El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) anunció que ha solicitado de manera voluntaria la vigilancia preventiva de sus procedimientos administrativos y contractuales por parte de organismos de control. Esta decisión coincide con una investigación que adelanta la Contraloría General de la República, que ha exigido información al Icetex sobre un contrato por aproximadamente COP 18.000 millones.
Según un comunicado compartido este 6 de octubre, la entidad ya realizó una primera mesa de trabajo con la Procuraduría Delegada para la Función Pública, en la que se revisaron los temas relacionados con los procesos que han sido objeto de observación. Durante el encuentro, el Icetex reiteró su disposición para entregar toda la información requerida y acoger las recomendaciones que se deriven de este seguimiento.
“El propósito de estas mesas técnicas es ampliar y precisar la información que sustenta nuestras actuaciones administrativas y contractuales, en estricto cumplimiento de la normatividad vigente y de los principios de transparencia, eficiencia y legalidad que rigen la función pública”, se lee en el comunicado.
Estas acciones, según el Icetex, se suman a los ejercicios de control interno y auditorías que adelanta desde junio de 2025, los cuales buscan garantizar la “claridad en los procedimientos, fortalecer la gestión institucional y mejorar el funcionamiento de sus herramientas tecnológicas y administrativas”. En la actualidad, el ICETEX atiende a 885.255 beneficiarios activos en todo el país.
Como lo informamos en estas páginas, según un oficio emitido por la Contraloría Delegada para el sector Educación y dirigido al presidente del Icetex, Álvaro Hernán Urquijo, la entidad debía responder a cuestionamientos relacionados con un contrato para el desarrollo de una aplicación móvil. Este proyecto pretende “integrar servicios financieros, educativos y de acompañamiento institucional”, según el organismo de control.
La Contraloría solicitó al Icetex documentos como los estudios previos, pliegos de condiciones, anexos técnicos, análisis de ofertas, copia del contrato e interventoría, y la estructura de costos del proceso. Además, exige explicaciones sobre las medidas adoptadas para asegurar la correcta utilización de recursos públicos y el cumplimiento del mecanismo de subasta inversa.
Frente a estas exigencias, el Icetex ya había emitido un comunicado el 26 de septiembre en el que rechazó afirmaciones de irregularidad y aseguró que las críticas se basan en “mensajes equivocados que no reflejan la realidad”. En ese comunicado, la entidad enfatizó que adelanta un proceso de transformación tecnológica para atender mejor a sus cerca de 900.000 beneficiarios.
El contexto de la investigación se superpone con la decisión institucional de solicitar vigilancia preventiva. Medios han citado a la congresista Catherine Juvinao, quien ha señalado que el proyecto tecnológico no debería costar tanto como lo propuesto por el Icetex. Según ella, con los pliegos técnicos expuestos, el valor real estimado no superaría los COP 600 millones. Además, ha cuestionado la falta de una licitación pública abierta, pues el ICETEX publicó una solicitud de cotización el 30 de julio y la cerró el 4 de agosto, en un lapso muy breve para garantizar pluralidad de oferentes.
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