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Debates centrales de la educación han aparecido en el paro nacional a través de las multitudinarias movilizaciones de jóvenes y estudiantes. Sus marchas representan la casi siempre olvidada voz de una generación que ha visto su realidad completamente trastocada. Aunque los debates sobre el acceso y la financiación de la educación superior no son nuevos en Colombia, el actual paro nacional refleja otras de las necesidades de uno de los grupos poblacionales más afectados por la pandemia y por las medidas sociales que hemos implementado para mitigar sus efectos: los jóvenes. (Le sugerimos: ¿Qué sigue después de la fallida reforma a la salud?)
Aunque a la fecha la movilización ha generado una victoria importante para algunos de los jóvenes marchantes –la respuesta del Gobierno garantizando la gratuidad educativa en la educación superior para estratos 1, 2 y 3 en el segundo semestre del 2021–, este anuncio debería ser solo la puerta de entrada a una discusión más amplia sobre el futuro de la educación y los jóvenes en Colombia. Tristemente, pareciera que estas medidas están más enfocadas en apaciguar clamores explícitos e inmediatistas, que en pensar y actuar frente a las necesidades del sistema educativo nacional en todos sus niveles (educación inicial, básica y media). En otras palabras, estas decisiones omiten peligrosamente consideraciones sobre el futuro de aquellos muy pequeños para marchar y/o votar.
Y es que si nos enfocamos exclusivamente en la situación de niños, niñas y jóvenes desde el inicio de la emergencia sanitaria por COVID-19, es posible ver que esta generación de ciudadanos es una de las que más se han visto afectadas. Aunque la evidencia epidemiológica sigue sugiriendo que los menores de edad y las poblaciones jóvenes son quienes menos sufren biológicamente los efectos del COVID, las medidas sociales que hemos implementado para abordar la crisis han afectado inequívoca y desproporcionadamente a este grupo; especialmente a los que pertenecen a las comunidades más pobres de nuestro país. En más del 70 % de los hogares del primer quintil de ingreso en Colombia hay menores de 18 años, en contraste con apenas 30 % en el quintil más alto. (Le sugerimos: Universidades: el paro más allá de las protestas)
Las decisiones de cerrar los centro de educación en marzo del 2020 y transferirlos a un esquema de educación virtual, afectaron no solo la oportunidad de niñas, niños y jóvenes de acceder a contenidos académicos, sino que los obligaron a perder su cotidianidad de ver amigas, compartir espacios y desarrollarse socialmente –uno de los propósitos esenciales de la educación–. Si bien la evidencia resalta que algo del contenido académico se puede desarrollar virtualmente, lo que los niños y jóvenes más están reclamando y añorando en este momento no es resolver ecuaciones algebraicas o pruebas de lectura, es el restablecimiento de las relaciones con sus amigos, profesores y espacios físicos que, está ampliamente comprobado, son el motor del desarrollo humano.
Ahora bien, para los jóvenes en hogares pobres, los retos de la alternancia educativa no paran en la falta de oportunidades de relacionarse socialmente. Estos retos interactúan peligrosamente con el confinamiento al interior de los hogares, la falta de acceso a las más básicas herramientas de conexión virtual, el reclutamiento forzado, e incluso con el riesgo de convertirse en víctimas de abuso por parte de adultos confinados con ellos, como lo muestran un reportes reciente de Oracio Atanasio y Ranjita Rajan para la Unicef. (Le puede interesar: Paro nacional: entrevista con José Manuel Sabucedo)
A pesar de esta situación de mayor vulnerabilidad, las niñas, niños y jóvenes han tenido que ver la reactivación de casi todos los sectores de la sociedad, mientras esperan expectantes que se reactiven con la misma determinación los espacios que socialmente les brindan oportunidades para desarrollarse (p.e., escuelas, parques y escenarios deportivos). De acuerdo con el Observatorio de la Gestión Educativa, al 21 de mayo apenas 14,4 % de los estudiantes de básica y media del país estaban en alternancia, es decir, que asisten presencialmente a la escuela por lo menos una vez al mes, y esta cifra varía ampliamente entre municipios. Peor aún, frente al tercer pico de la pandemia la decisión de muchos gobiernos locales ha sido suspender por completo la alternancia.
Desde la perspectiva de los jóvenes, las calles han sido cerradas para reactivar restaurantes y comercio y los adultos han regresado a sus rutinas laborales y de esparcimiento. Sin embargo, ellos, en su mayoría, siguen viendo restringidas sus oportunidades de movilidad e interacción. Estas por sí solas serían razones suficientes para movilizarse. Deberíamos hacer un llamado de acción a la política pública para considerar, no solo a los votantes promedio, sino a quienes no votan ni se ven representados.
De cara a esta realidad, la decisión de otorgar matrícula 0 para educación superior en el segundo semestre del 2021 es, por decir lo menos, mediocre. Afrontar las necesidades de la educación inicial, básica y media es de vital importancia si queremos que en un futuro cercano existan estudiantes que puedan acceder a la educación superior, ojalá entonces sí gratuita y por más de un semestre. Garantizar la vacunación de los maestros es un primer paso en la dirección correcta, pero será insuficiente si, después de una pandemia y un paro nacional, volvemos a las aulas exclusivamente a impartir conocimientos. Volvamos a las escuelas los centros comunitarios que tienen la vocación de ser y escuchemos y atendamos por fin a la población más traumada por los eventos recientes.
*Profesores de la Universidad de los Andes.