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Este viernes, 16 de enero, John Jairo Arboleda Céspedes presentó su renuncia como rector de la Universidad de Antioquia (UdeA), cargo al que llegó por primera vez en abril de 2018. En su carta, reconoce que en su tercera designación como rector se instaló un ambiente de “polarización de fuerzas ideológicas, económicas y políticas” que, a su juicio, ha afectado la autonomía y la reputación de la institución.
(Lea: Renunció el rector de la Universidad de Antioquia: la institución entra a un limbo jurídico)
En entrevista con El Espectador, el ahora exrector (aunque el CSU debe antes aceptar su renuncia) habla de las razones que lo llevaron a tomar esta decisión y explica que, con su renuncia, no está aceptando los señalamientos de nóminas paralelas y de bloqueo de información que escribió la inspectora Angielly Paola Martínez en el informe entregado al Ministerio de Educación y que llevó a que la cartera ordenara, la última semana de diciembre, su reemplazo por un año.
Arboleda también dice que este informe y posterior medida los tomó por sorpresa, pues le habían enviado al Ministerio de Educación los ajustes solicitados y estaban en la elaboración de un plan de mejora financiero. El Consejo Superior Universitario (CSU), máximo órgano de decisión de las universidades públicas, deberá reunirse para analizar los caminos que debe tomar la institución.
¿Por qué toma la decisión de renunciar? ¿Lo hace presionado por la Gobernación de Antioquia o la resolución emitida por el Ministerio de Educación?
Antes de responder, debo aclarar que hacemos un análisis desde el punto de vista jurídico de las resoluciones que emite el Ministerio. En ese sentido, la primera razón de mi renuncia es porque nos parece que esta última medida es una intromisión en la autonomía universitaria y pasa de una legítima inspección de parte del ministerio a una coadministración. Es decir, ya la cartera toma decisiones, como la de designar a una persona externa como rector.
Otra razón es porque hay una falsa motivación en los análisis que ellos hacen en el informe que presentan. Dicen que el rector es el responsable de la financiación de la Universidad de Antioquia, lo cual no es cierto. Yo no soy el responsable. Tengo, por supuesto, responsabilidad en los procesos administrativos, en las decisiones tomadas, pero el responsable de la financiación de la educación superior pública en el país es el Estado.
En el informe también se habla de nóminas paralelas y esos son asuntos que en mi renuncia dejo expresamente claro; esto no quiere decir que acepto estas observaciones. Entonces, hay una falta del debido proceso porque se está juzgando y tomando decisiones sobre asuntos que no están suficientemente debatidos y controvertidos. Además, cuando se nombra a un rector en reemplazo, yo quedo con el título, pero sin el ejercicio ni la potestad ni la representación, así que esta decisión era absolutamente lógica.
Dentro de la comunidad de la UdeA una de las principales preocupaciones de que se diera su salida era que podría abrir una puerta a que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, nombrara a un rector encargado. ¿Sí se abre esa puerta?
Lo que dice el estatuto es efectivamente ello, pero acá hay una particularidad y es que hay un rector encargado, que fue la persona que nombró el ministerio. Lo que estoy haciendo es renunciar como rector de la Universidad de Antioquia por esas razones y ya será el Consejo Superior el que apruebe esa carta y, junto al Ministerio, se encargará de decidir cómo continúa esta situación, que es inédita en la universidad.
Entonces, para tener mayor claridad, ¿ahora asumirá Héctor Iván García, rector encargado por el Ministerio, o se debe comenzar de nuevo un proceso de designación de rector?
El Consejo Superior tendrá este viernes, 16 de enero, una reunión extraordinaria justo para discutir esta situación por la que atraviesa la institución. Parte también de hacerme a un lado, de dejar el cargo vacante, es para que se genere una reacción de parte del Consejo Superior y de la comunidad universitaria para resolver este asunto lo más rápido posible, porque el tema de tener un reemplazo no es una situación favorable para el desempeño de la institución de cara a su responsabilidad en la sociedad. En ese orden de ideas, lo mejor es convocar cuanto antes a una nueva convocatoria para designación de rector.
(Puede leer: Los escenarios que le esperan a la U. de Antioquia, en medio de una pelea política)
Viendo la situación en retrospectiva, ¿hubo de pronto errores administrativos durante la gestión? ¿Hay alguna responsabilidad en esta crisis financiera?
Sí. Todos los que tomamos decisiones debemos pasar por momentos difíciles. Mi rectoría empezó en 2018 con una movilización masiva en el país por financiación, después nos tocó la pandemia y luego vino el estallido social. Seguramente las decisiones que se toman, sumadas a las condiciones que se generaron, sin duda afectaron la situación financiera de la universidad. Sin duda hay reconocimiento a algunas decisiones y a algunos asuntos que no salieron como se esperaba, pero siempre se informó y se aprendió. Sin embargo, reitero que esta situación ha salido de toda la lógica, no solamente por la autonomía universitaria, sino por las decisiones que se tomen con base en informes que necesitan tener.
Ahora sí, retomemos el informe. ¿Cuáles fueron las primeras impresiones, porque cuando se conoció esa versión preliminar usted estaba de vacaciones?
El informe de la última semana de diciembre no fue presentado a la universidad por parte de la inspectora. Se nos presentaron observaciones que nos hizo el ministerio, que ajustamos y que volvimos a presentar. Parte de la decisión de reemplazarme, según el informe, es porque bloqueaba la entrega de información, lo cual es absolutamente falso y es difícil de demostrar. En el documento hay unos supuestos, que no hay forma de demostrar y que son muy hetereos. Nosotros no nos reunimos en ningún momento; nos pidieron establecer un canal de comunicación por medio de la Secretaría General y nos pidieron siete veces información. Esas veces les respondimos.
¿Es decir que la resolución que ordenaba su reemplazó los tomó por sorpresa?
Sí, porque nosotros estábamos en un plan de mejora, que los estamos entregando al Consejo Superior y estamos haciendo informes cada vez que había reunión con ellos. Eso era lo que se había acordado. También estábamos conteniendo el gasto y habíamos logrado que se aprobara el presupuesto de 2026, que incluye alrededor de COP 80.000 millones de disminución en el gasto. Habíamos tenido una participación enorme, de parte de los decanos, decanas, directores y directoras. Estábamos en esa ruta importante y habíamos logrado tener los recursos que nos permitieran asumir el porcentaje de las obligaciones que teníamos.
En ese proceso que estaban avanzando hay un actor clave: la Fundación Universidad de Antioquia. La comunidad estaba pidiendo los estados financieros, pero se escudaban en que era una entidad privada. ¿Por qué no los presentaron? ¿No estaba contemplado en el plan de mejora?
La fundación ni siquiera es de la universidad, aunque la razón de existir de la fundación sí es la UdeA. Nosotros no estamos en la junta directiva, pero igual hay representación de profesores allí y hay otras representaciones que no tiene nada que ver con la universidad, porque es del orden privado. Nosotros habíamos tenido reuniones, informes de parte del director en otros momentos. Ahora, estaba programado un informe de la fundación para este Consejo Superior, pero finalmente, al cabo de estos últimos meses del año, se alteró toda la programación y no se dio. Igual sucedió con el hospital Alma Máter.
(Vea también: Los detalles y discusiones del informe que sacudió a la Universidad de Antioquia)
Lo que esperamos es que todo esto se aclare y que reciban el informe de la fundación para que ellos vean el enorme beneficio que hace al presupuesto de la universidad, pues en sus estatutos está establecido que transfieran el 70 % de las utilidades y, en los últimos 10 años, se hace el 80 %.
Otro de los puntos de la inspectora es que el cálculo del déficit omitió pasivos por más de COP 130.000. ¿Por qué no fueron incluidos en el presupuesto de 2026?
No se incluyeron como el faltante, porque esa fue una de las recomendaciones que nos hizo el Consejo Superior y que acogimos. Lo que queremos es que se ajuste adecuadamente los recursos para no tener que recurrir a préstamos para el cierre, porque el problema que tenemos es que los recursos no son suficientes para el funcionamiento de la universidad y, si no son suficientes, tenemos que hacer los ajustes respectivos.
La Corporación Interuniversitaria de Servicios también estuvo en este informe y la UdeA dice que no es tercerización ni una nómina paralela, pero las cifras siguen siendo altas: en 2020 la Universidad pagó COP 1,9 a la CIS por cada COP 1 invertido en su planta. ¿No son esos gastos muy elevados?
Sí, lo que pasa es que la gran mayoría de esos contratos tienen que ver con recursos de gestión de las unidades académicas. Por ejemplo, nosotros desarrollamos para el Ministerio de Salud toda la encuesta de salud y demografía. Eso es un contrato de más de COP 23.000 millones que necesita una cantidad enorme de personas contratadas para las encuestas y que la universidad no tiene capacidad de desarrollar. Precisamente para eso se crea esa corporación. Así es que esos recursos son muy importantes. Otro ejemplo es el contrato por COP 30.000 millones con el Ministerio de Educación para la evaluación de más de 104.000 maestros y maestras en el país a través de la Facultad de Educación. La fundación y la corporación nos acompañan en esos procesos para hacer más factibles estos procesos. ¿Cómo hace la universidad para contratar en un mes 1.500 personas para que desarrollen una actividad que no tiene que ver con el desempeño de la institución alrededor de unos asuntos que se están llevando a cabo? Estamos en la tarea de aclarar y solventar todas y cada una de las preguntas que se han generado en torno a esta situación.
Cuando se lanzó por tercer vez a la rectoría, la comunidad dijo que no era una buena idea lanzarse. ¿Por qué no seguir esos consejos? ¿Se arrepiente?
Estábamos en unas situaciones difíciles en las cuales teníamos que tomar decisiones alrededor de lo que era la continuidad de un programa, un proceso que, en medio de tantas dificultades, seguía manteniendo vigente esta universidad. Habrá muchas opiniones al respecto y es muchísimo más fácil sacar conclusiones y tomar decisiones en retrospectiva, pero para su momento yo creo que fue bien ponderado el asunto. De hecho, en la consulta tuve el respaldo. Fueron momentos difíciles, de mucha tensión, de polarización, y creo que atravesamos una situación política difícil en la universidad.
Justamente sobre ese punto, muchas de las personas de la comunidad educativa sienten que la universidad quedó en medio de una pelea política entre la Gobernación de Antioquia y el Ministerio de Educación. ¿Usted lo cree?
La universidad está en una situación jurídica muy difícil generada por el ministerio cuando nombra un rector en reemplazo. La universidad cuanto antes debe entrar en un proceso de investigación para que vuelva a recuperar la administración que le permita que se resuelva el tema de la financiación.
(Lea también: Tabla salarial docente 2026: así quedan los sueldos)
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