Aunque hay consenso sobre la importancia de actualizar la política científica del país, el borrador de la propuesta que ha dado a conocer el gobierno nacional para los próximos diez años ha sido cuestionada duramente: “Creemos que no es conveniente tratar de sugerir cambios porque consideramos necesario estructurar un nuevo documento que aborde el tema teniendo en cuenta la realidad nacional y los principios fundamentales que debe contener una Política de Ciencia, Tecnología e Innovación”, dice la carta firmada por Enrique Forero, presidente del Colegio Máximo de las Academias Colombianas, al que pertenecen diez Academias, y dirigida tanto a Jaime Bueno, asesor presidencial para el Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación, SNCCTI, como a Simón Gaviria, director del Departamento Nacional de Planeación.
Esta misiva es la continuación de dos comunicaciones enviadas al Presidente de la República Juan Manuel Santos en septiembre y en diciembre de 2015. En la primera, liderada por la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (ACAC) le manifiestan su preocupación por el recorte presupuestal a Colciencias, que finalmente quedó en 319 mil millones para el 2016, cuatro mil millones por encima del asignado en 2015. La segunda, liderada por la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (ACCEFYN) le proponen cinco acciones para desarrollar y mejorar al sector.
La propuesta del documento borrador
La respuesta del gobierno fue un documento de 161 páginas, Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2015 – 2025, que parte de una realidad: ni el país, ni sus regiones “han logrado impulsar el desarrollo económico y social a través de la ciencia, la tecnología y la innovación”. Plantea seis objetivos que priorizan la innovación y la competitividad empresarial, en un intento por lograr la participación del sector productivo público y privado en la generación de nuevo conocimiento y responder a la tan ansiada trilogía que se busca desde mediados del siglo XX: academia – gobierno – empresa. La idea, de acuerdo con el asesor presidencial, es que estas instancias ‘conversen’. Y esto se logra, dice, a través de dos instancias que serían la Comisión Nacional del SNCCTI, máximo órgano que se reuniría anualmente, y el Comité Ejecutivo, con carácter mensual, al que asisten los empresarios “para concertar políticas generales donde está jugando tanto el sistema de ciencia como el de competitividad”.
Con base en iniciativas regionales de innovación y emprendimiento exitosas como Ruta N o Manizales+ proponen “dinamizar los Sistemas Regionales de Innovación”, e implementar el Programa Nacional de Escalamiento de la Productividad que se enfoca en mejorar las capacidades gerenciales, analizar la tecnología en las empresas y acompañar “la adaptación y absorción de conocimiento y tecnología”. “La lógica”, explicó Bueno a El Espectador, “es integrar la cadena de valor de lo que es el conocimiento para convertirlo en uso eficiente de recursos para el país”.
El documento identifica a las energías renovables, la salud y los alimentos como áreas de conocimiento prioritarias, y como tecnologías transversales a la biotecnología, las tecnologías de la información y las comunicaciones, materiales y nanotecnología. Además, propone establecer “cinco Centros Nacionales de Investigación de alta calidad como mecanismo para alcanzar posiciones de liderazgo internacional en investigación y desarrollo” en dichas áreas.
También insiste en la formación de doctores, “como una inversión de importancia estratégica para el país a través de un mecanismo de financiación no menor a 10 años”, fortalecer los programas para generar una cultura científica “que contemplen la solución de problemas sociales a partir del conocimiento científico tecnológico y experiencias locales” e incrementar la inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación al 1% del PIB en el 2018, y al 1,5% en el 2025.
La comunidad científica reacciona
El documento, publicado en las páginas web de Colciencias y del DNP para conocimiento de la opinión pública, generó grupos de análisis. Entre ellos, el de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que formuló 18 comentarios, en los que destaca que “la que rige las reglas del juego es la competitividad y no la ciencia, la tecnología y la innovación, lo que conceptual y técnicamente es equívoco”.
Al respecto, el investigador Hernán Jaramillo indica que la política “demuestra una gran confusión conceptual”, porque “no logra capturar las relaciones complejas entre ciencia, tecnología e innovación con la competitividad”. Si el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 unificó el Sistema de CTI con el de competitividad, el grupo de trabajo liderado por la Academia de Ciencias insiste en que “el Sistema de CTI es mucho más complejo que lo que menciona el documento y tal como se observa, aquél terminará por desaparecer”.
De hecho el gobierno propone formular dos Planes Nacionales: el de Innovación y Emprendimiento 2016-2020 a cargo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y el de Investigación 2016-2020 a cargo de Colciencias, que deberán estar listos a finales de 2016. “Lo que se busca”, argumenta el asesor presidencial, “es que cada uno tenga su espacio de aplicación con la vocación de juntarlos en una estrategia”.
Así mismo los académicos controvierten la creación de los cinco centros de investigación, teniendo en cuenta que, según cifras de Colciencias en 2015, el país ya cuenta con 50 centros de investigación y 26 centros de desarrollo tecnológico que más bien deberían ser fortalecidos. “Es fundamental consolidar y evaluar lo que existe antes de crear nuevas estructuras, para no ‘refundar la ciencia’ permanentemente”, dicen.
Y frente a la formación de capital humano, preocupa a la academia que cada año aumenta el porcentaje del presupuesto de Colciencias al apoyo doctoral (en 2014 fue el 60%) dejando sin financiación a la investigación científica. Sin dejar de considerar importante la formación académica, dice que “la pequeña oferta que el país ofrece mediante las becas para maestrías y doctorados no encuentra la demanda esperada y las empresas transnacionales y nacionales prefieren importar y trasplantar su propia tecnología, en el primer caso, e importarla e implantarla directamente, como lo demuestran las bien conocidas frustraciones de los ‘doctores’ formados en el exterior que lo son también de muchos de los graduados en el país”.
Otro tema de discordia son las ciencias sociales. De acuerdo con el doctor Bueno, “caben en la vida productiva y en la vida de los servicios sociales”. Pero los académicos no están tan convencidos del reconocimiento de su importancia en el borrador del documento. “El desarrollo científico y tecnológico de un país, el aumento de productividad y de transformación productiva de una sociedad está incorporado en las ciencias sociales”, dice Jaramillo. El pensamiento es clave para comprender las relaciones complejas entre ciencia, tecnología, innovación y productividad, dice.
La Universidad Nacional y otras instituciones sugieren que las humanidades desempeñen un papel destacado, para lo cual proponen la inclusión de un Centro Nacional de Investigación en Humanización y Cultura.
Jaramillo y la Academia de Ciencias proponen un Ministerio de ciencia y tecnología para pensar la política científica y tecnológica, como una nueva estructura, diferente a Colciencias, que continuaría y sería la encargada de ejecutar la política.
Otras voces
La actual directora del Observatorio de Ciencia y Tecnología, Clara Pardo, opina que “es importante continuar con la estrategia [de formación de capital humano] siempre y cuando se tenga en cuenta la calidad”. Agrega que “le hace más daño al país tener muchos doctores que no cumplen con los criterios mínimos a nivel internacional para ser investigador… ya que el doctor que no cumple estos criterios replicará esta situación con sus estudiantes y esto no permitirá el posicionamiento de la CTI en el país”.
Además, informó que como recomendación del documento, el Observatorio trabaja en mejorar sus estadísticas porque “es fundamental seguir produciendo más indicadores y con mayor comparabilidad internacional y lograr consolidar un sistema de información que permita un mayor seguimiento y fuente de investigación para los diferentes actores del sistema”.