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Una de las apuestas clave del Gobierno de Gustavo Petro en educación está atravesando su último desafío y, quizás, el más tensionante. Al proyecto de ley estatutaria, que busca garantizar la educación como un derecho fundamental en todos sus niveles, le resta un debate en la plenaria del Senado para que se convierta en ley. En esta última etapa, el Gobierno enfrenta un reto inesperado: convencer a integrantes de su propia bancada y aliados de que el articulado merece luz verde.
No todos lo creen así. Fecode, el principal sindicato de maestros del país, convocó a una movilización nacional y una “gran toma” de Bogotá con el objetivo de obligar al Gobierno a retirar el proyecto, que fue aprobado la semana pasada en la Comisión I del Senado con una votación arrolladora: 19 votos a favor y ninguno en contra. ¿La clave del éxito? Acordar con la oposición una serie de enmiendas al texto original.
Según dicen desde Fecode, esas enmiendas no fueron consultadas con ellos. De hecho, señalan que el Ministerio de Educación “hizo caso omiso a varias proposiciones que de manera oportuna radicamos en el desarrollo de los debates, con el propósito de ser discutidas e incorporadas”. El texto que salió de la Comisión I, en resumen, no refleja los acuerdos a los que el sindicato llegó con el Gobierno.
Antes de explicar los principales puntos que a los ojos de Fecode son problemáticos, es esencial entender cuál fue el acuerdo al que llegó el Ministerio de Educación y los ponentes de la ley estatutaria con la oposición. A diferencia de lo que sucedió con otras reformas, como la de salud, los partidos de oposición no presentaron ponencias de archivo o negativas para hundir el proyecto.
En contraste, la estrategia consistió en proponer dos ponencias positivas alternativas a la del Gobierno, una de ellas liderada por el senador David Luna, de Cambio Radical, y otra por Paloma Valencia, del Centro Democrático. Tras varios debates y horas de discusión, explica en esta nota la senadora Valencia, “el Gobierno entendió que su ponencia iba a perder y finalmente decidió concertar”.
Entre los puntos en los que cedió el Gobierno está uno relacionado con la educación terciaria; otro que se centra en la definición del sistema educativo, en la cual se apostó por uno mixto, público y privado; y la autonomía universitaria. En cuanto a los artículos innegociables para el Gobierno, se incluyen el de establecer a la educación como un derecho fundamental, rechazando la idea de la oposición que planteaba una definición como “derecho humano y esencial”. También se mantuvo intacto el inciso de reconocimiento de la diversidad sexual.
Las peticiones de Fecode
El acuerdo que logró desenredar la discusión en la Comisión I ha despertado amores y odios. Para personas como José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA y exministro de Hacienda, fue un “gran acierto del Gobierno” al mostrar que es posible consensuar una gran reforma. Para otros actores del sistema, sin embargo, los puntos en los que el Gobierno cedió “desvirtúan el reconocimiento del derecho fundamental a la educación”, como lo ha dicho Fecode.
Uno de estos puntos, que para el sindicato representan un problema, está relacionado con la evaluación a los docentes. En el documento aprobado en tercer debate, el Gobierno establece que la evaluación docente que defina el Estado será obligatoria “(…) Los resultados que obtengan los estudiantes en las pruebas de Estado servirán como criterio de evaluación de los docentes”, estipula el texto. Este inciso, critica Fecode, estaría subordinando la evaluación docente a unos resultados que, dicen, no dependen exclusivamente de la práctica pedagógica.
La evaluación docente es un tema que frecuentemente genera debate. Para el rector de la Universidad Pedagógica, Helberth Choachí, su abordaje debe ir más allá de lo que él califica como “afanes cuantificadores y clasificatorios con una mirada contabilizadora”. En su opinión, estos datos estadísticos son lejanos de los contextos de los estudiantes y de las necesidades pedagógicas que se han identificado en los diversos colegios.
Restrepo, sin embargo, defiende que la evaluación docente es un camino de construcción que permite establecer unos mecanismos sólidos para conocer cómo se está desempeñando la labor del profesor. “Teniendo esto mapeado, podemos garantizarle a los niños de futuras generaciones que la educación que reciban será de calidad”, precisa.
Otro de los puntos problemáticos del texto para Fecode es la definición del sistema de educación como uno mixto, público y privado, pues, dice Martha Alfonso, ejecutiva del sindicato, “los derechos fundamentales los debe garantizar el Estado. Hemos sido muy claros en que el dinero público debe ser usado para lo público, que es básicamente en lo que se basa nuestra lucha”. Esta definición, cree el sindicato, busca “abrirle la puerta a que el Estado financie la educación privada”.
Una idea similar comparten desde la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (ACEU). Sara Klinger, secretaria general, asegura que este sistema mixto “atentaría” contra la prioridad de la inversión estatal, pues podría “desviar los recursos públicos hacía los sectores privados que ofrecen la educación como servicio, comprometiendo gravemente los principios de equidad y acceso universal”. Los cuales, dice, estaban planteados en el documento inicial.
También ha generado inquietudes dentro del sindicato todo lo relacionado con la educación terciaria, la cual, explicaba en esta nota Andrés Mora, director del Centro de Pensamiento en Políticas Públicas de Educación Superior de la Universidad Nacional, consiste en la educación “posterior a la secundaria, en la cual se incluyen distintas vías de formación, llevando la posibilidad de incluir educación no formal y educación para el trabajo”. Este nivel terciario le permite a los estudiantes certificarse en ciclos cortos de formación, que no son un pregrado.
El problema con este punto, según algunos expertos en educación, es que los sistemas de educación terciarios tienen como finalidad ajustar el sistema educativo a las necesidades del mercado laboral y el mercado productivo, lo que, piensa Mora, podría hacer que las universidades pierdan protagonismo como instituciones que ofrecen educación. La preocupación desde Fecode, explica Alfonso, es que “en la ley la educación terciaria no puede aparecer como si fuera igual la educación superior”, pues esta última requiere de títulos habilitantes profesionales.
La educación terciaria no es vista con malos ojos por todos los expertos. Restrepo, rector de la EIA, por su parte, se cuestiona la forma en la que, dice, han estigmatizado la educación para el trabajo y desarrollo humano, pues considera que en la actualidad este tipo de educación se vuelve relevante “para que las empresas puedan tener profesionales que tengan una educación que garantice ese concepto de educación para toda la vida”. No incluirla, advierte, estaría desvirtuando todo el modelo de educación posmedia, que se ha encargado de responder a las dinámicas de la productividad.
Los otros puntos que no convencen del todo a Fecode son el de resaltar el enfoque basado en competencias sin que, de acuerdo con el sindicato, se abra la posibilidad de una discusión a una reforma curricular. Para el sindicato, además, se restringe el acceso a la educación superior de las amplias poblaciones con más dificultades, “al imponer como criterio la meritocracia”; y se niega el carácter obligatorio de los grados de transición, jardín y prejardín en las instituciones educativas públicas.
Mientras no se logre un consenso sobre estos puntos, dice Alfonso de Fecode, el sindicato promete “dar una pelea fuerte para tumbar la enmienda a la ley estatutaria de educación”. Este paro también es apoyado por ACEU, pues como explica Klinger, secretaria general del sindicato, se movilizarán para “defender la educación como asunto público de todos”.
Ahora, el Gobierno tendrá una ardua labor: desarrollar varias mesas de negociación con Fecode, la oposición e integrantes de su bancada para escuchar las diversas proposiciones para modificar algunos de los artículos acordados. El reto será hacerlo sin sacrificar completamente el acuerdo con la oposición que otras voces en el sistema celebraron como un paso correcto.
Todo esto en un tiempo corto: la principal apuesta es debatir la norma en su último debate el 17 de junio y, según uno de los senadores ponentes, el objetivo es privilegiar el texto aprobado en la Comisión Primera para que no se hunda.
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