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Esta semana hubo una reunión particular en Bogotá. Mientras todos los focos estaban apuntando hacia Nicolás Petro, los 230 rectores de instituciones de educación superior privadas se vieron en la capital para discutir una de las grandes apuestas del Gobierno: reformar el sistema de educación superior. Al frente del encuentro estaba la ministra Aurora Vergara, que, tras el aprendizaje de la tropezada reforma a la salud, espera lograr un documento con consenso antes de radicarlo en el Congreso. (Lea: Reforma Ley 30: financiación y otros cambios del Gobierno a la educación superior)
No es fácil hacerle ajustes a la Ley 30, la principal norma que en 1992 estableció el camino que debían seguir las universidades y los programas de formación técnica y tecnológica. El intento, por ejemplo, que hizo Juan Manuel Santos en su mandato, terminó en multitudinarias marchas estudiantiles que paralizaron varias ciudades. Al cabo de un par de años, su ministra -María Fernanda Ocampo- tuvo que dejar el cargo y retirar la reforma, pues no llegó a un acuerdo con la recién creada Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE).
A diferencia de aquellos años, Gustavo Petro, como dice la exviceministra de Educación, Isabel Segovia, podría tener la balanza inclinada a su favor, al menos en las calles. Parte de su campaña se enfocó en los jóvenes, a quienes les prometió educación superior gratuita y mejorar y ampliar la infraestructura. Pero el lado opuesto de la balanza está un Congreso que ya no respalda, como al inicio, al presidente.
El ministerio, además, ha pasado por varios contratiempos. El 27 de febrero de este año, Alejandro Gaviria, entonces al frente de esa cartera, fue apartado del cargo. Al poco tiempo también se fue Hernando Bayona, el viceministro de educación básica y media.
Ambas salidas (a la que hay que sumar la del director del Icfes, Andrés Molano) se presentaron en un momento en el que discusiones centrales tomaban vuelo. Por un lado, se consolidaban las mesas de diálogo con Fecode, el sindicato de los maestros, para lograr un nuevo acuerdo. Por otro, se estaban realizando encuentros con las universidades para reformar la Ley 30. También le estaban haciendo ajustes a la propuesta educativa en el Plan Nacional de Desarrollo (PND).
El ministerio quedó, entonces, en manos de Aurora Vergara, pero justo cuando presentó un borrador de la reforma hace dos semanas, renunció una ficha clave: Ana Carolina Quijano, la viceministra de Educación Superior. Aún no han anunciado su reemplazo, que tendrá la difícil tarea de cumplir la transformación que prometió Petro y sacar adelante el otro proyecto con el que sorprendió el ministerio: una Ley Estatutaria, que reconoce y regula la educación como un derecho fundamental. Necesitará mayorías amplias en el Congreso para ser aprobada. (Puede leer: Tramitadores falsos de créditos Icetex: así va el caso de los 10.000 estudiantes)
El proyecto de ley, el cual cuenta con 21 artículos, cubrirá todos los niveles de educación y todos los establecimientos educativos e instituciones de educación. En educación inicial, por ejemplo, el Estado deberá financiar, ofrecer y garantizar de forma progresiva el acceso a prejardín, jardín y transición. En este link podrá conocer más detalles de la iniciativa.
En medio de esa carrera por lograr el consenso y la aprobación de los proyectos, hay una pregunta que ronda en el sector: ¿Y la educación de los más pequeños y de los adolescentes? “Hay un foco absoluto y excesivo en la educación superior, que, por supuesto, es muy importante. Pero, primero, mi primaria. Si solo atienden el final de los eslabones, se fortalece un sistema que excluye niños, niñas y jóvenes. Si esos menores no llegan al sistema de educación superior, no estamos haciendo nada”, señala Segovia.
Entre sus preocupaciones tiene una que la inquieta, especialmente: “Nos pasó una pandemia por encima y parece que ya nadie habla de eso. No veo un plan de recuperación de aprendizaje o de nivelación, dificultades que deberíamos resolver con urgencia”. La urgencia la muestra una cifra: en 2021 cerca de 333 mil estudiantes desertaron de los colegios. La mayor parte de ellos fueron hombres. Además, 643 mil estudiantes perdieron el año.
En palabras de Diego Sánchez, coordinador general de la Fundación Empresarios por la Educación, “hay que fortalecer con urgencia los rezagos en el aprendizaje que dejó la pandemia. Y es indispensable que abramos una conversación sobre cómo vamos a fortalecer las competencias básicas de los estudiantes, como matemáticas, ciencias naturales o lectura crítica, porque tenemos muchos retos. Nuestros niños, niñas y adolescentes aún no alcanzan los desempeños que esperamos en las Pruebas Saber”.
“Hay rezagos importantísimos en el aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes y no ha habido políticas contundentes para recuperarse de esa situación”, concuerdan en el Laboratorio de Economía de la Educación LEE de la Universidad Javeriana. (le puede interesar: Estos serían los puntos clave de la reforma al Icetex)
También hay algunos temas que, a los ojos de Bayona, el exviceministro de educación básica y media, se han quedado estancados. Uno de ellos es la discusión en torno al cambio de currículums en los colegios. Las mesas de conversación que se establecieron, ya se abandonaron. “La apuesta era repensarse la educación y volver a las preguntas fundamentales sobre qué enseñar, cómo enseñar, qué tipo de ciudadano queremos, pero se diluyeron”, dice.
Algo similar pasó con la idea de que 5 mil estudiantes de licenciatura y Escuelas Normales Superiores enseñaran de manera voluntaria en colegios para “recuperar procesos de aprendizaje”. “Ahí quedó”, agrega Bayona, hoy profesor asociado de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes. “El Gobierno ha tenido una visión de cambio y transformadora, y la voluntad, porque ha tomado juego y partido en las reformas que se requieren. Pero, está fallando en el método”.
Hay, para él, hay un problema más: la plata. Al no lograr una reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), que se estaba cocinando y se esperaba presentar en julio, el sistema educativo comenzó este año con un déficit de $3.5 billones. Sin embargo, espera un aumento importante de los recursos el próximo año, gracias a la reforma tributaria.
Y entonces, ¿la educación superior qué?
En medio de las discusiones por hacer una reforma integral a la Ley 30, hay un debate que no ha escapado a los ojos de quienes se mueven en el sector: ¿De dónde va a salir el dinero para las universidades públicas? Para varios conocedores del sistema, hay que priorizar la reforma de los artículos (86 y 87) donde está la fórmula que determina el monto que le gira a las instituciones de educación superior oficiales (ya hay, de hecho, un proyecto de ley que busca ese propósito).
Eso es clave, dice Jairo Torres, presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE), para cumplir varias de las metas que trazó Petro en el Plan Nacional de Desarrollo, como la creación de 500.000 nuevos cupos en educación superior. “En eso no se ha avanzado y es una necesidad urgente”, apunta. De acuerdo con sus cálculos, el 46% de los jóvenes no tienen acceso a la educación superior, es decir, unas 2 millones de personas.
“La financiación es una meta en la que se colgó el Gobierno”, remata Oscar Domínguez González, director de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN). (Lea también: Aumentaron las matrículas en pregrados y posgrados durante 2022: Mineducación)
Otra de las principales promesas del Gobierno es que de aquí a 2026 se construyan o mejoren 31 universidades, 16 multicampus o complejos de educación superior públicos y 10 nuevas sedes del SENA. Pero la idea no les suena a todos. Es “un grandísimo error porque es simplemente irrigar el país de la mala calidad de la educación en lugar de concentrar la calidad, que es lo más importante, en grandes centros universitarios”, dice Ignacio Mantilla, ex rector de la Universidad Nacional.
Construir nuevas universidades, agrega Mantilla, implica una serie de esfuerzos, como adecuar y dotar bibliotecas, oficinas, auditorios, laboratorios, cafeterías o espacios deportivos. También hay que adquirir bases de datos y garantizar conectividad. Eso sin contar con los requisitos administrativos que requiere una nueva universidad: “Crear estatutos, acuerdos, reglamentos, conformar consejos, comités académicos o formular planes de desarrollo a largo plazo”.
Como reiteran en el LEE, de la Javeriana, al parecer, todas estas reformas aún no hallan el respaldo necesario para efectuarse y eso que aún hay varias en el tintero. Entre ellas, la jornada única y la universalización del Programa de Alimentación Escolar (PAE). “La historia”, añade Domínguez, de ASCUN, “se está repitiendo. No hay acuerdos previos en la construcción de políticas públicas, que luego se quedan en la mitad del proceso legislativo y que deben reiniciar su curso”.
Las personas que han renunciado al sector educativo en este año de Gobierno
1. Alejandro Gaviria salió del ministerio de Educación el 27 de febrero. En una alocución presidencial, Petro le agradeció por los meses que estuvo a cargo de esta cartera. Gaviria, por su parte, en su cuenta de Twitter aseguró a que “se debía a problemas de salud”.
2. Hernando Bayona se venía desempeñando como viceministro de educación básica y media. Salió del ministerio con Alejandro Gaviria. Ahora es profesor asociado de la facultad de educación de la Universidad de los Andes.
3. Andrés Molano se venía desempeñando como director del Icfes. El El 8 de junio, el Gobierno le pidió la renuncia. También salió su equipo de directores y subdirectores.
4. El 25 de julio Ana Carolina Quijano renunció como viceministra de Educación superior. Señaló que era una decisión irrevocable. El ministerio, por su parte, aseguró que su salida se debia a motivos personales.
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