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Ante las inquietudes que ha generado el proceso de elección de rector en la Universidad Nacional, la Procuraduría General también decidió solicitar información para despejar algunas de las dudas.
En un documento, conocido por El Espectador, fue enviado por Claudia Hernández León, Procuradora Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública (E) y en él les pide a los miembros del Consejo Superior Universitario (CSU) y a la Secretaría Técnica los soportes relacionados con el proceso de designación de José Ismael Peña. También solicita información sobre la aprobación del acta para el cargo de rectoría de la UNAL. Así mismo, el ente de control asegura que adelanta vigilancia preventiva sobre el proceso de designación de rector.
La petición, hecha el 3 de mayo, se enfoca en las observaciones que realizaron tanto la ministra de Educación, Aurora Vergara, como las delegadas de presidencia ante el CSU.
Pide, se lee en el documento, que le informen si dentro del plazo establecido, es decir, dentro de los 5 días hábiles contados a partir del momento en que se envió el proyecto de acta de la sesión del 21 de marzo, la ministra Aurora Vergara Figueroa, presidenta del CSU; y las delegadas de la Presidencia, María Alejandra Rojas Ordóñez y Danna Nataly Garzón Polanía, presentaron observaciones al acta. Pide, además, que le indiquen qué trámite le dieron a esos comentarios.
La Procuraduría también solicita que le informen acerca del “trámite que se le dio a las presuntas observaciones presentadas el 26 de abril de 2024 por tres integrantes del CSU” y que, al parecer de la Secretaría Técnica, se hicieron de manera extemporánea.
Además, el ente de control requiere la información relacionada con la grabación de la sesión extraordinaria en la que se designó a Ismael Peña en la rectoría. Solicita que le indiquen “si la sesión extraordinaria del CSU del 21 de marzo de 2024 fue grabada y si esta grabación hace parte integral del acta”.
Así mismo, la procuradora (e) Claudia Hernández León, le requiere al CSU “informar si las presuntas constancias, señaladas en el comunicado del Ministerio de Educación incluyen situaciones relacionadas con conflictos de interés y causales de impedimento y recusación establecidas en la ley y en la normativa interna vigente y que no hayan sido resueltas en la sesión, o situaciones que deban ser conocidas por parte de las autoridades competentes”.
Sin embargo, la Procuraduría aclara que su ejercicio de función preventiva “no implica coadministración, prejuzgamiento o injerencia en las decisiones administrativas, financieras, técnicas, jurídicas o de cualquier otra índole de las Entidades y de los particulares que ejercen funciones públicas o administren recursos públicos”.
Aunque dice que guarda absoluto respeto por autonomía de los “sujetos” que vigila, le hace un llamado de atención al CSU para que, de manera urgente, “tome las decisiones a que haya lugar en el marco de sus competencias como garantes del desarrollo de los procesos académicos, administrativos y financieros y los demás requeridos para el cumplimiento de la misión de la Universidad Nacional de Colombia”.
Así mismo, en el documento, hace un recuento de las solicitudes que ha hecho a la U. Nacional. El 29 de abril, por ejemplo, había pedido información correspondiente al cumplimiento de las disposiciones internas de la universidad en el proceso de designación.
Ante esto, el ente recibió dos respuestas de la secretaría técnica del CSU, a cargo de Amanda Lucía Mora Martínez, quien indicó que “el proceso de designación de rector de la Universidad Nacional de Colombia para el período 2024-2027 se llevó a cabo en cumplimiento irrestricto de las disposiciones normativas vigentes”.
En una segunda comunicación, esta secretaría señaló que “el Acta de la Sesión Extraordinaria del 21 de marzo de 2024, donde se designó como rector de la Universidad Nacional de Colombia al profesor José Ismael Peña Reyes, se encuentra aprobada por 5 de los 8 miembros del CSU, en el término previsto en el precitado artículo 21 y es acto administrativo en firme…”.
El documento también toma en cuenta el posterior pronunciamiento del Ministerio de Educación en el que se niega la validez del acta de elección y además se mencionan “(…) constancias que durante la votación se realizaron por parte de los miembros del Consejo, lo que incluye aquellas relacionadas con el cambio de metodología y las votaciones expresadas por parte de los consejeros”.
Vea aquí el documento completo:
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