¿Fuerza pública en universidades? Estas son las reacciones al anuncio de De la Espriella

“La autonomía universitaria no es una patente de impunidad, voy a ir por ustedes, incluso entrando a las universidades para sacarlos y hacerlos pagar”, agregó el jefe de Estado. Tras sus declaraciones, las reacciones no se han hecho esperar. Hay quienes las respaldan, como la representante a la Cámara, Carol Borda, de Salvación Nacional. “Como egresada de universidad pública como lo es la Universidad Nacional de Colombia, donde fui testigo de la impunidad frente a los capuchos/delincuentes al interior de la universidad, respaldo totalmente esta iniciativa del presidente”, publicó en su cuenta de X. 

La excandidata presidencial, Vicky Dávila, también se pronunció. Afirmó que “les llegó la hora a los bandidos infiltrados en las universidades”, que “no podrán seguirse escondiendo dentro de los planteles” y resaltó que la policía será responsable de garantizar el orden público. Por su parte, la exsenadora por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal, aseveró que la autonomía universitaria fue un invento de los comunistas “para colonizar y llenar las aulas de guerrilla, prostitución y jíbaros vendiendo droga”, y apoyó el ingreso de la fuerza pública a las instituciones. 

Sin embargo, el anuncio de De la Espriella también ha generado polémica. Una de las primeras en cuestionar la decisión fue Isabel Vera, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, quien subrayó que cuando la fuerza pública ha entrado a la Universidad del Valle, ha habido estudiantes heridos o, incluso, muertos.

En ello concuerda la Universidad Pedagógica Nacional, la cual, a través de un comunicado, reiteró que historia de Colombia ya ha demostrado las graves consecuencias que ha tenido responder a dinámicas conflictivas en las universidades mediante estrategias de militarización y represión. De acuerdo con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, entre 1962 y 2011, un periodo marcado por la violencia estatal, el paramilitarismo y acciones de otros grupos armados, se documentaron 588 crímenes contra integrantes de comunidades universitarias.

«Estudiantes, docentes, egresados(as) y trabajadores(as) fueron víctimas de asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias, amenazas y procesos de estigmatización que han dejado profundas afectaciones en la vida académica y democrática del país», advirtió la U. Pedagógica. Es por ello que, para la institución, cualquier intervención que limite la
autonomía universitaria o acciones de la fuerza pública desproporcionales va en contra de derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, la libertad de expresión, la protesta pacífica, la libertad de asociación y el derecho a la educación, protegidos por la Carta Magna e instrumentos internacionales de derechos humanos.

Además, el rector de la Universidad del Valle, Guillermo Murillo, dijo en entrevista con Blu Radio que, en realidad, los episodios violentos no ocurren al interior de la institución, sino que se dan a sus alrededores y en espacios externos. También afirmó que, contrario a como se ha señalado, en los laboratorios de la Univalle no se preparan explosivos. En los casos en que se han presentado hechos violentos, apuntó Murillo, se ha tratado de actores que no hacen parte de la institución. “No es justo que una comunidad tan grande se vea afectada por unas cuantas personas”. 

Al respecto, Óscar Domínguez González, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun), afirmó que el debate sobre cómo atender las violencias en las universidades públicas no es nuevo. «Está demostrado a través de la historia que la mayoría de los actos violentos, cuando se vulneran y se amenaza la vida de las personas en los campus, casi siempre han sido actores externos a la universidad los que los han protagonizado».

En ese sentido, Domínguez planteó que, efectivamente, desde Ascun creen que se requiere una conversación en la que la autonomía universitaria no se vulnere. Se debe mantener, dijo, el derecho a ser independientes y generar espacios de discusión con diferentes posturas. «Creo que es un buen momento para que la propuesta que ha hecho el Gobierno Nacional la tengamos todos los actores involucrados, universidades, gobierno universitario, estudiantes para que lleguemos a un acuerdo en el que cualquier persona que trasgreda esa línea roja entre el derecho a la protesta pacífica y las acciones de hecho que llevan a la violencia, sea detenida».

Por su parte, el rector de la Universidad Nacional, Ismael Peña, aseguró que, tradicionalmente, la decisión de ingresar a la fuerza pública no ha traído verdaderos resultados. La solución, a sus ojos, está en hacer labores de inteligencia para detectar a aquellas personas que no pertenecen a las universidades públicas e intentan “utilizarlas como campo de batalla”. 

Desde la Unal, apuntó, buscan llevar control de quién entra, a través de filtros en sus entradas, con el fin de evitar desmanes. Peña subrayó que la fiscalía y la policía tienen la potestad para entrar a las campus en los casos en que se comete un crimen en sus instalaciones. De hecho, así lo hicieron hace unas semanas, cuando un joven fue golpeado brutalmente, víctima de un presunto intento de homicidio. Por el momento, el rector de la U. Nacional, aseguró que está dispuesto a sentarse con el equipo de De la Esperiella, con el fin de apoyar el diseño del protocolo anunciado.

Peña recordó que el artículo 69 de la Constitución Política garantiza la autonomía universitaria y que las instituciones “podrán darse sus propias directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley”. Del mismo modo lo reiteró Laura Espinosa Macías, exdirectora Estrategia Nacional de Paz e Incidencia, quien añadió que la Ley 30 y la jurisprudencia protegen la autonomía universitaria. Macías argumentó que De la Espriella no puede desmontar ese principio, criminalizar la protesta por decreto ni volver los campus universitarios en territorios de excepción.

Tambien hay quienes temen, como Ana Erazo, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, que el protocolo anunciado por el presidente resulte en una retaliación contra el movimiento estudiantil y su capacidad de organizarse. 

“Un Presidente diciéndole “voy por ustedes” a quienes se encuentran dentro de las universidades públicas debería encender todas las alarmas democráticas”, opinó una usuaria en redes sociales. “No se puede utilizar la lucha contra el vandalismo como excusa para estigmatizar a los estudiantes, intimidar a los jóvenes o convertir las universidades públicas en escenarios de intervención policial”.

Hasta ahora, no se conocen mayores detalles del protocolo nacional que busca establecer De la Espriella. El Ministerio de Justicia, no obstante, publicó un comunicado en el que afirma que, aunque la autonomía universitaria es una garantía constitucional, eso «no significa que las universidades estén por fuera de la Constitución, de la ley o de las competencias legítimas de las autoridades». Es por ello que la cartera sostiene que, cuando se presenten hechos concretos de violencia, flagrancia, peligro para la vida o la integridad de las personas, daños graves a bienes, las autoridades pueden «ejercer las facultades que el ordenamiento jurídico les reconoce».

Por ello, frente a manifestaciones pacíficas deben privilegiarse el diálogo, la mediación y las herramientas institucionales previstas para garantizar el ejercicio de los derechos.

Sin embargo, cuando se presenten hechos concretos de violencia, flagrancia, peligro para la vida o la integridad de las personas, daños graves a bienes o cualquier otra circunstancia expresamente prevista en la ley, las autoridades pueden ejercer las facultades que la ley les reconoce. «En estos casos, la autonomía universitaria no puede convertirse en una barrera que impida al Estado cumplir sus deberes constitucionales de protección, seguridad y preservación del orden público», se lee en el comunicado.

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