En la tarde de este viernes, 22 de mayo, según conoció El Espectador, un juzgado de control de garantías de Quibdó (Chocó) impuso una medida de aseguramiento contra Fabio Magdaleno Asprilla, exrector encargado de la Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH), por el delito de falsedad en documento público.
Esta decisión judicial tiene profundas implicaciones para la principal universidad pública del departamento, pues impide ejecutar un fallo de tutela que ordenaba reintegrar a Asprilla al cargo.
En contexto: Perder 4.000 alumnos, la consecuencia de la crisis que no para en la U. del Chocó.
“Las medidas de aseguramiento no privativas de la libertad impuestas al procesado entran en vigencia y deben cumplirse de manera inmediata desde el mismo momento de la terminación de la audiencia, aun cuando el recurso de apelación se encuentre pendiente de resolución por parte de la segunda instancia. Por ello, a partir de hoy, el señor Fabio Magdalena no podrá ingresar ni tener contacto con la UTCH“, se lee en la decisión judicial.
Vale señalar que Asprilla fue nombrado en 2024 por el Consejo Superior Universitario (CSU), entonces vicerrector de Docencia. Sin embargo, otra decisión judicial tumbó ese nombramiento.
En este momento, la universidad, que está bajo vigilancia especial del Gobierno Nacional por problemas financieros y administrativos, se encuentra en proceso de designación de rector. Según le contaron fuentes del Ministerio de Educación a este diario, hace unos días se envió una orden de suspensión temporal para poder hacer una revisión muy rigurosa de las hojas de vida de los candidatos.
En este proceso, se detectaron algunas inconsistencias y se espera que este proceso continúe el próximo lunes 25 de mayo.
De acuerdo con fuentes del MEN, se tiene la meta de que la otra semana se levante esta orden de suspensión y que la universidad elija su rectora en las próximas semanas.
Siete rectores en un año y medio en la UTCH
El enredo alrededor de la rectoría de la UTCH viene desde julio de 2024. En ese momento, la entonces ministra de Educación, Aurora Vergara, ordenó reemplazar al rector David Emilio Mosquera mediante la resolución 011010, en medio de las medidas de vigilancia especial que el Ministerio había impuesto por problemas administrativos y financieros en la institución.
En lugar de Mosquera llegó Vanessa Sánchez Ruiz. Pero duró poco en el cargo. Tras varias batallas judiciales, en las que el exrector alegó vulneración al debido proceso y el derecho a la defensa, el Juzgado Primero Administrativo de Quibdó ordenó su reintegro provisional como rector y representante legal de la universidad.
El ministro Rojas Medellín explica que Mosquera, imputado por la Fiscalía por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, debía permanecer en el cargo hasta noviembre de 2024, cuando terminaba oficialmente su período. Sin embargo, anota el ministro, el CSU tomó la decisión de nombrar a Fabio Magdaleno Asprilla, entonces vicerrector de Docencia.
Otra decisión judicial tumbó ese nombramiento y, meses después, en febrero de 2025, el Ministerio designó a Luis Alfredo Giraldo como rector encargado. Fue entonces cuando comenzó el proceso para elegir nuevos representantes de los estamentos universitarios y, eventualmente, un rector en firme.
El enredo, sin embargo, siguió creciendo. El Consejo de Estado anuló la resolución mediante la cual el Ministerio había designado a Giraldo como rector provisional, porque para la Sección Quinta hubo falta de competencia y errores en la expedición del acto administrativo.
Después, el CSU volvió a reunirse para buscar una salida jurídica. Entre las opciones apareció el nombramiento temporal de Milton Henry Perea, vicerrector de Docencia. Más adelante, otra decisión judicial suspendió el reintegro de Fabio Magdaleno Asprilla y, de manera provisional, llegó Merlen María Díaz. Finalmente, desde el 4 de marzo, el cargo quedó en manos de Héctor Aurelio Mosquera, entonces decano de la Facultad de Ciencias Administrativas.
A juicio de Ortiz, detrás de todo este caos hay una responsabilidad directa del Ministerio, porque “no están respetando los fallos judiciales y la destrucción de la universidad es culpa de ellos”.
Rojas Medellín responde que no está dispuesto a dejar en la rectoría a alguien que, en su concepto, no sea idóneo para dirigir la institución. “Si una orden judicial me obligara a reintegrar o nombrar a una persona que no está preparada para ese cargo, preferiría asumir las consecuencias de un desacato”, afirma.
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