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El Ministerio de Educación, a través de la subdirección de Inspección y Vigilancia, le dio, hace un par de días, una serie de órdenes al rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda, debido a la situación financiera que vive la institución.
En un documento de seis páginas, Harold Hernández, subdirector encargado de Inspección y Vigilancia, le pide que, en los dos días hábiles a la notificación (el documento fue firmado el viernes, 12 de diciembre), “fije, adopte y deje documentado un Plan de Reducción y Contención del Gasto de Funcionamiento, con vigencia inmediata, orientado a garantizar que los recursos de Fondos Generales se destinen prioritariamente al cumplimiento de las funciones misionales de docencia, investigación y extensión, conforme a los principios de eficiencia, austeridad y sostenibilidad financiera”.
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Ese plan debe contemplar varias medidas que son de carácter obligatorio. Entre ellas, el rector debe suspender de manera inmediata la suscripción de “nuevos acuerdos, convenios o contratos —incluidos contratos de prestación de servicios, apoyo administrativo o esquemas de tercerización— que no tengan relación directa, necesaria y demostrable con la prestación del servicio público de educación superior".
Así mismo, el plan debe imponer restricciones al “reconocimiento y pago de viáticos, gastos de representación, publicidad onerosa, eventos protocolarios y demás erogaciones discrecionales”, a excepción de las que sean dispensables, según la misión de la universidad.
También debe tener una revisión integral de los contratos que están vigentes y hacen parte del “apoyo administrativo tercerizado”. La idea es que se ajusten, se reduzcan o se terminen, según las necesidades institucionales y la sostenibilidad financiera.
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De igual forma, aquel plan que el Ministerio de Educación le está pidiendo a la UdeA, debe contemplar una abstención de autorizaciones y pagos a “terceros, personas naturales o jurídicas, que no guarden relación directa con las actividades y funciones que la Universidad debe cumplir como institución de educación superior”.
“La formulación y presentación de una estrategia de seguimiento y monitoreo del cumplimiento del Plan de Reducción y Contención del Gasto, en la cual se definan claramente los objetivos, indicadores de gestión y de resultado”, es otra de las peticiones que le hace el Mineducación a Arboleda.
Un plan de “saneamiento financiero”
La otra orden que le da el Mineducación al rector de la U. de Antioquia tiene que ver con la presentación de un “Plan Integral de Saneamiento Financiero, orientado a corregir el déficit estructural y el déficit de caja identificados”. También debe ser presentado en dos días hábiles.
Ese documento debe incluir varias acciones. Entre ellas están las siguientes, tal y como se lee en la carta enviada por el subdirector (e) de Inspección y Vigilancia del Mineducación:
- Un diagnóstico financiero actualizado, con cifras consolidadas, coherentes y verificables.
- Estrategias concretas de reducción del déficit, con cronograma definido, responsables claramente identificados e indicadores verificables de seguimiento.
- Medidas de recuperación de liquidez que no comprometan recursos con destinación específica ni afecten la continuidad y calidad del servicio educativo.
- Un análisis de sostenibilidad financiera a corto, mediano y largo plazo.
La otra orden que le da el Mineduación a la UdeA es hacer una “revisión integral del modelo de tercerización administrativa, en particular de los contratos suscritos con la Corporación Interuniversitaria de Servicios (CIS) y de los contratos de mandato celebrados con la Fundación Universidad de Antioquia”.
El objetivo de ello es, entre otras cosas, identificar “presuntos esquemas de nómina paralela” financiados con recursos de funcionamiento.
Además, el Mineducación “exhorta al rector Arboleda (...) para que adopte las acciones necesarias y suficientes que permitan asegurar que el presupuesto correspondiente a la vigencia 2026 se formule, consolide y someta a consideración de los órganos competentes bajo criterios estrictos de sostenibilidad fiscal y priorización de las funciones misionales, evitando la presentación de proyectos presupuestales que no cuenten con respaldo técnico adecuado”.
Para ello, le manifiestan a Arboleda que él debe asegurarse de que los techos presupuestales asignados a “las unidades académicas y administrativas respondan a necesidades reales” y estén debidamente justificados. También le piden que exista “coherencia, trazabilidad y consistencia técnica entre la planeación interna de las unidades académicas y administrativas”, y que el presupuesto cuente con soportes técnicos, financieros y jurídicos suficientes.
Tal y como se lee en el documento, el Ministerio de Educación le envía ese tipo de órdenes al rector de la Universidad de Antioquia, “en atención a la presunta situación de gravedad de carácter administrativo, financiero y de gobernanza que se habría venido evidenciando en la UdeA.
A lo que se refiere, anota, es a “un eventual déficit estructural y de caja, el posible crecimiento no controlado del gasto de funcionamiento, la presunta tercerización de funciones administrativas financiada con recursos de los Fondos Generales, la posible falta de claridad en la gestión de recursos públicos ejecutados a través de terceros, así como la eventual obstrucción reiterada a la labor de inspección y vigilancia”.
Este es el documento completo con las órdenes que le envió el Ministerio de Educación al rector de la UdeA:
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