, tecnológicos y profesionales, así como posgrados enfocados en investigación, liderazgo comunitario, justicia étnica, gestión ambiental, educación intercultural y desarrollo territorial.
Según el Gobierno, el decreto responde a un reclamo de larga data de las comunidades afrocolombianas, que durante décadas han señalado que el sistema educativo nacional no ha garantizado plenamente el acceso ni la pertinencia cultural de la educación superior en sus territorios. La iniciativa surge del Acuerdo NT2-40 de Consulta Previa, concertado entre el Gobierno y las comunidades negras en cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, que ordenó reglamentar la creación de universidades públicas afrocolombianas.
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Esta normativa, señaló el Ministerio de Educación, “no solo representa un avance en el campo educativo, sino que también constituye un acto de justicia social y cultural que impulsa la transformación social, la protección de identidades y el respeto por la pluralidad de Colombia, en línea con los compromisos del Gobierno Nacional para promover un país más inclusivo, diverso y reconciliado con sus propias raíces”.
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